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La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Mauricio A. T., Juan Francisco P. B. y Juan Daniel P. L., consistente en 87 años con 6 meses de prisión, para cada uno, así como al pago de un millón 208 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Los sentenciados fueron encontrados penalmente responsables por el delito de secuestro con penalidad agravada, por un Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Morelos.

Los hechos por los que fueron juzgados tuvieron lugar en diciembre de 2021, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, cuando privaron de la libertad a la víctima manteniéndola en cautiverio durante siete días, y realizaron exigencias económicas a sus familiares.

Se demostró que la familia logró juntar y pagar el rescate de aproximadamente 1 millón de pesos en moneda nacional, sin embargo, los secuestradores ultimaron a la víctima estrangulándola y enterrándola en el patio de una vivienda propiedad de uno de los sentenciados.

Cabe señalar que los sentenciados conocían a la víctima de hace tiempo atrás, lo que fue utilizado para cometer el delito.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que fueron 11 los cuerpos sin vida encontrados esta mañana en Ojinaga, dos de ellos decapitados y algunos torturados.

Indicó que dichos asesinados resultan de la violencia registrada en los últimos días en dicha zona compuesta también por Coyame y Manuel Benavides, entre grupos del crimen organizado que disputan el control del territorio.

Informó que, en las afueras de Ojinaga, atrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, se reportó el hallazgo de los 11 cuerpos, con un narcomensaje firmado por el grupo denominado “La Línea”.

Se hacía alusión a quienes supuestamente habrían traicionado a ese grupo.

Hacían referencia al personaje identificado como “El 04”.

Jáuregui señaló que seguramente dichos homicidios se hicieron en otro lugar alejado del centro de población.

Anotó que ya se trabaja en la identificación de los cadáveres.

Por otra parte, comentó que las zonas habitacionales referidas están protegidas por elementos de seguridad de los niveles de gobierno estatal y federal.

Agregó que la violencia generada en Villa Coronado, es muy probable que tenga relación con lo de Ojinaga, pero necesitan confirmarlo mediante la investigación.

Anotó que la disputa de los grupos es por el control de la zona fronteriza donde hay tráfico de migrantes y drogas.

Acerca de los hombres que transitaron en Coronado con máscara de payasos, afirmó que era para ocultar rostros y solamente atacaron un vehículo donde presumiblemente viajaba el “halcón ” del grupo contrario.

Un total de 11 cuerpos sin vida fueron encontrados a espaldas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del municipio de Ojinaga, informó el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Dos de los cuerpos están decapitados y junto a las víctimas se encontraron mensajes presuntamente firmados por el grupo delictivo “La Línea”.

El hallazgo se localizó en la calle séptima y Justo Sierra en un lote baldío donde autoridades municipales y estatales hicieron presencia.

Trascendió que los narcomensajes hacían alusión a una persona que los había traicionado, advirtiendo que lo mismo les pasó a las víctimas les pasará a los traidores.

Jáuregui Moreno consideró que se trata de hechos relacionados con la violencia de días pasados, cuando se registraron enfrentamientos armados en Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides.

Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para su plena identificación.

En busca de garantizar el acceso a la justicia para la población más vulnerable, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de un año y ocho meses de internamiento, en contra del adolescente iniciales J.A.H.H., de 15 años de edad, por el delito de violación con penalidad agravada.

De acuerdo con la investigación ministerial expuesta por la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, entre julio y agosto de 2023, en el municipio de Guachochi, el hoy sentenciado agredió sexualmente a una menor de cinco años de edad.

Ante la carga probatoria vertida por la representación social, el acusado solicitó la terminación anticipada del proceso penal seguido en su contra, a través de un procedimiento especial abreviado, en el que aceptó su responsabilidad en los cargos que se le imputaron.

Por lo anterior, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, le dictó la referida penalidad de internamiento en un Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERSAI).