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Este martes 22 de julio se inició el proceso penal en contra de Jacinto H. G., acusado de fraude agravado por un monto superior a los 46 millones de pesos, en perjuicio de la empresa para la cual trabajaba como administrador general.

Según informó la Fiscalía General del Estado (FGE), el imputado ocupaba el cargo de administrador tanto en Conectores y Mangueras Hidráulicas como en Distribuidor de Mangueras del Norte. En ese doble rol, habría realizado operaciones simuladas de venta de materiales y de dos vehículos utilitarios, con el fin de desviar recursos a beneficio personal y de una empresa relacionada.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, perteneciente a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, presentó ante el Juez de Control las pruebas documentales que sustentan la acusación, lo que permitió obtener el auto de vinculación a proceso.

La FGE detalló que los hechos ocurrieron entre agosto de 2021 y julio de 2023, periodo durante el cual el imputado habría manipulado movimientos administrativos y simulaciones de venta por un monto total de 46 millones 43 mil 332 pesos, en perjuicio de la persona moral afectada.

El Juez del Distrito Judicial Morelos determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal. Como medidas cautelares, se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del imputado y de ambas empresas, así como su obligación de acudir a todas las audiencias judiciales, aunque podrá enfrentar el juicio en libertad.

Guadalupe y Calvo se derrumba. El municipio enclavado en la sierra de Chihuahua vive bajo asedio del crimen organizado: asesinatos, desplazamientos forzados y pueblos vacíos dan cuenta del colapso de la vida comunitaria. El Estado, mientras tanto, reacciona tarde y mal.

Este martes 22 de julio, la gobernadora María Eugenia Campos encabezó una mesa de seguridad en la cabecera municipal. Junto a ella estuvieron el fiscal César Jáuregui Moreno, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, mandos militares y de la Guardia Nacional.

Las cifras oficiales retratan la emergencia: desde 2021, al menos 210 homicidios relacionados con la disputa entre el Cártel de Sinaloa (Los Salgueiro) y La Línea, brazo armado del extinto Cártel de Juárez. Solo en 2024 se han registrado 151 asesinatos, un aumento del 20 por ciento respecto al año anterior.

Entre el plomo y el miedo

Los enfrentamientos se han vuelto cotidianos. Cuerpos colgados con narcomensajes, ataques con drones explosivos y emboscadas al Ejército —como la ocurrida en diciembre en la comunidad de El Pinito— son parte de la rutina del terror.

“Ya no se puede vivir ahí. O te vas, o te matan”, declaró un desplazado que dejó Dolores, una de las comunidades ahora vacías. También han sido abandonadas San Jerónimo, La Sierrita, Crucecitas y San Ignacio de los Sotelo.

Según medios regionales y organizaciones civiles, más de 500 personas han huido desde 2023; la mitad son menores de edad. Se refugian en Parral, Guachochi, la ciudad de Chihuahua o incluso en otros estados como Sinaloa y Sonora. Nadie los escolta. Nadie los acompaña. Nadie los protege.

Abandono institucional, fe silenciada

Sin luz, sin policías, sin señal de celular, la vida en Guadalupe y Calvo se reduce al encierro. El miedo es el único servicio constante. La autoridad municipal está rebasada o simplemente ausente.

“No hay nadie que ayude”, contó otro desplazado a medios locales.

La Iglesia también ha tenido que replegarse. En Dolores, el sacerdote Lorenzo Antonio Medina fue herido en un ataque. Desde entonces, se suspendieron misas y actividades religiosas en varias comunidades.

“El miedo nos dejó sin clases, sin celebraciones, sin confianza”, reportó un medio local desde la zona.

Autoridades niegan el colapso

A pesar del panorama, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, insistió en que el Estado no está rebasado. Aseguró que los homicidios han bajado 46 % respecto a la administración anterior y afirmó que “continuamos con números a la baja”.

Este martes, tras la reunión, las autoridades prometieron reforzar la presencia militar y de la Guardia Nacional, y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Pero mientras los funcionarios emiten comunicados, en el municipio reina el vacío.

Más de 150 hombres armados tomaron recientemente la cabecera municipal. Nadie los detuvo. Nadie respondió a tiempo.

Guadalupe y Calvo colapsa. La violencia avanza. El Estado, otra vez, llega después.

Datos clave:

210 asesinatos (2021-2024)

Disputa entre Cártel de Sinaloa (Los Salgueiro) y La Línea

151 homicidios en 2024

+ 20 % respecto al año anterior

+500 desplazados desde 2023

La mitad son niños y niñas

Comunidades abandonadas: Dolores, San Jerónimo, La Sierrita, Crucecitas, San Ignacio de los Sotelo

Hechos recientes

Emboscada al Ejército en El Pinito

Drones con explosivos

Sacerdote herido, misas suspendidas

150 sicarios tomaron la cabecera municipal en julio

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de la imputada Maram Celina M. P., por el delito de administración fraudulenta, cometido al patrimonio de su abuelita.

A través de un comunicado, se dio a conocer que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, establecen que la imputada se valió del vínculo familiar para adquirir una casa con el dinero de la afectada, además de realizar varios movimientos en su cuenta bancaria, que le causaron un daño patrimonial por la cantidad de 2 millones 269 mil pesos.

De acuerdo a las indagatorias ministeriales, en el periodo comprendido de año 2014 al 2016, la imputada administraba las cuentas de su abuela de entonces 104 años de edad, y que durante ese periodo abusó de su confianza al ser su principal red de apoyo, aprovechándose de la condición de adulto mayor, refiere el reporte.

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad investigadora presentó pruebas documentales que acreditan la probable responsabilidad de la imputada, logrando que el Juez de Control, resolviera vincularla a proceso, se informó.

CIUDAD JUÁREZ, Chih. – Con 150 años de cárcel fue sentenciado Juan Manuel R. I., alias “El Papi”, luego de que le fuera comprobado delito de secuestro en contra de personas en movilidad, por quienes exigía a sus familiares la cantidad de 30 mil dólares como rescate para liberarlas.

La sentencia se logró luego de una intensa investigación en la que se obtuvieron diversas pruebas para demostrar que “El Papi”, cometió el delito, trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE).

Por medio de un comunicado se informó que las investigaciones ministeriales demostraron en el mes de mayo de 2023, Juan Manuel R. I., participó en el secuestro de tres personas en situación de movilidad, por quienes exigía a familiares un pago de 30 mil dólares como rescate.

El ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en los términos de la flagrancia, justo cuando se encontraba custodiando a las víctimas, mismas que fueron rescatadas con vida, se indicó.

El Tribunal Oral determinó que, al tratarse de un delito de alto impacto, Juan Manuel R.I., era merecedor de una condena ejemplar, alcanzando los 150 años efectivos de prisión, además de condenarlo a pagar una multa por la cantidad de 800 mil pesos, más el pago de la reparación del daño moral a las víctimas por la afectación psicológica causada, añade el reporte oficial.

Se destacó que, de enero a mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional, han logrado desarticular 13 bandas de secuestradores, con 60 personas detenidas que enfrentan un proceso penal.

De igual manera, la FGE cuenta con cuatro carpetas con sentencia condenatoria de nueve personas, además, en este mismo periodo se han atendido a 87 víctimas u ofendidos, a través de las instancias correspondientes, añade el comunicado.