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En el marco del Día Nacional del Agente del Ministerio Público, el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, reconoció la alta carga de trabajo que enfrentan los agentes del Ministerio Público en diversas áreas de la Fiscalía, especialmente en aquellas relacionadas con delitos patrimoniales.

Aunque destacó que Chihuahua se encuentra entre los estados con menor carga promedio por agente —según datos recientes del Inegi—, el fiscal subrayó que ello no significa que las condiciones sean óptimas, pues existen zonas donde el número de casos rebasa por mucho la capacidad operativa.

“El hablar de que tenemos los ministerios públicos con menos carga del país refleja una preocupación que se traduce en presupuestos que nos permiten tener agentes menos saturados.

Pero aún así tenemos una carga de trabajo inmensa, sobre todo en delitos patrimoniales, donde hay agentes con 500 o 600 expedientes abiertos”, explicó Jáuregui.

El titular de la FGE aclaró que no todas las áreas presentan el mismo nivel de saturación, ya que el grado de complejidad y el tipo de delito influyen en la cantidad de casos que cada agente puede atender.

“No es lo mismo investigar un robo a casa habitación que un homicidio. Las cargas son distintas, pero el compromiso institucional es el mismo”, puntualizó.

Jáuregui Moreno aseguró que la Fiscalía trabaja de manera permanente en mejorar las condiciones laborales y profesionales del personal ministerial, mediante programas de capacitación continua y actualización jurídica impartidos por el Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la dependencia.

“Estamos constantemente trabajando en el mejoramiento de las condiciones de nuestros ministerios públicos, actualizándolos en diversos temas y generando las mejores condiciones de desempeño”, añadió.

Finalmente, el fiscal expresó su reconocimiento al personal ministerial por su compromiso con la procuración de justicia, e informó que la FGE difundirá un video institucional con motivo de la conmemoración, en el que transmitirá un mensaje de felicitación a las y los agentes del Ministerio Público.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAECH), Abelardo Valenzuela Holguín, llamó en el Senado de la República a construir una agenda legislativa común que permita enfrentar la corrupción como un problema “estructural, nacional e internacional”.

Ante senadores y funcionarios federales, el fiscal de Chihuahua advirtió sobre los rezagos que persisten en México en materia de autonomía de fiscalías y marcos legales.

Durante un encuentro legislativo convocado por el senador Francisco Daniel Barreda Pavón (Movimiento Ciudadano), presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, el funcionario chihuahuense planteó la necesidad de organizar un foro nacional que reúna a las y los fiscales anticorrupción de los estados, especialistas y representantes de la sociedad civil, con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas.

Valenzuela advirtió que la corrupción “no solo debilita a las instituciones, sino que hiere de muerte la confianza ciudadana, obstaculiza el desarrollo y perpetúa la desigualdad”.

En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de consolidar un sistema nacional anticorrupción “sólido, autónomo y eficaz, que no dependa de voluntades particulares, sino de instituciones firmes y permanentes”.

La propuesta, que ya había sido presentada en la Cámara de Diputados el pasado 2 de julio, incluye dotar de mayor autonomía a las fiscalías anticorrupción del país, homologar los delitos relacionados con hechos de corrupción y ampliar sus facultades en materia de delitos financieros y extinción de dominio.

“Es indispensable articular la coordinación legislativa entre el Congreso de la Unión y los congresos estatales para impulsar reformas estructurales y dar seguimiento puntual al funcionamiento del sistema anticorrupción”, señaló el fiscal.

En el encuentro también participaron el presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción y fiscal de Guanajuato, Marco Antonio Medina Torres; el secretario técnico de la CONAFA y director de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Diego Alejandro Cárdenas Luján; así como el senador Barreda Pavón, quien refrendó su respaldo a la iniciativa.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, aseguró que la labor de identificación forense de los 386 cuerpos hallados en el crematorio Plenitud se realiza con total profesionalismo, y destacó que los familiares de las víctimas ya tienen mayor confianza en el trabajo de la Fiscalía.

“Ellos tenían una idea distinta del trabajo que se venía realizando, que no tenían información, pero que ahora confían en que estamos en buenas manos”, declaró el fiscal este miércoles, al referirse al encuentro entre Javier Sánchez, director de Servicios Periciales, y un grupo de personas afectadas por el caso.

