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El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, aseguró que la labor de identificación forense de los 386 cuerpos hallados en el crematorio Plenitud se realiza con total profesionalismo, y destacó que los familiares de las víctimas ya tienen mayor confianza en el trabajo de la Fiscalía.

“Ellos tenían una idea distinta del trabajo que se venía realizando, que no tenían información, pero que ahora confían en que estamos en buenas manos”, declaró el fiscal este miércoles, al referirse al encuentro entre Javier Sánchez, director de Servicios Periciales, y un grupo de personas afectadas por el caso.

Jáuregui sostuvo que los peritos y médicos forenses están realizando un trabajo “muy importante” en la identificación de los restos humanos que fueron encontrados en condiciones de abandono el pasado mes de junio en el inmueble funerario ubicado en el suroriente de Juárez.

Aunque evitó dar una cifra precisa sobre cuántos cuerpos ya han sido identificados, adelantó que la Fiscalía prepara una actualización que se dará a conocer este viernes, con datos detallados sobre el avance del proceso.

Descarta crisis generalizada en funerarias

Cuestionado sobre si la intervención realizada la semana pasada en la funeraria La Cruz, donde se detectó un traslado irregular de un cadáver, abrirá la puerta a nuevos operativos en otros negocios del sector, el fiscal fue claro:

“En realidad, ahí fue un evento muy concreto. No tenemos en Chihuahua un problema con las funerarias”, expresó.

Detalló que en ese caso, el cuerpo de una persona fallecida no fue canalizado al Servicio Médico Forense (Semefo) como marca el protocolo, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y en la aplicación de la “corrección debida”.

El funcionario insistió en que, más allá del escándalo generado por el caso Plenitud, no se ha identificado una crisis sistemática en el manejo de cadáveres o negligencias generalizadas en el sector funerario del estado.

El caso Plenitud, sin embargo, puso en entredicho la supervisión sanitaria y forense de estos servicios, al evidenciar el almacenamiento de cientos de cuerpos sin incinerar, algunos desde hace años, y en condiciones que violan la Ley Estatal de Salud.

Desde el hallazgo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) ha realizado 63 inspecciones en funerarias de Juárez y 25 de Chihuahua, según información proporcionada por la dependencia vía solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Actualmente, existen iniciativas de legisladores en el Congreso del Estado en las que se proponen reformas para establecer revisiones periódicas obligatorias y sanciones más severas en casos de trato indigno a restos humanos.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, se manifestó en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa en todos los casos y, en cambio, propuso mantenerla para que cada juez valore su aplicación según la peligrosidad de la persona sujeta a proceso.

La discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva se originó por los múltiples abusos documentados en todo el país y por el uso político que se le dio a esta medida, explicó el fiscal de Chihuahua. Sin embargo, agregó que, por “sentido común”, existen ciertos delitos en los que sería extremadamente grave que no se aplicara la prisión preventiva oficiosa.

Jáuregui indicó que en casos como el homicidio o la violación, si se permitiera a los acusados llevar su proceso en libertad, la mayoría probablemente evadiría la acción de la justicia. Además, sugirió que la decisión sobre esta medida debe tomarse con extrema cautela para no poner en riesgo el proceso judicial ni a personas involucradas en los casos.

Como ejemplo, mencionó que, estando en libertad, el imputado podría intimidar a los testigos o incluso fugarse para evitar el proceso en su contra.

Recordó que, anteriormente, esta figura no estaba a discusión, ya que la posibilidad de llevar el proceso en libertad dependía del “promedio aritmético” de la pena correspondiente al delito señalado. Si la sentencia probable tenía una pena promedio de cinco años, el imputado no podía obtener libertad bajo fianza, como entonces se denominaba la medida cautelar en libertad.

