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El delegado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debió haberse separado del cargo para enfrentar las acusaciones sobre la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación de la dependencia el 27 de marzo en Juárez, consideró el senador Rafael Espino de Morena.

El retirarse de sus funciones permitiría un mejor desarrollo en el deslinde de responsabilidades y la debida aplicación de las leyes, manifestó Espino.

Durante el juicio que se lleva a cabo para deslindar responsabilidades en el incendio de la estación Stanton-Lerdo del Instituto Nacional de Migración el pasado 27 de marzo, se ha determinado que aunque ha sido acusado como probable responsable, el delegado de la dependencia, Francisco Garduño, continúa en el puesto y lleva su proceso legal en libertad.

El senador Rafael Espino de Morena será parte de los nueve senadores que estarán en Juárez este viernes con objeto de recabar información para elaborar un informe del hecho que será presentado ante el pleno para definir acciones que eviten que se repita esa clase de situaciones.

“Personalmente considero que debió haberse separado del cargo para enfrentar el deslinde de responsabilidades. Creo que eso debió haber sido una cuestión mínima, pero esa es una apreciación mía. No lo han separado del cargo y es importante deslindar responsabilidades, saber realmente qué fue lo que pasó y quién cumplió y quién incumplió con sus responsabilidades que tenían con las distintas leyes y luego hacer un deslinde de esas responsabilidades”, consideró Espino.

El diputado Francisco Sánchez Villegas de Movimiento Ciudadano (MC), responsabilizó a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración de múltiples violaciones a derechos humanos y de evadir la justicia por el incendio donde perdieron la vida 40 migrantes en Ciudad Juárez.

“Han pasado meses desde que advertimos la crisis humanitaria en Ciudad Juárez y las autoridades no solo han sido omisas, la han agravado”, expresó el legislador local.

Sánchez Villegas aseveró que es “criminal” que Francisco Garduño permanezca al frente del INM, cuando debería estar en la cárcel como responsable de la “masacre de migrantes en un campo de concentración que tenía en Juárez”, en la que añadió tampoco se ha reparado el daño a las víctimas.

Además de denunciar la inoperancia de la dependencia federal, ante la situación que calificó como “sin precedentes en la frontera”, reiteró que han sido afectados no solo la población migrante sino también los habitantes con el receso en la producción de la industria maquiladora, “pilar de la economía juarense”.

El juez José Avelino Córdova, quien sigue el caso contra el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, cinco empleados de la dependencia y un venezolano que presuntamente inició el incendio en el que murieron 40 migrantes, desechó la utilización de 15 recursos y pruebas interpuestas por la defensa que datan de hasta 8 años atrás, por considerar que no son relevantes en el caso contra los imputados.

La audiencia tuvo lugar este jueves, simultáneamente en la Sala 2 y otra contigua de los Juzgados del Poder Judicial de la Federación, evento que duró cerca de tres horas y que reveló la falta de organización y control del acomodo de los asistentes a la audiencia, el audio y otros implementos tecnológicos de los que se hizo uso.

El abogado Jorge Vázquez Campbell, especialista en Migración y parte del grupo de litigantes que representa a los familiares de los 40 migrantes muertos en la estación migratoria del INM, en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, comentó sobre los resultados de la audiencia que se realizó en los juzgados federales este jueves.

“La defensa pidió que se les permitiera una investigación abierta y metieron pruebas y testigos de donde pudieron, sin la intervención del Ministerio Público. Pidieron pruebas de hace 8 años como la del incendio de Migración en Veracruz que fue años atrás, pruebas de antes y después del evento en Ciudad Juárez”, comentó,

El abogado de uno de los acusados, señaló que lo que presentaron nada tiene que ver con el asunto.

“Entonces, las peticiones les fueron negadas y fue justo. No tenían porqué haber hecho eso, y eso que pidieron no venía al caso, y entonces el juez actuó conforme a la ley diciendo que lo que estaban pidiendo estaba fuera de la ley, porque no se iban a aplicar esas pruebas al asunto presente”, agregó.

El litigante informó que está programada otra audiencia para el 20 de septiembre próximo a las cuatro de la tarde en esas mismas instalaciones.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el gobierno no protege al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, vinculado a proceso por el caso de los 40 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, pese a lo cual no ha perdido su cargo público.

En entrevista, el funcionario descartó que vaya a ser destituido antes de que concluya el proceso y sostuvo que Garduño dejará la titularidad del INM solamente si se le fincan responsabilidades penales.

-¿Por qué lo protegen?, se le cuestionó.

-“Yo creo que no es un asunto de protección. Yo creo que hay que delimitar el ámbito de sus responsabilidades y por supuesto en caso de que se le finquen responsabilidades y sea consignado, no solamente dejará el puesto sino tendrá que enfrentar las sanciones del juez”, respondió.

“La impunidad se da cuando la autoridad no interviene”, afirmó. Dijo que no solamente están consignados todos los presuntos responsables del incendio en la Estancia Provisional migratoria, sino que están abiertas líneas de investigación contra otros funcionarios, y ahí, subrayó, es donde tenemos que poner el énfasis.

Alejandro Encinas reiteró que tras la tragedia de Ciudad Juárez, el Gobierno federal haciendo un replanteamiento para ajustar y readecuar la política migratoria, porque es un fenómeno que está creciendo mucho no únicamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, donde se registra un cambio en los flujos migratorios.