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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Alejandro Gertz Manero haya presentado su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que versiones extraoficiales circularan con fuerza desde la noche anterior y generaran especulación pública sobre un posible relevo en el organismo.

De acuerdo con declaraciones difundidas por SDP Noticias, Sheinbaum afirmó que no ha recibido ninguna carta formal de separación del cargo, y aseguró que el fiscal no le ha manifestado intención alguna de dejar la Fiscalía. No obstante, confirmó que en días pasados recibió un documento proveniente del Senado, el cual es analizado por su equipo jurídico, aunque aclaró que no puede confirmar que esté relacionado con una renuncia.

La discusión sobre la permanencia de Gertz se intensificó luego de que el Senado de la República convocó a sesión plenaria este jueves 27 de noviembre, en un llamado catalogado como extraordinario dentro del periodo legislativo y que coincide con el momento en que surgieron versiones de una posible salida del fiscal.

La reunión ocurre mientras la Presidencia mantiene bajo revisión el documento recibido por la Cámara Alta, lo que ha provocado expectativa política y mediática ante la posibilidad de que la Fiscalía atraviese un proceso de sucesión.

Hasta ahora, sin embargo, no existe orden del día público que incluya explícitamente la remoción o renuncia del titular de la FGR, por lo que el alcance real de la sesión permanece en el terreno de la especulación.

Sheinbaum sostuvo que Gertz Manero ha tenido un desempeño correcto al frente de la institución y destacó la coordinación mantenida en temas de seguridad. Sin embargo, reconoció como tarea pendiente mejorar los vínculos entre la Fiscalía federal y las fiscalías estatales para fortalecer la persecución del delito en todo el país.

Aunque la presidencia niega la salida del fiscal, nombres de posibles relevos ya circulan en la conversación política, entre ellos el de Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México, y el exministro Arturo Zaldívar, ambos perfiles con historial cercano al actual gobierno.

El nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), volvió a colocarse en el centro del debate nacional luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reactivara la hipótesis del “segundo tirador” en el asesinato del priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

Sánchez Ortega, originario de Sinaloa, ingresó al CISEN en 1993 y fue asignado a labores de inteligencia en Baja California, justamente en los meses previos al magnicidio. Su presencia en Tijuana durante los actos de campaña de Colosio nunca ha estado en duda: formaba parte del aparato civil de espionaje del Estado mexicano.

Fue detenido en 1994 para ser interrogado, luego de que agentes hallaran una chamarra con manchas de sangre y de que la prueba de rodizonato —empleada para detectar rastros de disparo— arrojara un resultado positivo. Pese a esos indicios, el entonces agente fue liberado casi de inmediato con el argumento de que no había elementos suficientes para procesarlo.

Durante décadas, su expediente se mantuvo en un nivel casi anecdótico dentro del cúmulo de irregularidades que rodearon la investigación original.

Sin embargo, las cartas y declaraciones de Mario Aburto Martínez —condenado como asesino solitario— insistían desde 1994 en la existencia de otro hombre armado detrás de él, señalando directamente a Sánchez Ortega. Afirmaciones que fueron descartadas o minimizadas por las autoridades de la época.

Treinta y un años después, la FGR retomó esa línea. El pasado 15 de noviembre, un juez de control dictó auto de formal prisión contra Sánchez Ortega, abriendo un nuevo capítulo en un caso que durante décadas se dio por resuelto.

La Fiscalía sostiene que hubo encubrimiento, fallas deliberadas en la integración del expediente original y omisiones que permitieron que un agente de inteligencia presuntamente involucrado quedara en libertad sin una investigación exhaustiva.

La FGR no ha detallado todavía la participación específica que atribuye al exagente, pero sostiene que existen elementos suficientes para reexaminar su cercanía con la escena del crimen, su asignación oficial en la cobertura del mitin y la evidencia técnica que en su momento se desestimó.

A más de tres décadas del asesinato que cambió la historia política del país, el perfil de Jorge Antonio Sánchez Ortega vuelve a ser pieza central.

