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Un programa de capacitación dirigido a personas servidoras públicas, que tiene el fin de que estén preparados para presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en su modalidad de Modificación 2026, fue iniciado esta semana por personal de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Información que dio a conocer la dependencia indica que en una primera etapa se atenderá al personal de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), entre los que están jefes de sector y de enseñanza, supervisores de nivel, así como directores y subdirectores de centros educativos.

Se espera terminar con las sesiones con tiempo para que, en mayo próximo, los empleados del Gobierno del Estado cumplan con la obligación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en cada área.

A lo largo de este mes, se agrega, también se efectuarán sesiones de capacitación en otras dependencias y entidades, como la Fiscalía General del Estado, el Colegio de Bachilleres, el Instituto Chihuahuense de la Salud, entre otras.

Las reuniones son de manera presencial y el personal de la SFP recorrerá los municipios de la entidad, aunque en algunas partes el curso se impartirá a través de la modalidad virtual.

Se explica que la Declaración Patrimonial y de Intereses es una herramienta fundamental, a fin de transparentar la evolución de los bienes y responsabilidades de quienes trabajan en el servicio público, y contribuye a prevenir irregularidades y cerrar espacios a la corrupción.

La tragedia ocurrida en la tienda Waldo’s en Hermosillo, que el 1 de noviembre de 2025 cobró la vida de 24 personas, comenzó a escalar en el plano político e institucional con la detención de dos exfuncionarios de alto nivel, señalados por presuntas omisiones en materia de seguridad y protección civil.

Durante la madrugada del 24 de diciembre, autoridades estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra Juan Manuel González Alvarado, ex titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y Joaquín Rodríguez Véjar, exsecretario del Ayuntamiento de Hermosillo, como parte de la investigación penal abierta tras el siniestro.

De acuerdo con la carpeta de investigación, ambos son señalados por el delito de incumplimiento de un deber legal, derivado de presuntas fallas en la supervisión, autorización y verificación de las condiciones de seguridad del establecimiento, entre ellas la operación de infraestructura eléctrica sin los dictámenes correspondientes.

Las detenciones se realizaron horas antes de la primera audiencia programada en el caso, en la que se prevé la formulación de imputaciones y la posible vinculación a proceso de los exfuncionarios detenidos.

El incendio de Waldo’s, ubicado en el centro de Hermosillo, se convirtió en una de las tragedias más graves del año en Sonora y detonó una investigación de gran alcance que contempla al menos 25 órdenes de aprehensión contra servidores públicos y exservidores de distintos niveles de gobierno.

Las autoridades estatales han señalado que las indagatorias continúan, mientras familiares de las víctimas y organizaciones civiles mantienen la exigencia de justicia y sanciones ejemplares para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurriera la tragedia.

Tras los hechos violentos ocurridos en Guachochi, donde siete personas fueron asesinadas, y en Ciudad Juárez, con al menos cinco víctimas más, el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a asumir plenamente su responsabilidad en materia de seguridad pública y a no distraerse en otras funciones o intereses políticos.

El legislador señaló que Chihuahua atraviesa una etapa crítica, con niveles de violencia que lo han colocado durante tres días consecutivos como el estado más violento del país, y que desde hace meses figura en el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, según registros federales.

“Por tercer día consecutivo estamos en el top uno, el más violento, y por meses ya en el segundo a nivel nacional. Lo hemos dicho muchas veces: hay víctimas que merecen respeto”, subrayó.

En la conferencia de prensa que ofrece los miércoles de cada semana, Estrada Sotelo dijo que, aunque reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, todos los funcionarios deben concentrarse en su labor específica y dejar de lado cualquier distracción que les impida cumplir con su deber.

“Mi postura siempre ha sido dura cuando alguien quiere hacer diferencias entre niveles de gobierno. Tenemos que ir juntos, pero eso no significa que no debamos exigir que cada quien cumpla con su función. Quien no pueda hacerlo o prefiera dedicarse a otras cosas, que deje su cargo responsablemente”, expresó.

Sin mencionar nombres, el diputado morenista criticó a servidores públicos que, dijo, “se distraen en otros asuntos” mientras el estado enfrenta situaciones graves de violencia.

