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La promesa de la actual alcaldesa Edith Escárcega Escontrías de remover al 90 por ciento de los funcionarios del gabinete del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes está tomando forma al ser removidos ya siete de ellos.

La Síndica Venus Olmos advirtió qué hay más funcionarios involucrados en una red de corrupción que, además de ser dados de baja, sus casos serían llevados a la Fiscalía Anticorrupción.

Hasta el momento han sido dados de baja los titulares de la Oficialía Mayor, las direcciones de Desarrollo Rural, Comunicación Social; los institutos de Mujeres y del Deporte y la Secretaría del Ayuntamiento.

Además estará actuando en contra de la Tesorería, a la que se le aplica una profunda auditoría y la titular del DIF municipal.

La detención de la alcaldesa Cynthia Marina C. D., derivó en una amplia auditoría que podría alcanzar con causas penales a otros miembros de su gabinete.

“Se está trabajando en una amplia auditoría, destacando que en el DIF hay números rojos porque se detectó que se entregaron en préstamo al equipo de béisbol Faraones 1 millón 247 mil pesos y ese dinero no fue regresado al municipio”, detalló la Síndica.

Resaltó que con todo y los quebrantos que se han detectado en el municipio se garantizará el pago de aguinaldos y otras prestaciones de este fin de año.

“La próxima semana ya estarán concretados todos los cambios del gabinete y trabajamos a marchas forzadas para acreditar todos los posibles desvíos y poder dar vista a la Fiscalía Anticorrupción”, indicó.

Ante los rumores de que funcionarios de Gobierno del Estado pretendan renunciar para buscar otro cargo político electoral, la gobernadora, Marú Campos, lanzó un “serenos morenos”.

En rueda de prensa comentó que el fin de año trae mucha grilla en las columnas de portales y periódicos “y todo no es cierto, no va a pasar nada todavía”.

Sin embargo, la mandataria estatal, reconoció que la población quiere saber con quiénes se va a contar en la próxima conformación del Senado de la República, para que los represente.

Entonces explicó, como del otro lado no se oye movimiento, seguimos el movimiento de este lado y quiere decir que la gente tiene expectativas y vamos por buen camino.

“Los secretarios tienen que seguir haciendo su chamba, ellos tienen muy claro, que mientras hagan su chamba y la hagan bien, pues los mismos militantes del partido los van a promover para que sean ellos candidatos”, añadió.

Al final de cuentas, expresó la gobernadora, “el quehacer político depende del trabajo, de darle un trato a la gente como se merece, de resultados. Ese es nuestro trabajo primero como secretarios, como funcionarios, para servir a la gente con esa vocación de servicio”.

Familiares de 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, que el martes fueron privados de su libertad por un grupo armado en el tramo carretero Ocozocoautla de Espinosa-Tuxtla Gutiérrez, protestaron en esta ciudad para exigir su localización y aparición con vida.

Los inconformes bloquearon con piedras, palos y un vehículo, el libramiento sur, afuera de las instalaciones de la SSyPC, para exigir que sus familiares sean buscados y liberados. Antes realizaron una protesta en el exterior del Palacio de Gobierno estatal.

“Libérenlos, 16 vidas valen más que tres puestos”, dijo entre llantos Herminia Sánchez al referir la demanda del grupo armado que pide la destitución de tres funcionarios estatales a cambio de la liberación de los trabajadores.

Su cónyuge Abelino Moreno Reyes se encuentra entre los plagiados.

En entrevista, la mujer dijo que su pareja de 57 años, es jardinero; “un asalariado, alcanzamos apenas para la comida”.

En rueda de prensa ofrecida este jueves desde la Ciudad de México, autoridades federales informaron que van 5 detenidos acusados por el delito de homicidio y que se reportan 18 migrantes graves hospitalizados, quedado pendiente de ejecutar una orden de aprehensión de las 6 que han sido liberadas.

Tras rendir un informe sobre la situación que priva en torno a los 39 migrantes fallecidos y los mandatos judiciales, se dio a conocer que la investigación permanece abierta para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Además, de la empresa encargada de la seguridad en la estación provisional migratoria establecida en el puente Lerdo, donde estaban los 68 extranjeros el pasado lunes 27 de marzo, cuando ocurrió un incendio provocado.

La empresa era Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V., cuyos socios identificados son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

El encuentro con los medios de comunicación lo encabezaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; y Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Derechos Humanos.

Según se dio a conocer, la indagatoria irá a fondo, “tope donde tope”, sin descartar ni al propio comisionado del Instituto Nacional de Migración, ni al delegado en Chihuahua, Salvador González Guerrero.

Respecto a los migrantes que fueron llevados a hospitales, se precisó que son 18 graves, 8 delicados y uno en calidad de estable; mientras uno más que ya fue dado de alta, es de los detenidos por presuntamente haber iniciado el incendio, el cual será juzgado en México, pese a ser extranjero.

Respecto a los otros detenidos, se informó que son los tres que eran empleados del INM, dos guardias de seguridad privada y la persona que inició el incendio.

Queda pendiente una orden de aprehensión por ejecutar, aunque también podrían liberarse otras más.

A los cinco se les realizaba este mismo jueves su audiencia de imputación y vinculación o no a proceso.

Avisaron que en los próximos días tras haberle rescindió el contrato a la empresa de seguridad, vendrán al estado de Chihuahua un total de 48 agentes de seguridad federal, para hacerse cargo de la estación migratoria de avenida Lerdo.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que se buscarán las sanciones a todos los servidores públicos relacionados a la estación referida, tras la investigación a cargo de la FGR.

“Del resultado del proceso de las investigaciones, se deslindarán responsabilidades sin importar quién sea. No habrá impunidad”, anotó.

Se decidió asimismo definir un monto para reparación de daño e indemnización a los familiares de las víctimas, el cual no ha sido precisado.