garduño

A 765 días de la tragedia que mató a 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración (INM) oficializó este miércoles la salida de Francisco Garduño Yáñez como titular del organismo.

En su lugar fue designado Sergio Salomón Céspedes, un morenista militante que fue gobernador sustituto en Puebla a finales de 2022.

La gestión de Garduño Yáñez inició el 14 de junio de 2019, pero fue a partir del 27 de marzo de 2023 cuando cobró notoriedad internacional al quedar evidenciadas serias deficiencias del control migratorio mexicano que derivó en la tragedia que mató a los migrantes.

Durante prácticamente todo el tiempo de los procesos penales iniciados a consecuencia del siniestro, voces de organizaciones defensoras de derechos de migrantes, así como familiares de las víctimas, pedían que se le aplicara un castigo al ahora excomisionado.

Incluso hubo más de 100 organizaciones que enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum señalando lo que consideraron como irregularidades en el proceso.

A mediados de este mes, un tribunal colegiado de apelaciones federal ordenó la suspensión del proceso penal contra Garduño Yáñez por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El que llega a sustituirlo también ha estado envuelto en polémicas.

Cuando Salomón Céspedes fue designado como gobernador sustituto en Puebla, no habían pasado 48 horas del fallecimiento de quien ocupaba la titularidad del Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Barbosa.

La designación fue criticada incluso por miembros del partido, como el líder nacional Mario Delgado y el senador Gerardo Fernández Noroña, por la premura con que se dio el nombramiento.

Francisco Garduño Yáez seguirá su proceso en libertad, al confirmarse por unanimidad la suspensión del proceso penal en su contra, por el caso de la muerte de 40 migrantes y 27 heridos en un incendio el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

El titular de dicho organismo recibió el beneficio desde el pasado 24 de enero de 2025, sin embargo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho -que representa a ocho víctimas de lesiones y a nueve familias de víctimas mortales- había apelado la decisión del juez, bajo el argumento de que era contraria a las suspensiones provisionales que habían obtenido las víctimas.

Por eso el miércoles 2 de abril, en la Sala 2 de los juzgados federales, se llevó a cabo la audiencia de aclaración de agravios, donde los asesores legales de algunas de las víctimas pidieron la revocación de la suspensión condicional de proceso que se obtuvo a favor del funcionario público el pasado 24 de enero de 2025.

Así que este fin de semana se constituyó el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoséptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez y por unanimidad de votos, los magistrados declararon parcialmente “inoperante” e “infundada” la impugnación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, contra la decisión del juez de control Víctor Manlio Hernández Calderón, quien en enero de este año concedió a Garduño Yáñez, la salida alterna del proceso al que estaba sometido por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Los abogados de dicha organización alegaron que el juez de control Víctor Manlio Hernández Calderón no debió realizar la audiencia donde otorgó la suspensión condicional del proceso, en virtud de que había varios amparos de víctimas por desahogarse.

Argumentaron asimismo que dicho mecanismo no se ajustó a los parámetros establecidos por ley y que la indemnización acordada como reparación del año correspondía en realidad al pago por la violación grave de derechos humanos detectada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación sobre el caso, además de que esta debió ser pagada por el comisionado y no por el Estado mexicano.

Sin embargo, el pleno aprobó el proyecto del magistrado Octavio Pineda Toribio, que concluyó que el juez de control estaba obligado a llevar a cabo la audiencia, toda vez que existía una suspensión en un amparo que el comisionado Francisco Garduño Yáñez tramitó el año pasado para la reparación del año.

Durante la sesión en la que se aprobó confirmar la suspensión condicional del proceso, el magistrado Octavio Pineda Toribio señaló que a los representantes de la víctima tampoco les asistía la razón en sus argumentos de que había una oposición al proceso de reparación del daño.

“Hacen descansar este argumento en el sentido fundamental, de que no es el imputado (Francisco Garduño Yáñez), quien sufragó los gastos correspondientes a la reparación del daño, y que por tal motivo el Estado no podía realizarlo, toda vez de que en principio no hay una sentencia que así lo condene, y además no puede sustituir en las responsabilidades el Estado a un particular”.

Estos argumentos, dijo el magistrado, son inoperantes porque tratándose de una solución alterna, como es la suspensión provisional del procedimiento, no se requiere la existencia previa de la sentencia.

“En otro orden, la circunstancia de que sea el Estado el que realizó el pago correspondiente tampoco puede considerarme como un argumento de oposición fundada sobre la reparación del daño y, en todo caso, estaría sujeta a juicio de los representados”.

