El Congreso del Estado exhortó a los ayuntamientos a coordinarse con el Ejecutivo estatal a realizar todas las acciones necesarias para reubicar a las ladrilleras de las ciudades principales del estado, de modo que queden instaladas al menos a un kilómetro de distancia de zonas habitacionales.
El llamado incluye a la Secretaría de Hacienda, así como a las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología, de Desarrollo Humano y Bien Común, y de Salud, para que, en conjunto con los municipios, diseñen e implementen un esquema integral de estímulos económicos, acompañamiento técnico y capacitación.
La intención es facilitar la reubicación y reconversión productiva de aquellas ladrilleras que actualmente operan fuera de la normatividad vigente, sin afectar el sustento de las familias que dependen de esta actividad.
Durante la presentación del punto de acuerdo en tribuna, la diputada Jael Argüelles Díaz (Morena) señaló que la propuesta busca equilibrar la actividad económica de quienes se dedican a la producción de ladrillo con la necesidad de garantizar un entorno saludable.
“Se trata de conciliar la realidad de las familias chihuahuenses que se dedican a esta labor con un entorno sustentable, reconociendo su importancia económica y social, pero estableciendo condiciones que permitan su desarrollo sin afectar de manera desproporcionada a terceros”, expresó.
La legisladora advirtió que la calidad del aire en el estado, particularmente en Ciudad Juárez, representa uno de los principales retos en materia ambiental y de salud pública. Entre los factores que inciden en esta problemática, mencionó las emisiones provenientes de ladrilleras tradicionales que, en muchos casos, operan sin controles ambientales adecuados ni criterios de ubicación territorial.
Argüelles Díaz afirmó que esta situación ha derivado en afectaciones directas a la salud de habitantes que viven cerca de estos centros de producción. “Hemos constatado, en recorridos en sitio, síntomas de afecciones respiratorias, en la piel y en los ojos, tanto en niñas, niños y adolescentes como en personas adultas, además de la presencia constante de contaminantes en viviendas y espacios públicos”, señaló.
El Congreso destacó que este punto de acuerdo surge a partir de las demandas y la participación de la ciudadanía organizada, que ha insistido en la necesidad de atender los impactos ambientales y sanitarios asociados a esta actividad.