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua autorizó el traslado del exgobernador César Duarte Jáquez a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en una diligencia programada para el viernes 14 de noviembre.

En audiencia celebrada este martes 11 de noviembre en la sala 28, la defensa del exmandatario pidió la modificación de la medida cautelar para viajar a la ciudad de México para realizar el trámite antes mencionado y, para ese efecto, pidió que se le retirara el brazalete de seguridad que porta desde que se le permitió continuar su medida cautelar en libertad, en junio del 2024. Sin embargo, el juez de la causa se negó a acceder a esa petición.

Lo que sí le concedieron es que los custodios que lo acompañarán se trasladen en un vehículo aparte, ya que le resultaba molesto viajar junto con ellos en el mismo auto.

Duarte Jáquez, quien está actualmente sujeto a proceso por delitos de peculado y asociación delictuosa, viajará desde el jueves 13 y regresará el sábado 15 de noviembre, siempre con brazalete electrónico y bajo custodia de agentes de la Fiscalía estatal.

El traslado se autorizó a solicitud de la defensa de Duarte, quien permanece vinculado a proceso desde 2022. La audiencia ante la FGR estaría relacionada con una revisión de carpetas de investigación vinculadas al rancho “El Saucito”, una de las propiedades aseguradas como parte de los bienes presuntamente adquiridos con recursos del erario.

Cabe mencionar que Duarte Jáquez no estuvo presente en la audiencia, sino únicamente su representación legal, la cual difundió el dato de que su defendido acude de manera voluntaria a la capital del país para revisar expedientes y atender gestiones jurídicas, y no por una orden de traslado dictada por la FGR.

El Gobierno estatal informó previamente que el desplazamiento se enmarca en el cumplimiento del oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, aunque sin precisar los detalles de la diligencia ni el carácter procesal del exmandatario durante su estancia en la Ciudad de México.

César Duarte Jáquez fue extraditado de Estados Unidos en junio de 2022 y enfrenta acusaciones por el desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal, presuntamente canalizados a través de un esquema de triangulación con empresarios y funcionarios de su administración.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presumió un alto índice de efectividad en sus acciones realizadas durante octubre de 2025 en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con su informe mensual, en ese periodo 85 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal y se iniciaron 175 carpetas de investigación, de las cuales 50 fueron con detenido y 125 sin detenido. Además, 76 carpetas fueron judicializadas, 39 con detenido y 37 sin detenido.

En los procesos penales, 107 personas fueron vinculadas a proceso dentro de 71 carpetas y 135 sentenciadas en 85 expedientes, de los cuales 83 se resolvieron mediante procedimiento abreviado y dos por juicio oral.

Según la dependencia federal, estas cifras representan un 99 por ciento de efectividad en sentencias y 96 por ciento en audiencias de vinculación a proceso.

Armas, drogas y cateos

Durante octubre, derivado de acciones coordinadas con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, la FGR reportó el aseguramiento de 38 armas cortas, 51 armas largas, siete mil 803 cartuchos y 214 cargadores.

En materia de narcóticos, se decomisaron 16 kilos 990 gramos de mariguana, ocho kilos 808 gramos de metanfetamina, siete kilos 905 gramos de cocaína, 54 mil 667 pastillas de fentanilo y un kilo 989 gramos de heroína.

La institución informó además que personal de la Policía Federal Ministerial, en conjunto con la Fecor, cumplimentó 317 mandamientos ministeriales, 34 órdenes de aprehensión y dos cateos, dejando los objetos asegurados a disposición del Ministerio Público Federal.

Como parte de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la FGR celebró dos acuerdos reparatorios que permitieron recuperar 77 mil 618 pesos en beneficio de víctimas.

Por otra parte, la Ventanilla Única de Atención brindó servicio a dos mil 374 ciudadanos que acudieron a las oficinas federales en Chihuahua y sus subsedes para realizar trámites o solicitar orientación.