“En mi opinión, se cometieron muchos abusos… Esto llevó a que organismos internacionales, grupos de derechos humanos y la opinión pública cuestionaran su constitucionalidad”, expresó Jáuregui. En este sentido, sugirió que sería mejor dejar la decisión en manos del juez, para que, en función de la peligrosidad del inculpado, determine si corresponde otorgar libertad bajo caución o aplicar la prisión preventiva.

¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que implica la detención de una persona sin derecho a libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo su proceso judicial. En México, esta medida se aplica automáticamente (de oficio) en ciertas categorías de delitos graves, sin que el juez necesite justificar su imposición, a diferencia de otras medidas cautelares.

Esta figura es controversial: si bien busca evitar que el acusado eluda la justicia o ponga en riesgo a la sociedad, también limita el principio de presunción de inocencia.

En la legislación mexicana, la prisión preventiva oficiosa está establecida en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo especifica que la medida se aplicará de manera automática en casos como:

Homicidio doloso
Violación
Secuestro
Delitos cometidos con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército
Delincuencia organizada
Corrupción relacionada con enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos
Y otros delitos graves añadidos en reformas posteriores

La prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de debate por considerarse una posible violación de derechos humanos, ya que implica encarcelamiento sin una sentencia previa, y ha recibido críticas tanto a nivel nacional como internacional.

La gobernadora Maru Campos, junto con autoridades de los distintos órdenes de Gobierno, revisó los avances de operativos y trabajos de investigación que se desarrollan en los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, durante la sesión de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Previo a la reunión, el fiscal general del Estado, César Jáuregui, reiteró que las fuerzas de seguridad mantienen presencia con labores de vigilancia constante, misma que permanecerá durante el tiempo que sea necesario.

Los titulares de las corporaciones presentes, coincidieron en que lo más importante es garantizar que en esos municipios y en el resto del estado, los chihuahuenses desarrollen sus actividades de manera normal, tal como sucede en estos momentos.

Entre las acciones que fueron dadas a conocer en el marco de esta sesión, fue presentado un grupo de presuntos homicidas, que habrían participado en diversos hechos delictivos en Ciudad Juárez, cuya detención corrió a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Sofía R. A., la adolescente y estudiante del Colegio de Bachilleres 19, quien fue localizada esta mañana, luego de ser reportada como desaparecida y el pasado 3 de septiembre, envió su ubicación a través de su teléfono celular, lo que permitió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lograr su aseguramiento y la captura de su presunto raptor.

En conferencia de prensa ofrecida este mediodía, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, dijo que se detuvo in fraganti a la persona mayor de edad que se encontraba con ella y que supuestamente era el padre de un joven con el que Sofía mantenía una relación.

Al adulto detenido le habrán de ejecutar la orden de aprehensión correspondiente, por secuestro, añadió.

“Yo no sé qué relación hubo con el detenido, pero el detenido está total y absolutamente vinculado con su desaparición”, dijo el fiscal.

“No puedes tú disponer de una menor de edad y saber que la están buscando y tú escondiéndola, añadió.

El supuesto raptor ha sido identificado de manera extraoficial como Jesús Carlos R. A., de 46 años de edad, es un exconvicto del Cereso Estatal No.3, quien aparentemente habría estado hostigando a la menor meses atrás, haciéndose pasar por un estudiante a través de una identidad falsa.

Jáuregui Moreno, explicó que, por el mes de mayo, la familia de Sofía había presentado una denuncia por acoso, por algo que le descubrieron en el teléfono.

El fiscal dijo que se ha tenido una racha de cuatro o cinco casos de este tipo en los que, por fortuna han concluido con la seguridad de las jovencitas.

“Pero algo se tiene que hacer, porque en ninguno de los casos y hablo de varios, el de Cuauhtémoc, donde tenía 12 años la muchacha, este, el (otro) donde yo andaba yendo allá a Palacio informándole a la señora, ninguno fue sin el consentimiento tácito de las muchachas”, comentó.

La familia de Sofía sospechaba que el hoy detenido, la habría vuelto a contactar y la pudo haber engañado para raptarla. Las autoridades continúan la investigación.