Y añadió: “Amén de las determinaciones para el pago, fueron 300 millones de pesos lo que se autorizó para todas las víctimas, en la proporción que se estableció en la propia audiencia, de ahí que es un monto que sería imposible cubrir por una sola persona, y en el caso lo que se privilegia es la reparación del daño, sin perder de vista que el imputado, en calidad de funcionario, realizó las gestiones tendientes a alcanzar esa reparación integral del daño”.

Después de pronunciar un discurso en el que -según sus propias palabras- se le “enchinó el cuero”, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, evadió hablar sobre las disculpas públicas que les debe a las víctimas del 27M.

Representantes de los medios de comunicación lo cuestionaron sobre cuándo pediría la disculpa pública a la que lo emplazó un juez federal, por la muerte de 40 migrantes el 27 de marzo de 2023.

Rodeado de empleados federales tanto de Migración como de Bienestar, que hicieron las funciones de guardias de seguridad para alejar a la prensa, Garduño se limitó a decir que ese “no era el tema”.

“¿Cuándo será la disculpa pública que le va a dar a las víctimas?”, le preguntó la periodista Rocío Gallegos. “Ahorita no es el tema, hay que respetar la bienvenida a los compañeros”, respondió el responsable de la política migratoria nacional.

Otra de las reporteras, le recordó que entre las demandas de los connacionales, estaba incluido el pedir respeto a las personas migrantes, pero el comisionado insistió en la misma respuesta.

“Ahorita no es el tema ¿es todo?”, espetó.

Antes de ser cuestionado por las representantes de los medios, Garduño había dado un discurso de bienvenida a los repatriados, que acababan de llegar en un autobús al Centro de Atención y de Servicios para Mexicanos Repatriados, instalado en El Punto.

“Están en su casa, esta casa grande, aquí los vamos a atender, aquí no va a haber más grilletes, más esposas, están en libertad”, les dijo.

“Cuando veo ondear y que portan las banderas y los colores de mi nación -continuó- también se me enchina el cuero, ya están en su casa”.

Los repatriados lo escuchaban en semicírculo dentro de una de las carpas instaladas en el lugar.

También les hizo una relatoría de cómo sus mamás estarían esperándolos con los ojos llorosos, que si fuera en Oaxaca sería tal vez con un agua fresca de limón y mole negro, y en otras partes, con atoles o tamales.

Pero independientemente del estado de la República, en todos, la comida tendría un “sazón de amor” para darles la bienvenida, les dijo.

Antes de concluir, hizo referencia a que los funcionarios públicos federales y municipales, encargados de atenderlos en el Centro de Atención y de Servicios para Mexicanos Repatriados, tenían la “convicción humanista de tratar a los mexicanos con excelencia”.

La disculpa pública a la que hicieron alusión las compañeras de los medios, se dio a conocer el 25 de enero de este año.

En esa fecha el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, lo exoneró de ir a la cárcel por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

De esa forma se dio por concluido el proceso penal que se le había iniciado, por la muerte de 40 personas en el incendio de la estación migratoria.

Además de la disculpa, que deberá ocurrir en un plazo no mayor a seis meses desde la fecha que fue ordenada, Garduño también deberá cubrir otras obligaciones.

Estas incluyen pagar la reparación del daño a las víctimas, cubrir los daños sufridos en la propiedad federal y que él y su personal tomen cursos de derechos humanos.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) continuará al frente de ese organismo hasta que el próximo titular, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, termine su encargo como gobernador de Puebla.

Durante la Mañanera del Pueblo del viernes 3 de enero, la primera mandataria respondió, a pregunta expresa, que Garduño permanecerá al frente del INM a manera de “transición”, en lo que Céspedes se encuentre en condiciones de asumir ese encargo.

Garduño Yáñez ejercía ya ese cargo el 28 de marzo cuando ocurrió un incendio en la estación del INM en Ciudad Juárez, en el cual fallecieron 39 personas y otras decenas resultaron heridas.

Al momento del siniestro, había 68 personas de seis nacionalidades en el centro de detención, según lo informó el INM en un comunicado oficial.

En aquella ocasión, el entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que los responsables directos de los hechos habían sido presentados ante la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, Garduño permaneció en esa función, hasta la fecha.

Esta semana, un agente del INM fue asesinado por dos migrantes ilegales que se resistían a ser detenidos.

A propósito de esos hechos, trascendió la versión de agentes del INM, quienes protestaron porque su compañero abatido fue obligado a acudir al operativo de detención sin contar con el acompañamiento de la Guardia Nacional.