garduño

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván dijo que por enésima ocasión hará un llamado al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez para atender la migración en el estado, ahora que hay mil 500 “varados” en el municipio de Jiménez.

“Porque deberíamos aprovechar que viene cada semana a firmar, por lo que pasó en la estación migratoria de Juárez, como responsable, para que se dé cuenta de lo que está pasando”, respondió la mandataria estatal.

La gobernadora dijo que el llamado es a la Federación también y no sólo en migración y del trato a las personas migrantes, sino también porque son utilizados como “carne de cañón” para la delincuencia organizada.

Este lunes, durante la Mesa de Seguridad se dio a conocer que durante la semana pasada transitaron más de mil migrantes en la localidad de Jiménez, y el domingo 19 de mayo se quedaron “varados” otros mil 500, al ser bajados del tren en la comunidad del Rellano, a la altura del kilómetro 185 de la carretera Chihuahua-Torreón.

En este sentido, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña informó que el propio alcalde de Jiménez solicitó apoyo, ya que deben hacerse cargo de agua, alimentación y hospedaje en lo que se soluciona su situación migratoria por parte del INM.

Mientras que este mismo lunes, el Congreso del Estado le solicitó por sexta ocasión comparecencia para conocer las acciones y operativos en la zona centro, sur y norte del estado con la población migrante a la delegada del INM en Chihuahua, Esther Zúñiga.

El grupo de trabajo plural del Senado de la República que da seguimiento al incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo 2023, recomendó que se separe temporalmente al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, mientras está sujeto a investigación por la muerte de 40 migrantes.

Senadores integrantes del grupo denunciaron que su objetivo era analizar y dar seguimiento puntual a los mecanismos de apoyo que se implementarían para proteger los derechos humanos de las personas migrantes, las víctimas y sus familiares, mismo que se vio obstaculizado por la falta de asistencia de las diversas autoridades encargadas.

“En lo que todos coincidimos es que no puede estar desempeñando las labores de titular del Instituto, mientras esté sujeto a un proceso de responsabilidad personal que lleva la Fiscalía General de la República, porque hay un evidente conflicto de interés”, expresó el senador chihuahuense Rafael Espino de la Peña, quien es presidente del Grupo de trabajo.

El grupo de trabajo de seguimiento también reconoció que se les permitió conocer de otros obstáculos que enfrentan las personas en situación de movilidad, tales como ser víctimas del crimen organizado, discriminación, detenciones que duran más de 36 horas en las estaciones y estancias migratorias, presentación indebida de niñas, niños y adolescentes en centros de detención, ausencia de traductores, falta de agua, de comida.

Además de calificar como un hecho de extraordinaria gravedad que debería dar vergüenza a México, ya que es un hecho que pudo haberse evitado, lo que pone en evidencia una práctica sistemática, generalizada y estructural de violación a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

El 30 de marzo de 2023, tres días después del siniestro, la diputada local Isela Martínez Díaz solicitó que el Gobierno Federal asumiera su responsabilidad en la tragedia ocurrida en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

El 13 de abril de 2023, el Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Federal para informar los avances, investigaciones y acciones tras el incendio, asimismo pidió por primera vez, separar de su encargo al titular Francisco Garduño Yáñez, por el patrón de irregularidades y de omisiones documentadas y reportadas en relación a su gestión.

El 27 de septiembre de 2023, de nueva cuenta el Congreso del Estado denunció que Francisco Garduño, continuaba al frente del Instituto Nacional de Migración, quien criticaron actuaba con indolencia e incapacidad frente a la crisis humanitaria de la frontera.

El 28 de septiembre de 2023, las y los legisladores locales exigieron a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, una comparecencia ante el Congreso del Estado para explicar las acciones y la política migratoria del Gobierno Federal.

El 28 de noviembre de 2023, por tercera ocasión el Poder Legislativo de Chihuahua pidió la destitución de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, incluyendo al titular Garduño Yáñez, del cual exigió saber si enfrentaba algún procedimiento administrativo al respecto por la deficiencia e irregularidades en política migratoria, sin obtener respuesta.

