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Familiares de 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, que el martes fueron privados de su libertad por un grupo armado en el tramo carretero Ocozocoautla de Espinosa-Tuxtla Gutiérrez, protestaron en esta ciudad para exigir su localización y aparición con vida.

Los inconformes bloquearon con piedras, palos y un vehículo, el libramiento sur, afuera de las instalaciones de la SSyPC, para exigir que sus familiares sean buscados y liberados. Antes realizaron una protesta en el exterior del Palacio de Gobierno estatal.

“Libérenlos, 16 vidas valen más que tres puestos”, dijo entre llantos Herminia Sánchez al referir la demanda del grupo armado que pide la destitución de tres funcionarios estatales a cambio de la liberación de los trabajadores.

Su cónyuge Abelino Moreno Reyes se encuentra entre los plagiados.

En entrevista, la mujer dijo que su pareja de 57 años, es jardinero; “un asalariado, alcanzamos apenas para la comida”.

En rueda de prensa ofrecida este jueves desde la Ciudad de México, autoridades federales informaron que van 5 detenidos acusados por el delito de homicidio y que se reportan 18 migrantes graves hospitalizados, quedado pendiente de ejecutar una orden de aprehensión de las 6 que han sido liberadas.

Tras rendir un informe sobre la situación que priva en torno a los 39 migrantes fallecidos y los mandatos judiciales, se dio a conocer que la investigación permanece abierta para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Además, de la empresa encargada de la seguridad en la estación provisional migratoria establecida en el puente Lerdo, donde estaban los 68 extranjeros el pasado lunes 27 de marzo, cuando ocurrió un incendio provocado.

La empresa era Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V., cuyos socios identificados son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

El encuentro con los medios de comunicación lo encabezaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; y Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Derechos Humanos.

Según se dio a conocer, la indagatoria irá a fondo, “tope donde tope”, sin descartar ni al propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, ni al delegado en Chihuahua, Salvador González Guerrero.

Respecto a los migrantes que fueron llevados a hospitales, se precisó que son 18 graves, 8 delicados y uno en calidad de estable; mientras uno más que ya fue dado de alta, es de los detenidos por presuntamente haber iniciado el incendio, el cual será juzgado en México, pese a ser extranjero.

Respecto a los otros detenidos, se informó que son los tres que eran empleados del INM, dos guardias de seguridad privada y la persona que inició el incendio.

Queda pendiente una orden de aprehensión por ejecutar, aunque también podrían liberarse otras más.

A los cinco se les realizaba este mismo jueves su audiencia de imputación y vinculación o no a proceso.

Avisaron que en los próximos días tras haberle rescindió el contrato a la empresa de seguridad, vendrán al estado de Chihuahua un total de 48 agentes de seguridad federal, para hacerse cargo de la estación migratoria de avenida Lerdo.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que se buscarán las sanciones a todos los servidores públicos relacionados a la estación referida, tras la investigación a cargo de la FGR.

“Del resultado del proceso de las investigaciones, se deslindarán responsabilidades sin importar quién sea. No habrá impunidad”, anotó.

Se decidió asimismo definir un monto para reparación de daño e indemnización a los familiares de las víctimas, el cual no ha sido precisado.

El Consejo General del INE analizará la tarde de este lunes 27 de marzo imponer una sanción al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 96 millones 916 mil 665 pesos.

La sanción se debe a las aportaciones que recibió de manera directa de parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado en la administración de César Duarte Jáquez, por una suma de 39 millones 166 mil 666 pesos.

La cantidad que el INE le retendrá al PRI nacional equivale al 25% de la ministración mensual por concepto de financiamiento público, para el sostenimiento de actividades permanentes hasta completar la cifra de 96.9 mdp.

El proyecto del Instituto Nacional Electoral (INE) señala que el PRI llevó a cabo una operación ilegal “con dolo” para evitar la fiscalización de esos recursos, toda vez que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado los entregó en efectivo.

En el resolutivo que se votará este lunes, se establece que la Secretaría de Hacienda, como órgano integrante de la administración pública estatal, era una persona impedida, por normatividad electoral, para hacer entregas de recursos a un partido político.

El PRI, a su vez, no impidió la recepción de ese dinero, añade el documento.

Dichos cheques eran cobrados en efectivo por la empresa Servicio Panamericano de Protección S. A. de C. V., quien trasladaba los recursos a la tesorería estatal y se lo entregaba al tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega, quien posteriormente hacía entrega a Pedro Mauli Romero Chávez, representante de finanzas del PRI.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, impartió el taller de sensibilización “Ponte en mis zapatos”, a titulares de la Secretaría de Salud.

El objetivo del taller fue crear conciencia en los servidores públicos para que puedan identificar los retos a los que se enfrentan cotidianamente las personas con algún tipo de discapacidad y apoyarles mediante adecuaciones en sus instalaciones y al momento de prestar sus servicios.

El secretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes, destacó que la experiencia de haber participado en este taller fue muy importante para ver lo difícil que puede ser el acceso a los edificios públicos para las personas con distintas discapacidades.

“Es muy bueno este taller, por lo que reitero la importancia de ser empáticos con este sector de la población para poder contar con espacios accesibles y de mayor inclusión, así como brindarles apoyo”, agregó.

La directora de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Raquel Jiménez Rodríguez, precisó que el taller “Ponte en mis zapatos” fue aprobado y solicitado por el Consejo para la inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, para que participen funcionarios públicos de todos los niveles.

“Con esto pretendemos que luego de su participación se puedan hacer los ajustes razonables en los edificios de la Secretaría de Salud, para garantizar una mayor inclusión y que cuenten con accesos fáciles, para quienes por alguna limitación física es complicado desplazarse en silla de ruedas o con bastón para llegar a las oficinas o incluso, entrar a los baños”, finalizó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia de Luna, enfatizó el compromiso de Gobierno del Estado con este sector social, ya que su inclusión constituye la base del progreso transformador en todos los ámbitos de la sociedad y del desarrollo de la vida pública, social, económica y cultural del estado.

En el taller también participaron la directora administrativa de Servicios de Salud, Laura Lorena Sánchez Duarte; la directora jurídica de Servicios de Salud, Hilda Vanessa Rodríguez Ordóñez; el director de Enseñanza y Calidad de Servicios de Salud, Juan Manuel Granillo Salais; el subdirector de Recursos Humanos, Juan Campos Gutiérrez y la coordinadora estatal de Enfermería de los Servicios de Salud, Ana Lorena Gutiérrez Quezada.