Jáuregui sostuvo que los peritos y médicos forenses están realizando un trabajo “muy importante” en la identificación de los restos humanos que fueron encontrados en condiciones de abandono el pasado mes de junio en el inmueble funerario ubicado en el suroriente de Juárez.

Aunque evitó dar una cifra precisa sobre cuántos cuerpos ya han sido identificados, adelantó que la Fiscalía prepara una actualización que se dará a conocer este viernes, con datos detallados sobre el avance del proceso.

Descarta crisis generalizada en funerarias

Cuestionado sobre si la intervención realizada la semana pasada en la funeraria La Cruz, donde se detectó un traslado irregular de un cadáver, abrirá la puerta a nuevos operativos en otros negocios del sector, el fiscal fue claro:

“En realidad, ahí fue un evento muy concreto. No tenemos en Chihuahua un problema con las funerarias”, expresó.

Detalló que en ese caso, el cuerpo de una persona fallecida no fue canalizado al Servicio Médico Forense (Semefo) como marca el protocolo, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y en la aplicación de la “corrección debida”.

El funcionario insistió en que, más allá del escándalo generado por el caso Plenitud, no se ha identificado una crisis sistemática en el manejo de cadáveres o negligencias generalizadas en el sector funerario del estado.

El caso Plenitud, sin embargo, puso en entredicho la supervisión sanitaria y forense de estos servicios, al evidenciar el almacenamiento de cientos de cuerpos sin incinerar, algunos desde hace años, y en condiciones que violan la Ley Estatal de Salud.

Desde el hallazgo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) ha realizado 63 inspecciones en funerarias de Juárez y 25 de Chihuahua, según información proporcionada por la dependencia vía solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Actualmente, existen iniciativas de legisladores en el Congreso del Estado en las que se proponen reformas para establecer revisiones periódicas obligatorias y sanciones más severas en casos de trato indigno a restos humanos.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, se manifestó en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa en todos los casos y, en cambio, propuso mantenerla para que cada juez valore su aplicación según la peligrosidad de la persona sujeta a proceso.

La discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva se originó por los múltiples abusos documentados en todo el país y por el uso político que se le dio a esta medida, explicó el fiscal de Chihuahua. Sin embargo, agregó que, por “sentido común”, existen ciertos delitos en los que sería extremadamente grave que no se aplicara la prisión preventiva oficiosa.

Jáuregui indicó que en casos como el homicidio o la violación, si se permitiera a los acusados llevar su proceso en libertad, la mayoría probablemente evadiría la acción de la justicia. Además, sugirió que la decisión sobre esta medida debe tomarse con extrema cautela para no poner en riesgo el proceso judicial ni a personas involucradas en los casos.

Como ejemplo, mencionó que, estando en libertad, el imputado podría intimidar a los testigos o incluso fugarse para evitar el proceso en su contra.

Recordó que, anteriormente, esta figura no estaba a discusión, ya que la posibilidad de llevar el proceso en libertad dependía del “promedio aritmético” de la pena correspondiente al delito señalado. Si la sentencia probable tenía una pena promedio de cinco años, el imputado no podía obtener libertad bajo fianza, como entonces se denominaba la medida cautelar en libertad.

“En mi opinión, se cometieron muchos abusos… Esto llevó a que organismos internacionales, grupos de derechos humanos y la opinión pública cuestionaran su constitucionalidad”, expresó Jáuregui. En este sentido, sugirió que sería mejor dejar la decisión en manos del juez, para que, en función de la peligrosidad del inculpado, determine si corresponde otorgar libertad bajo caución o aplicar la prisión preventiva.

¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que implica la detención de una persona sin derecho a libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo su proceso judicial. En México, esta medida se aplica automáticamente (de oficio) en ciertas categorías de delitos graves, sin que el juez necesite justificar su imposición, a diferencia de otras medidas cautelares.

Esta figura es controversial: si bien busca evitar que el acusado eluda la justicia o ponga en riesgo a la sociedad, también limita el principio de presunción de inocencia.

En la legislación mexicana, la prisión preventiva oficiosa está establecida en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo especifica que la medida se aplicará de manera automática en casos como:

Homicidio doloso
Violación
Secuestro
Delitos cometidos con armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército
Delincuencia organizada
Corrupción relacionada con enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos
Y otros delitos graves añadidos en reformas posteriores

La prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de debate por considerarse una posible violación de derechos humanos, ya que implica encarcelamiento sin una sentencia previa, y ha recibido críticas tanto a nivel nacional como internacional.