El último llamado se realizó el pasado 25 de marzo de 2024, en el marco de un año del siniestro en Ciudad Juárez, en el que pidieron la reparación del daño a víctimas del incendio y por cuarta ocasión, solicitaron la destitución del titular del INM.

No hay respuesta a comparecencias ni política migratoria en Chihuahua

“Hemos llamado en reiteradas ocasiones a Gobierno Federal para que tome cartas en el asunto, vemos como se incrementa día con día la problemática, partimos del caos del 27 de marzo de 2023, donde lamentablemente en una institución federal 40 migrantes pierden la vida y no hay respuesta con una política migratoria”, expresó, la legisladora Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes en el Congreso del Estado.

Zapata Lucero criticó días atrás de la recomendación del Senado, que no era posible que el máximo responsable jurídico y administrativo, Francisco Garduño no fuera considerado ni siquiera con medidas cautelares.

“Que siga cobrando un salario y que las pruebas y el conocimiento pasen por su escritorio, donde tendría la oportunidad de discernir y hacer discrepancia de lo que se informa a la autoridad, por eso hemos llamado a la autoridad para que se separe del cargo y se sancione a los responsables”, puntualizó.

Cumplir de manera inmediata la recomendación de la CNDH, relativa a la reparación del daño a las 90 víctimas reconocidas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y la separación del cargo al Comisionado Nacional Francisco Garduño Yáñez, mientras se resuelve su situación jurídica, exigió el Congreso de Chihuahua al Gobierno federal.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación les solicitó:

Valorar con realismo la eficacia de los programas temporales como “Vuelta a la Patria”, así como remitir de inmediato a esa soberanía el contenido integral del convenio firmado entre México y el gobierno de Nicolás Maduro para su análisis.

También les pide responder: ¿Cuánto dinero destinará realmente el Gobierno Federal a este programa? ¿De dónde saldrán esos recursos? ¿Se desviarán partidas de programas sociales dirigidos a mexicanos? ¿Por qué se prioriza el apoyo a un país extranjero por encima de las necesidades de los connacionales? La cantidad de venezolanos migrantes en México asciende a cientos de miles, ¿están calibrados los apoyos económicos para hacer frente a esta posible avalancha?

Otra de las peticiones es que hagan pública y transparente toda la información relativa al total de los recursos que se destinarán al convenio “Vuelta a la Patria”, así como el origen específico de esos fondos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalmente, les solicita que se implementen mecanismos de control, seguimiento y auditoría puntuales que garanticen que los recursos económicos enviados a Venezuela arriben de manera íntegra y transparente a los migrantes retornados, sin desviaciones ni actos de corrupción.

El delegado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debió haberse separado del cargo para enfrentar las acusaciones sobre la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación de la dependencia el 27 de marzo en Juárez, consideró el senador Rafael Espino de Morena.

El retirarse de sus funciones permitiría un mejor desarrollo en el deslinde de responsabilidades y la debida aplicación de las leyes, manifestó Espino.

Durante el juicio que se lleva a cabo para deslindar responsabilidades en el incendio de la estación Stanton-Lerdo del Instituto Nacional de Migración el pasado 27 de marzo, se ha determinado que aunque ha sido acusado como probable responsable, el delegado de la dependencia, Francisco Garduño, continúa en el puesto y lleva su proceso legal en libertad.

El senador Rafael Espino de Morena será parte de los nueve senadores que estarán en Juárez este viernes con objeto de recabar información para elaborar un informe del hecho que será presentado ante el pleno para definir acciones que eviten que se repita esa clase de situaciones.

“Personalmente considero que debió haberse separado del cargo para enfrentar el deslinde de responsabilidades. Creo que eso debió haber sido una cuestión mínima, pero esa es una apreciación mía. No lo han separado del cargo y es importante deslindar responsabilidades, saber realmente qué fue lo que pasó y quién cumplió y quién incumplió con sus responsabilidades que tenían con las distintas leyes y luego hacer un deslinde de esas responsabilidades”, consideró Espino.