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Tras los hechos violentos ocurridos en Guachochi, donde siete personas fueron asesinadas, y en Ciudad Juárez, con al menos cinco víctimas más, el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a asumir plenamente su responsabilidad en materia de seguridad pública y a no distraerse en otras funciones o intereses políticos.

El legislador señaló que Chihuahua atraviesa una etapa crítica, con niveles de violencia que lo han colocado durante tres días consecutivos como el estado más violento del país, y que desde hace meses figura en el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, según registros federales.

“Por tercer día consecutivo estamos en el top uno, el más violento, y por meses ya en el segundo a nivel nacional. Lo hemos dicho muchas veces: hay víctimas que merecen respeto”, subrayó.

En la conferencia de prensa que ofrece los miércoles de cada semana, Estrada Sotelo dijo que, aunque reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, todos los funcionarios deben concentrarse en su labor específica y dejar de lado cualquier distracción que les impida cumplir con su deber.

“Mi postura siempre ha sido dura cuando alguien quiere hacer diferencias entre niveles de gobierno. Tenemos que ir juntos, pero eso no significa que no debamos exigir que cada quien cumpla con su función. Quien no pueda hacerlo o prefiera dedicarse a otras cosas, que deje su cargo responsablemente”, expresó.

Sin mencionar nombres, el diputado morenista criticó a servidores públicos que, dijo, “se distraen en otros asuntos” mientras el estado enfrenta situaciones graves de violencia.

Cabe mencionar que el subsecretario de Vialidad del Gobierno del Estado, César Komaba Quezada, es a la vez presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en la ciudad de Chihuahua.

“El tema de seguridad es una de las funciones más importantes del Estado y no debe haber distracciones. Las víctimas ahí están, los hechos violentos también. No se trata de politizar, pero sí de hacer un llamado al cumplimiento y a la cordura”, agregó.

Estrada Sotelo enfatizó que la responsabilidad de la crisis no recae únicamente en el gobierno estatal, sino también en los tres órdenes de gobierno, aunque reconoció que no todos los municipios cuentan con la capacidad operativa o presupuestal para contribuir de manera significativa a la estrategia de seguridad.

“Hay responsabilidad del gobierno federal, del estatal y de algunos gobiernos municipales. No digo que todos; algunos no tienen posibilidad de abonar en el tema. Pero lo cierto es que, pese a la disminución en los números generales, estamos viendo eventos trágicos que nadie puede aceptar”, afirmó.

Finalmente, insistió en que la prioridad debe ser la atención directa a la seguridad pública, sin desviaciones políticas o mediáticas.

“No generemos distracciones. Hay cosas graves ocurriendo en el estado que no permiten que los encargados de la seguridad se dediquen a otra cosa”, concluyó.

Ni Garduño, extitular del INM, ni ningún otro funcionario han sido todavía sancionados por el delito de omisión de funciones, lo cual es muy desafortunado, porque el mismo viejo sistema de justicia está hecho para protegerse entre ellos mismos, servidores y juzgadores.

Así lo expresó la diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena), presidenta de la comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso del Estado, acerca de la virtual absolución del extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

Al respecto, dijo que no debería extrañar esa resolución, ya que en casos de omisión de responsabilidad –cargo que se le imputaba a Garduño– no ha habido un solo caso en el país que haya sido sentenciado un funcionario y este detenido.

Destacó que, en el caso del INM sobre este evento sí están en proceso aún servidores que dependían del extitular Garduño.

Al entonces titular de dicha dependencia del Gobierno Federal se le inició un proceso penal por su probable responsabilidad en la tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde un incendio provocado causó la muerte de 40 migrantes que se encontraban ahí recluidos, además de 27 personas heridas.

Acerca del caso, la legisladora mencionó que todavía hay funcionarios del INM sujetos a proceso.

Sin embargo, en otro caso de omisión de responsabilidades, como fue el del motín en el Cereso Número 3 de Juárez, donde murieron 10 custodios, la autoridad que estaba a cargo no ha sido acusado ni llevado a juicio.

Al respecto, se refirió al exfiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, quien era el responsable de todos los penales de la entidad cuando sucedió esa desgracia.

Sin embargo, ni a él ni a ningún subordinado se les abrió siquiera expediente de investigación, que es eso sí no protección de los funcionarios por parte de la misma clase gobernante en Chihuahua.

“Lo que es de reconocerse por parte del INM es que sin excusas al menos a procedido a las indemnizaciones económicas de los familiares de los migrantes fallecidos en ese trágico evento”, dijo.

