Gobierno del estado

Durante las fiestas de Fin de Año, las oficinas administrativas de Gobierno del Estado en Juárez, ubicadas en la avenida Lincoln, permanecerán abiertas al público que acuda a realizar trámites, incluidos los del Registro Civil.

La única modificación es que a partir del próximo lunes 19 de diciembre cerrarán las tres oficialías del Registro Civil que se ubican en la zona Centro, Mezquital y Aztecas hasta el 2 de enero de 2023.

“Tenemos la capacidad, tanto por el sistema estatal y por el nacional de búsqueda, podemos atender el problema que se presente, ya sea la inscripción de nacimiento, acta de defunción o alguna sentencia, serán atendidos”, informó Karla Ivette Gutiérrez Isla, coordinadora del Registro Civil en la Zona Norte.

Pidió a la ciudadanía tomar en cuenta los ajustes y acudir, de requerirlo, a la oficina ubicada en Pueblito Mexicano, en un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

En Recaudación de Rentas se mantendrá el horario regular de atención a los contribuyentes: de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Los ciudadanos pueden hacer uso también de los medios alternos de pago, como las tiendas de conveniencia Oxxo, los cajeros automáticos situados en plazas comerciales, así como la página ipagos.chihuahua.gob.mx.

Otra de las áreas que dará servicio a la comunidad la última quincena del mes es el sector Salud, que brindará consulta médica primaria y secundaria en las 22 clínicas pertenecientes al Sistema Estatal de Salud, así como en el Hospital General y de la Mujer.

Quienes deban realizar trámites en Gobernación y Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sus oficinas permanecerán abiertas en horario regular.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay un ambiente de persecución en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, el estado respondió que se trata de una estrategia distractora.

El proceso en contra de exfuncionarios de la administración corralista, investigados por supuesta tortura psicológica a acusados de mala disposición de recursos públicos que trabajaron en el régimen de César Duarte Jáquez, es llevado por el Poder Judicial, dijo el representante del Gobierno estatal en la frontera, Oscar Ibáñez Hernández.

Señaló que es en esa instancia donde se debe litigar, a través de un debido proceso, y no en tribunas públicas.

López Obrador dijo en su conferencia de este día que existe un ambiente de persecución en contra de Corral Jurado por atreverse a investigar casos de corrupción que supuestamente cometió su antecesor.

“Quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo hostigados y se les acusa también, así, de manera muy peculiar de que aplicaron tortura psicológica”, dijo.

Añadió que no puede haber venganzas políticas cuando el asunto también tiene qué ver con procesos federales.

Ibáñez Hernández refutó esos argumentos y retó a que entonces la Federación atraiga el proceso contra Duarte Jáquez y sus funcionarios o que aporte los datos que posee.

“Me parece como que es fiel al estilo del presidente, le preguntan de una cosa y como que habla de otro asunto que no tiene nada que ver”, indicó.

Expresó que el presidente de México elude hablar de temas que le resultan incómodos, como la atención a migrantes y por eso intenta distraer.

Dijo que no sabe si López Obrador estaba defendiendo a Corral Jurado o a Duarte Jáquez, porque entre los procesos abiertos por la actual administración estatal no hay alguno en contra del exmandatario panista.

Con la finalidad de dotar de las herramientas necesarias a la autoridad fiscalizadora para que pueda emitir un requerimiento, sin precalificar desde la norma estatal sobre alguna falta en específico, el Congreso estatal reformó el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior, para la facultad a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de exigir a todos los entes públicos la entrega oportuna de los informes de cuenta pública.

La diputada Leticia Ortega Máynez (Morena), presidente de la Comisión de Fiscalización, expuso en la tribuna del Congreso que, con la reforma, la ASE tendrá la facultad de requerir por escrito a los entes públicos que incumplan con la obligación de presentar la cuenta pública en los plazos previstos.

De acuerdo a la nueva legislación, los entes públicos tendrán un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la notificación del mismo para informar sobre la cuenta pública del año próximo anterior.

De no presentarse la información, los servidores públicos serán sancionadas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.

Con esa reforma, “se crea una ruta idónea para que la autoridad pueda sancionar la conducta, de ser el caso, en la falta grave de desacato u otras que se deriven”, dijo la legisladora.

Cabe mencionar que el plazo del requerimiento deberá ser inmediato y no podrá entenderse como una prórroga de los plazos originalmente previstos.