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La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo resguardo en la Ciudad de México los presuntos restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, luego del enfrentamiento con fuerzas federales registrado en el estado de Jalisco.

De acuerdo con información publicada por La Jornada, el cuerpo fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se realizan diligencias periciales y la necropsia de ley para confirmar plenamente su identidad.

El traslado y la custodia se realizan bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con participación de fuerzas federales, ante el riesgo de reacciones por parte de integrantes del crimen organizado.

Las autoridades no han informado aún cuándo se darán a conocer los resultados oficiales de los estudios forenses ni si habrá un comunicado adicional sobre el procedimiento.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de cinco cuerpos de trabajadores mineros tras el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Las víctimas formaban parte del grupo de 10 trabajadores que fueron privados de la libertad a finales de enero, cuando se dirigían a su jornada laboral en una zona minera de la región.

Entre los cuerpos identificados se encuentran Antonio de la O Valdez, de 36 años, originario de Chihuahua y supervisor del área ambiental; Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, geólogo originario de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, geólogo procedente de Taxco, Guerrero; José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, ingeniero industrial, también originario de Zacatecas; y José Antonio Jiménez Nevárez, vinculado a labores operativas dentro de la actividad minera.

Autoridades federales mantienen los trabajos periciales y de investigación para lograr la identificación del resto de los cuerpos localizados en el mismo sitio y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El hallazgo forma parte de las investigaciones federales relacionadas con la desaparición del grupo de trabajadores, caso que ha generado consternación entre familiares, comunidades mineras y sectores vinculados a la actividad extractiva.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de blindaje en la avenida Universidad, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), tras el traslado de cuatro personas detenidas el pasado fin de semana en el municipio de Guachochi, consideradas de alto riesgo por las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información oficial, los detenidos estarían vinculados con la célula criminal conocida como Los Salazar, identificada como un brazo operativo del Cártel de Sinaloa con presencia en la región serrana del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el traslado se realizó mediante un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional. El convoy partió desde la ciudad de Hidalgo del Parral con destino a las instalaciones de la FGR en la capital del estado.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Luis F. Ch., Marcos A. M., Saúl Iván A. y Jesús Abraham C. S. Su traslado motivó el despliegue de un operativo especial en el que participaron 30 elementos del Grupo Especial de Detectives y 27 agentes de la Fuerza Especial SWAT, ambos adscritos a la Subsecretaría de Estado Mayor, así como 11 elementos de la Guardia Nacional y 12 efectivos del Ejército Mexicano.

El dispositivo de seguridad contó además con el apoyo permanente del helicóptero de la Policía del Estado, lo que permitió ampliar la cobertura aérea de vigilancia durante todo el trayecto. El despliegue se complementó con la participación de 17 unidades terrestres, entre ellas vehículos blindados utilizados para el traslado de los detenidos.

A su arribo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, se estableció un cerco de seguridad perimetral con el objetivo de garantizar el resguardo de los detenidos y salvaguardar las instalaciones federales ante posibles amenazas o intentos de rescate.

El blindaje fue activado debido a la peligrosidad de los capturados, a quienes se les aseguró un arsenal de alto poder que incluía un fusil Barrett calibre .50, granadas, explosivos y más de un millón de pesos en efectivo. Fuentes de seguridad señalaron que este aseguramiento confirma el nivel operativo y la capacidad de fuego de esta estructura criminal.

Durante el traslado y la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal, se desplegaron unidades blindadas tipo Rhino, elementos de fuerzas especiales de la SSPE y vigilancia aérea mediante el helicóptero Águila.

La movilización provocó el cierre parcial de la avenida Universidad, generando expectación entre automovilistas y peatones en una de las vialidades con mayor afluencia vehicular y de transporte público de la capital.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició un nuevo frente judicial contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al impulsar una nueva acusación por el delito de peculado.

La nueva imputación forma parte de una estrategia legal para procesarlo por presuntos desvíos de recursos públicos cometidos durante su administración estatal, en paralelo a la sentencia que actualmente cumple por lavado de dinero y asociación delictuosa.

El movimiento judicial se da en un contexto en el que el exmandatario podría aspirar a beneficios de preliberación en los próximos años, por lo que la apertura de nuevos procesos permitiría a la Fiscalía mantener medidas cautelares para evitar su liberación.

Javier Duarte actualmente cumple una condena de nueve años de prisión derivada de su proceso federal, la cual podría concluir en 2026; sin embargo, la nueva acusación por peculado podría prolongar su permanencia en reclusión si el caso avanza en tribunales.

El caso Duarte sigue siendo uno de los expedientes de corrupción política más emblemáticos del país, ligado a esquemas de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma y operaciones financieras irregulares durante su administración en Veracruz.