“En nuestro estado ni juicio por omisión a funcionarios ni pago por indemnización por daño moral a las viudas de los custodios asesinados”, agregó.

Reitero un señalamiento expresado días atrás, en el que mencionaba que área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, “bajo la complicidad de secretario Gilberto Loya Chávez”, están litigando para no pagar el daño ocasionado a las familias y la gobernadora ignorando el tema a pesar de estar al tanto y haber aceptado la recomendación de la CNDH para que indemnice a las familias.

“Las Cámaras altas del poder legislativo deben rectificar en las leyes lo relativo a este delito en contra de servidores públicos o de plano derogarlos ya que mientras siga vigente y sin cumplirse en lo jurídico, es una gran señal de la impunidad que a los mexicanos nos golpea a diario”, expresó.

 La gran Reforma al Poder Judicial aún en proceso deberá dar como resultado jueces libres para sentenciar de acuerdo a la justicia sin tener que rendir cuentas más que a los ciudadanos quienes seremos los que los pongamos como juzgadores y dejar de sentir la responsabilidad de proteger a la clase política que los eligió como aún lo estamos padeciendo.

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, la asociación civil Transparencia Mexicana, dio a conocer un estudio que revela la ínfima cantidad de sanciones que se han aplicado por actos irregulares de parte de funcionarios de gobierno.

A lo largo de siete años, y en todo el país, los tribunales administrativos han emitido apenas 488 resoluciones, a razón de 69 por año, o menos de 5 por mes.

De todos esos procedimientos, solo 281 han derivado en sanciones, lo que se traduce en un promedio de 40 sanciones por año desde que entró en vigor la Ley de Responsabilidades.

El estudio, elaborado en colaboración con la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, fue presentado este fin de semana en las oficinas de Transparencia Mexicana en la Ciudad de México, ante titulares y representantes de los órganos fiscalizadores del país.

En dicha reunión, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, afirmó que la baja obtención de sanciones condenatorias en vía administrativa es parte un reflejo de los defectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en 2017.

Dicho marco normativo ha complicado la aplicación de sanciones en una gran cantidad de casos en los que se identifican conductas deshonestas de los servidores públicos en el ejercicio del gasto público pero que no están previstas como faltas en la Ley.

Durante su participación en el citado evento, expuso que Chihuahua se encuentra dentro de los 5 órganos fiscalizadores con mejores resultados en efectividad, tomando como base las sanciones obtenidas en los tribunales administrativos.

La Auditoría Superior de la Federación y las auditorías de México, Nayarit, Zacatecas, Chihuahua y Chiapas concentran la mayor parte de las sentencias con sanción emitidas por los tribunales administrativos.

En México hay 33 órganos fiscalizadores, 32 estatales y la Auditoría Superior de la Federación, los cuales revisan año con año las cuentas públicas de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, los tres poderes y los órganos con autonomía constitucional.

El radio presupuestal que revisan asciende a los 9 billones de pesos al año, a lo que habría que agregar los recursos propios que ejercen las entidades federativas.

Otro de los aspectos abordados fueron las diversas formas de fiscalización del gasto público, pues cada estado de la República tiene plazos y formas distintas derivadas de sus propias leyes locales.

A partir de 2017, lo órganos de fiscalización fueron dotados de facultades para no solo auditar, sino también presentar denuncias administrativas ante los tribunales de justicia administrativa por faltas graves.

Antes de ese año, los resultados de auditorías a las cuentas públicas eran enviados para su atención a los órganos internos de control de cada institución auditada sin hacer distinción entre faltas graves y no graves.

El Partido Acción Nacional determinará los perfiles de funcionarios del Gabinete Estatal para seleccionar candidatos a puestos electorales, declaró la gobernadora Maru Campos Galván.

Cuestionada sobre si hay alguna definición sobre funcionarios de primer nivel que desean salir de la función pública para participar en las próximas elecciones del 2024, la gobernadora precisó que eso se está definiendo, sobre todo, en la continuidad o no de la Coordinación del Gabinete.

“Estamos terminando de definir quiénes se van a ir, dependiendo de lo que decida el partido a nivel nacional y a nivel estatal. Será el partido quien diga qué hacer y quiénes serán”, señaló la mandataria estatal. 

Maru Campos agregó que sus colaboradores “son más competitivos, pues para que se vayan a trabajar a otra trinchera, en otra causa, habla bien”.

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