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La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, dio a conocer que obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de la imputada Laura Rocío S. C., por el delito de extorsión agravada.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que en la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público acreditó con base en los antecedentes de investigación recabados, así como los razonamientos lógico jurídicos, la probable responsabilidad de la imputada.

De acuerdo con las investigaciones ministerial, desde finales de mayo del 2025, la imputada cobraba una cuota semanal de 500 pesos a un grupo de más de 100 conductores dedicados al traslado de personas de Chihuahua a Juárez y viceversa, a cambio de un gafete que “los identificaba para dejarlos trabajar libremente”, refiere el reporte.

Así mismo, a través de mensajes amenazantes mediante un grupo de WhatsApp, la imputada actuando en conjunto con un diverso “administrador”, quien se auto identificaba como integrante del grupo delictivo “La Empresa”, exigían al cúmulo de conductores que reportaran toda presencia policial en el tramo carretero Chihuahua-Juárez a cambio de no causarles daño, añade el informe de la Fiscalía.

En seguimiento a las indagatorias, agentes del Ministerio Publico y Agentes de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, cumplimentaron una orden de cateo el pasado miércoles 18 de diciembre, en el domicilio de la imputada, ubicado en la colonia Praderas del Sur de esta Ciudad de Chihuahua, se indicó.

En dicho domicilio fueron localizados distintos indicios relacionados con los hechos materia de investigación, por lo que al concluir la diligencia, al encontrarse presente la imputada, se le notifico la existencia de una orden de aprehensión en su contra, puntualiza el comunicado.

La Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, informó que obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de tres presuntos responsables de secuestro agravado en perjuicio de dos víctimas de origen hondureño, a quienes mantuvieron privados de la libertad durante 12 días para obtener un lucro.

Por estos hechos registrados en la ciudad de Chihuahua, fueron detenidos Óscar Amador A. H., Bryan Jairel T. N. y Jazmín Iveth J. P., a quienes les cumplimentaron órdenes de aprehensión obsequiadas por un juez de Control que revisó los antecedentes derivados de las acciones de inteligencia e investigación para el esclarecimiento de los hechos.

La detención se realizó el pasado 13 de diciembre y posteriormente, se les llevó a la Audiencia de Formulación, en donde el juez conocedor de la causa, del Distrito Judicial Morelos, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, se indicó.

Fue en la continuación de la audiencia, el día 18 de diciembre del presente año, cuando el juez dictó el auto de vinculación a proceso en contra de los tres imputados.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la FEOE, los presuntos responsables, en compañía de otros sujetos, privaron de la libertad a las víctimas con identidad reservada, de origen hondureño, con el propósito de obtener un beneficio económico.

Mantuvieron a sus víctimas retenidas contra su voluntad, teniéndolos en cautiverio 12 días aproximadamente, mientras que exigían cantidades en dólares a sus familiares a cambio de su libertad y bajo amenaza de hacerles daño si el pago no se realizaba, según refiere el reporte oficial.

El 9 de diciembre las víctimas lograron escapar y pidieron la ayuda de las autoridades.

El juez de control determinó otorgar cuatro meses para las investigaciones complementarias y debido a que las víctimas son personas en movilidad, es decir, migrantes, en la audiencia de vinculación se llevó a cabo la prueba anticipada (mecanismo excepcional para desahogo de medios probatorios ante el riesgo fundado para las víctimas), se informó.

Este domingo 14 de diciembre, en punto de las 9:00 de la mañana, se reanudó en los juzgados del penal federal del Altiplano la audiencia de imputación contra el exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 73 millones 925 mil pesos. La jueza federal María Jazmín Ambriz López deberá resolver si lo vincula o no a proceso.

Sin embargo, el punto central del debate no fue únicamente la naturaleza del presunto desvío de recursos, sino la advertencia de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a que Duarte representa un riesgo real de fuga.

Durante la audiencia inicial celebrada ayer, la FGR solicitó imponer prisión preventiva, argumentando que el exmandatario mantiene una red de apoyo creada durante su gobierno con la capacidad económica y operativa suficiente para facilitarle protección, movilidad y ocultamiento.

La jueza Ambriz López recogió ese señalamiento y lo expresó con claridad en la sala al considerar que esa estructura podría permitirle evadir la acción de la justicia.

“Esta innegable red, creada por el justiciable durante sus años como gobernador, tiene la posibilidad, la capacidad y el alcance necesario para proveerlo de ayuda económica y personal para poder huir y permanecer oculto, siendo un elevadísimo riesgo de sustracción a la acción de la justicia”, señaló.

Mientras tanto, la defensa —integrada por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz— sostiene que no existen elementos suficientes para la acusación por lavado de dinero y que el proceso tiene motivaciones políticas.

Asegura además que la Fiscalía está retomando los mismos hechos por los que Duarte ya es procesado en Chihuahua, relacionados con 96 millones de pesos, monto por el que —afirman— fue absuelto en sede administrativa.

La FGR, por su parte, sostiene que estos hechos responden a un esquema distinto de ocultamiento de recursos mediante movimientos en el Sistema Financiero Mexicano, delito por el cual se obtuvo autorización del Gobierno de Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, permitiendo procesarlo por cargos adicionales a los que motivaron su extradición.

La resolución de la jueza será clave: si considera acreditada la existencia y vigencia de la red de apoyo descrita por la Fiscalía, Duarte podría permanecer bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso federal; si concluye que no está justificado el riesgo, el exgobernador podría enfrentar las siguientes etapas del caso en libertad.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito de la Zona Centro, en la ciudad de Delicias, detuvieron a un masculino que se identificó como Omar Alejandro C. P., de 34 años de edad, en posesión de diversos documentos apócrifos, algunos de los cuales simulaban billetes de moneda nacional y oficios de dependencias oficiales.

Por medio de un comunicado de prensa, se informó que el operativo se desarrolló el pasado lunes 8 de diciembre, en un domicilio de la colonia Tierra y Libertad, de esa ciudad, en respuesta a una llamada anónima que reportaba la presencia de hombres encapuchados y armados.

Sin embargo, al hacer la revisión del lugar, únicamente se encontró a la mencionada persona y los documentos apócrifos, por lo que tras la respectiva lectura de sus derechos, se le notificó su detención, añade el reporte.

En la acción policial, también fueron asegurados equipos de cómputo y tinta para impresoras.

Tanto Omar Alejandro C. P., como los objetos fueron asegurados, para que esta representación social lleve a cabo las indagatorias ministeriales correspondientes, se indicó.