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feminicidio

En seguimiento al proceso en contra de Gustavo Alonso C.C., por su probable participación en el delito de feminicidio agravado cometido en perjuicio de Lizbeth Lucero Leticia Z.U., agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia formularon imputación en su contra.

Durante la audiencia inicial, esta representación social expuso los antecedentes de investigación, los cuales establecen que el imputado privó de la vida de la víctima en hechos ocurridos el 20 de mayo del 2025 en una vivienda de la colonia Infonavit Mineros, en la ciudad de Parral.

El imputado de 39 años. De edad, fue detenido mediante una orden de aprehensión en el estado de Sinaloa, autoridades que colaboraron para su detención en la comunidad de Mochicahui, municipio de El Fuerte.

Una vez trasladado a la ciudad de Parral fue llevado a audiencia inicial, donde el juez conocedor de la causa penal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, cuya situación jurídica se resolverá el próximo viernes 6 de junio.

De forma pública, la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), exigió el esclarecimiento de los feminicidios de las profesoras Lizbeth Lucero Leticia Zapién Urbina, formadora de generaciones de docentes en la Escuela Normal Experimental de Hidalgo del Parral, así como de Isabel Nieto Romero, educadora de preescolar en Ciudad Juárez.

“Ambas fueron víctimas de una violencia atroz que nos arrebata no solo a mujeres valientes y comprometidas con la educación, sino también a madres, hijas, amigas y pilares de sus comunidades”, menciona un mensaje difundido en sus redes sociales.

A través del escrito, exige firme y respetuosamente a las autoridades judiciales del Estado de Chihuahua el esclarecimiento inmediato de estos crímenes y la aplicación de todo el peso de la ley contra los responsables.

“No aceptamos la impunidad ni la dilación, cada día que pasa sin justicia es una herida abierta para el magisterio y para una sociedad que exige vivir sin miedo”, expone.

Añade que la violencia feminicida no distingue profesión ni trayectoria y que los actos violentos han tocado de cerca al magisterio.

“Nos han arrebatado a dos compañeras y nos obliga a levantar la voz, no se trata solo de castigar a los culpables, se trata de reconstruir un sistema de justicia que garantice la vida y la integridad de todas las mujeres”, expresa el comunicado.

Nieto Romero era una profesora juarense de 30 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 19 de mayo y su cadáver fue encontrado el 25 del mismo mes en una estación de ferrocarril abandonada que se ubica en el bulevar Oscar Flores Sánchez y Santos Dumont, del fraccionamiento Villa Colonial.

Los estudios periciales que se practicaron a su cuerpo indican que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de orificios respiratorios o sofocación.

Esta mañana, personal de diversos planteles de preescolar realizaron una protesta para exigir el esclarecimiento del caso, los docentes portaron cartulinas con exigencias de justicia para su compañera.

La actividad tuvo una duración de 15 minutos, para luego continuar con la reunión de Consejo Académico, programada cada viernes último de mes, por lo que en las escuelas no había alumnos dado que es día inhábil para el estudiantado.

Zapién Urbina, de 46 años, fue asesinada el pasado 20 de mayo y la necropsia determinó que murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, pero también presentó una herida punzocortante debajo del mentón, surco equimótico en el cuello y lesiones severas en la cabeza.

La víctima fue encontrada en su domicilio, cuando sus familiares fueron a buscarla después que sus compañeros les reportaron su inasistencia, al llegar localizaron el cuerpo en la sala.

En este caso se cuenta con la identidad del presunto responsable, Gustavo Alonso Ch. Ch., quien se encuentra prófugo y, según datos extraoficiales, era su pareja sentimental y director de la escuela Dr. Luis Estavillo Muñoz, del municipio de Jiménez.

Al rendir su declaración ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Norma Andrade recordó a su hija Lilia Alejandra como una joven de carácter fuerte que soñaba con ser periodista.

Soñaba, hasta antes de que la secuestraran, torturaran, abusaran sexualmente de ella y, finalmente, la privaran de la vida en febrero del año 2001, cuando tenía apenas 17 años.

“¿Quién era Ale, como le decíamos de cariño?”, preguntó Norma Andrade, ante los miembros de la Corte IDH, la representación del Estado Mexicano y de las organizaciones que la asesoraban en torno a la demanda de justicia para su hija.

“Era una joven alegre de 17 años, de carácter fuerte, inteligente, decidida a lograr sus objetivos”, respondió a su propia pregunta.

Además de esos sueños, escribía poesía, le gustaban el canto, el ajedrez y la oratoria.

“Siempre con una sonrisa en la cara, porque ella decía que si le regalaba una sonrisa a una persona por muy enojada que esta persona estuviera, le devolvía la sonrisa”, dijo Norma Andrade, girando su mirada hacia el techo.

Mencionó que su hija fue madre de dos hijos cuando era muy joven, pero  dijo “yo me hago responsable de mi bebé”, y su padre la apoyó.

Al momento de su asesinato, Alejandra trabajaba en una maquila para sacar adelante a sus dos hijos: Jade, de un año 8 meses, y José Caleb de 5 meses de nacido.

Para ese entonces, estudiaba la preparatoria y a la vez trabajaba en la maquiladora, mientras recibía el apoyo de sus padres al absorber los gastos de sus dos hijos.

El plan era que ingresara a la universidad y pudiera cumplir sus sueños.

“Esa era Alejandro”, cerró Norma Andrade.

Dos agentes para atender cientos de denuncias por desaparición

Norma Andrade mencionó que su hija Alejandra salió de su casa el 14 de febrero del 2001 a las 6 de la mañana, como todos los días, para ir a trabajar.

Por lo regular, estaba de regreso a las 8 de la noche, ya que cubría una jornada de 12 horas. Pero aquel 14 de febrero, no llegó.

“A las 8 de la noche yo me voy a la parada a esperar que ya que llegara porque ya se me hacía mucho. Estuve hasta las 10 de la noche. Ale no llegó”, narró Norma.

“Me devuelvo a casa para hablar por teléfono a la maquila, para ver si se había quedado a trabajar tiempo extra como en algunas ocasiones. Me dijeron que no. Que Ale había salido con todos sus compañeros a la misma hora a las 7 de la noche. Para esa hora yo ya estaba enojada, la verdad. Porque ya eran las 10 de la noche y ella no llegaba. Entonces, como era 14 de febrero y en México se celebra el Día del Amor y la Amistad, por eso estaba enojada”, explicó.

Después de confirmar con los compañeros de trabajo de Alejandra si ella había salido del trabajo a su hora habitual, se fue en la mañana del día 15 de febrero a la entonces llamada Procuraduría General de Justicia del Estado a poner la denuncia de desaparición.

“El agente que me atiende me dice ‘señora, han pasado muy poquitas horas. Hay que esperar entre 48 y 72 horas para que se le pueda considerar desaparecida; vaya a búsquela con el papá de sus hijos”, detalló.

Luego, siguió un peregrinar en las comandancias de Policía, en los hospitales, en las delegaciones, con sus amistades sin encontrar ningún resultado.

Contó que, al otro día, cuando interpuso la denuncia en la PGJE, el agente que la atendió le dijo “ay, señora, ¿para qué se hace tonta, si su hija se fue porque ya no la aguantaba? La tenía aquí en un puño, por eso se fue. ¿Ya la buscó con el papá de sus hijos?”.

Ahí, le dijeron que había dos agentes para atender más de 2 mil reportes de desaparición. “Entonces que ellos no la iban a buscar. Como finalmente sucedió”, recordó.

La familia, los amigos y compañeros de Ale imprimieron volantes con su foto y el letrero ‘Se busca’, pero no obtuvieron resultados.

Finalmente, el día 20 de febrero del 2001 en un noticiero de las 6 de la mañana de Ciudad Juárez, habló la señora Marta Barragán muy enojada diciendo que un día antes, el 19 de febrero por la noche, había hablado a la Policía en más de tres ocasiones porque desde la cochera de su casa estaba viendo cómo unos sujetos golpeaban a una jovencita que a lo lejos se veía que estaba semidesnuda.

La Policía llegó dos horas después de que hiciera la llamada.

“A ver si no la encuentran asesinada”, les dijo. Y así fue, el día 21 de febrero, encontraron su cuerpo a unos 500 metros de donde la habían visto por última vez, cuando la estaban golpeando.

La necropsia de ley arrojó que Alejandra tenía entre 24 y 36 horas de haber sido asesinada y que murió de asfixia por estrangulamiento y tortura sexual.

Este 26 de marzo, cuando habían transcurrido 24 años y meses, la Corte IDH sentenció al Estado Mexicano por toda la cadena de irregularidades, omisiones, malos tratos a las víctimas colaterales y ausencia de políticas públicas para atacar la violencia de género en contra de las mujeres.

El Estado Mexicano reconoció su responsabilidad en el caso del feminicidio en perjuicio de la menor Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en el año 2001 en Ciudad Juárez.

En sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del Gobierno Federal admitieron, de forma parcial, la responsabilidad que ha tenido el Estado nacional en toda la cadena de errores y omisiones cometidos en la búsqueda de la víctima y la investigación de su asesinato.

Ante el pleno de la CIDH, Jennifer Feller, directora general de derechos humanos y democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el Estado compareció ante la Corte para reconocer una responsabilidad parcial respecto al caso.

En este sentido, Cristina Blanco, coordinadora de la sección de casos de CIDH, dijo el caso García Andrade muestra las carencias en los mecanismos de justicia para dar respuesta a las denuncias de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

Por lo anterior, decidió responsabilizar a las autoridades mexicanas por ausencia de medidas para garantizar la protección en este contexto.

La madre de la víctima, Norma Andrade, presente en la sesión, habló sin uso de micrófono para exponer que las omisiones del Estado derivaron de manera directa en la muerte de su hija, quien contaba con 17 años al momento de su deceso.

“Mi hija no fue un número. Fue una joven con sueños, con hijos… y el Estado la dejó morir”, declaró frente a los jueces.

En febrero de 2001, Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, salió de casa y nunca regresó. Su cuerpo apareció días después entre basura en Ciudad Juárez, marcado por la violencia. Las autoridades le dijeron a Norma que “esperara 72 horas” para buscar a su hija, pese a que testigos vieron cómo era golpeada y arrastrada a un auto.

Entre las fallas enumeradas por representantes de organizaciones civiles y de la familia García Andrade, destacan los hechos de que hubo 9 fiscales encargados del caso y ninguno logró resolverlo.

Además, el ADN de un funcionario público fue ignorado y se intentó fabricar a un culpable.

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