Cabe mencionar que el subsecretario de Vialidad del Gobierno del Estado, César Komaba Quezada, es a la vez presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en la ciudad de Chihuahua.

“El tema de seguridad es una de las funciones más importantes del Estado y no debe haber distracciones. Las víctimas ahí están, los hechos violentos también. No se trata de politizar, pero sí de hacer un llamado al cumplimiento y a la cordura”, agregó.

Estrada Sotelo enfatizó que la responsabilidad de la crisis no recae únicamente en el gobierno estatal, sino también en los tres órdenes de gobierno, aunque reconoció que no todos los municipios cuentan con la capacidad operativa o presupuestal para contribuir de manera significativa a la estrategia de seguridad.

“Hay responsabilidad del gobierno federal, del estatal y de algunos gobiernos municipales. No digo que todos; algunos no tienen posibilidad de abonar en el tema. Pero lo cierto es que, pese a la disminución en los números generales, estamos viendo eventos trágicos que nadie puede aceptar”, afirmó.

Finalmente, insistió en que la prioridad debe ser la atención directa a la seguridad pública, sin desviaciones políticas o mediáticas.

“No generemos distracciones. Hay cosas graves ocurriendo en el estado que no permiten que los encargados de la seguridad se dediquen a otra cosa”, concluyó.

Ni Garduño, extitular del INM, ni ningún otro funcionario han sido todavía sancionados por el delito de omisión de funciones, lo cual es muy desafortunado, porque el mismo viejo sistema de justicia está hecho para protegerse entre ellos mismos, servidores y juzgadores.

Así lo expresó la diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena), presidenta de la comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso del Estado, acerca de la virtual absolución del extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

Al respecto, dijo que no debería extrañar esa resolución, ya que en casos de omisión de responsabilidad –cargo que se le imputaba a Garduño– no ha habido un solo caso en el país que haya sido sentenciado un funcionario y este detenido.

Destacó que, en el caso del INM sobre este evento sí están en proceso aún servidores que dependían del extitular Garduño.

Al entonces titular de dicha dependencia del Gobierno Federal se le inició un proceso penal por su probable responsabilidad en la tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde un incendio provocado causó la muerte de 40 migrantes que se encontraban ahí recluidos, además de 27 personas heridas.

Acerca del caso, la legisladora mencionó que todavía hay funcionarios del INM sujetos a proceso.

Sin embargo, en otro caso de omisión de responsabilidades, como fue el del motín en el Cereso Número 3 de Juárez, donde murieron 10 custodios, la autoridad que estaba a cargo no ha sido acusado ni llevado a juicio.

Al respecto, se refirió al exfiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, quien era el responsable de todos los penales de la entidad cuando sucedió esa desgracia.

Sin embargo, ni a él ni a ningún subordinado se les abrió siquiera expediente de investigación, que es eso sí no protección de los funcionarios por parte de la misma clase gobernante en Chihuahua.

“Lo que es de reconocerse por parte del INM es que sin excusas al menos a procedido a las indemnizaciones económicas de los familiares de los migrantes fallecidos en ese trágico evento”, dijo.

“En nuestro estado ni juicio por omisión a funcionarios ni pago por indemnización por daño moral a las viudas de los custodios asesinados”, agregó.

Reitero un señalamiento expresado días atrás, en el que mencionaba que área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, “bajo la complicidad de secretario Gilberto Loya Chávez”, están litigando para no pagar el daño ocasionado a las familias y la gobernadora ignorando el tema a pesar de estar al tanto y haber aceptado la recomendación de la CNDH para que indemnice a las familias.

“Las Cámaras altas del poder legislativo deben rectificar en las leyes lo relativo a este delito en contra de servidores públicos o de plano derogarlos ya que mientras siga vigente y sin cumplirse en lo jurídico, es una gran señal de la impunidad que a los mexicanos nos golpea a diario”, expresó.

La gran Reforma al Poder Judicial aún en proceso deberá dar como resultado jueces libres para sentenciar de acuerdo a la justicia sin tener que rendir cuentas más que a los ciudadanos quienes seremos los que los pongamos como juzgadores y dejar de sentir la responsabilidad de proteger a la clase política que los eligió como aún lo estamos padeciendo.