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La intención del Gobierno Federal de fusionar al IMSS con el sistema de salud del Estado es la de “recargarse financieramente” en Chihuahua sin poner calidad en de su parte.

Santiago de la Peña llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por las declaraciones que culpan a la entidad de las precarias condiciones que arrastran los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“A mí lo que me llama la atención es que en lugar de entregarnos un sistema de salud como el de Dinamarca ahora están empeñados en recargarse en los sistemas de salud que ofrece el Gobierno del Estado de Chihuahua”, dijo el Secretario General de Gobierno.

Destacó que los municipios de Juárez y Chihuahua y otros del estado merecen un mejor servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no a costa de los recursos de Chihuahua y mucho menos recargándolos financieramente en el Estado.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, se sumó a la petición emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar un refuerzo por parte del Gobierno Federal, en la vigilancia de la región de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior, debido a que los habitantes de la región viven constantemente con el temor de los grupos armados, ya que comentan que por las noches escuchan detonaciones de armas de fuego, e incluso aseguran haber visto drones por encima de sus comunidades, así como vehículos con personas armadas.

Esto se suma a los constantes llamados de apoyo por la comunidad, en la que informan de personas privadas de su libertad por civiles armados, pues tan solo del 15 al 19 de diciembre, reportan a cuatro jóvenes como desaparecidos en la región. Además, los habitantes denuncian un constante temor por ser desplazados de manera forzada por parte de grupos criminales.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como la FGE han mantenido un despliegue operativo importante, sin embargo, es de suma necesidad la presencia y participación del Gobierno Federal en la región, como lo demanda en una carta de la Diócesis de la Tarahumara dirigida a la Secretaría de Gobernación.

En dicha misiva, a la que se ha sumado el Secretario Gilberto Loya, las autoridades chihuahuenses solicitan al Gobierno Federal:

1.⁠ ⁠Se lleven a cabo operativos permanentes, y no solo operativos esporádicos ni pasajeros.

2.⁠ ⁠Urgentemente se localicen a los jóvenes que reportan privados de su libertad

3.⁠ ⁠Se instale una mesa de seguridad en Baborigame con autoridades, pobladores y asociaciones civiles.

En esta petición, firman: Mons. Juan Manuel González S., obispo de Tarahumara; Pbro. Gabriel Parga Terrazas, párroco de Baborigame; P. Javier Ávila Aguirre, S.J. presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Diana Villalobos Díaz, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.; Rosa Icela Rodríguez Velásquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Clara Luz Flores Carrales, secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; César Jáuregui Moreno, Fiscal General de Chihuahua y Norma Ledezma Ortega, titular de la Ceave.

El Obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, denunció la grave situación de inseguridad que viven los pobladores en la región de Baborigame, provocada por la tala criminal del bosque y demanda al Gobierno Federal que localice inmediatamente a cuatro jóvenes levantados por grupos armados.

En carta dirigida a Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación y con copia a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, González Sandoval expresa que estos hechos ocurren desde el mes de junio pasado:

“En que se dio un desplazamiento forzado masivo de personas de la comunidad de la Sierrita, localidad cercana a Santa Tulita municipio de Guadalupe y Calvo, en donde 60 personas tuvieron que salir y dejar su patrimonio porque les quemaron sus viviendas y mataron a varias personas en sus alrededores”.

De acuerdo a la misiva, eso provocó dos visitas de autoridades de Gobierno del Estado en los meses de agosto, septiembre y noviembre que tuvieron conocimiento del problema.

Pero recientemente, el lunes 11 y martes 12 de diciembre, el obispo narra que “personas de la comunidad de Mala Noche se trasladaron a Baborigame y a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo a recoger tarjetas de “Procampo”, y el día 13 de diciembre pobladores de Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puerto Riyito al regresar a sus casas un grupo armado les impidió el paso, quedando con la preocupación de que tenían a sus hijos en la casa y no podían regresar a verlos”.

Respondiendo a la demanda de seguridad, el 14 de diciembre elementos de la Guardia Nacional, Policía del Estado y Policía Ministerial acompañaron a varias personas a Santa Tulita para que regresaran a su comunidad con seguridad y volvieran a Baborigame.

“El viernes 15 –continúa mencionando el obispo-, un grupo armado asentado en la comunidad de Alisos fueron a la ranchería de Puerto de Ánimas y se llevaron a dos muchachos a la fuerza: Emanuel Ángel Guevara Ayala de 15 años y Jesús Manuel Ayala Almanza de 13 años, cuando ellos se encontraban trabajando en el campo”.

González Sandoval señala que los habitantes de esa región viven constantemente con el temor de la llegada de los grupos armados y han tenido que dormir en el monte.

Comentan que por la noche se escuchan disparos, incluso, han visto la presencia de drones por encima de sus comunidades.

Finalmente, denuncia que el sábado 16 de este mes, circularon varias camionetas con personas armadas y eso les aumenta el temor de quedarse en el monte como su único refugio. Una de las camionetas que circularon se encuentran ubicadas en la comunidad de Taunas y la otra en Puerto de Ánimas.

“El día 17 de diciembre, se nos informa que dos jóvenes de Puerto Riyito fueron “levantados” por el grupo armado y desconocemos su paradero. Los grupos armados les acaban de advertir a los miembros de las comunidades mencionadas que tienen tres días para abandonar sus casas”, relata el obispo González Sandoval en su carta a las autoridades y luego demanda:

“Por todo lo anterior solicitamos: 1. Se lleven a cabo, operativos permanentes y no solo operativos esporádicos ni pasajeros. Con esta inseguridad y este constante tránsito de grupos armados, la gente tiene que permanecer en sus casas y no puede ni siquiera salir a conseguir lo elemental para su comida. 2. Urgentemente se localicen a los jóvenes anteriormente mencionados y 3. Se instale una mesa de seguridad en Baborigame con autoridades, pobladores y asociaciones civiles.

La misiva de ayuda dirigida a la Federación, va también acompañada de las firmas de Gabriel Parga Terrazas, párroco de Baborigame; de Javier “El Pato” Ávila Aguirre, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y por Diana Villalobos Díaz, Directora de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.

También lleva copias para Clara Luz Flores Carrales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; César Jáuregui Moreno, fiscal General de Chihuahua; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua y Norma Ledezma Ortega, titular de la Ceave.

Con 18 votos a favor y 9 en contra, el Congreso del Estado exhortó al Gobierno Federal para que destituya al funcionariado responsable de lo acontecido en marzo del año en curso, en la estación migratoria de Ciudad Juárez en la que fallecieron 40 personas migrantes.

“Se dedicó el gobierno mexicano a fabricar culpables, violar derechos humanos y cubrir a los verdaderos responsables”, denunció ante el Pleno, la diputada del PAN, Marisela Terrazas Muñoz, quien presentó el punto de acuerdo.

Terrazas expuso que desde el incidente, las autoridades municipales de Ciudad Juárez y federales se dedicaron a criminalizar a los migrantes y a diversos agentes utilizándolos de “chivos expiatorios”, pero no se ha destituido ni buscado justicia penal en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, quien sigue al frente de la dependencia.

“No ha habido ninguna consecuencia para Francisco Garduño, no se le ha pedido explicación alguna y por el contrario se le sigue manteniendo en un puesto, el cual le ha quedado muy grande. Apenas hace unos días las personas en situación de movilidad hacían un llamado al alto a la corrupción que ocurre al interior del Instituto, pues a dichos de ellos “¿De qué sirve que estén en un puesto si no están haciendo nada?” comentaban refiriéndose concretamente a Garduño”, reclamó.

Por lo que dijo, no se puede permitir que existan funcionarios ocupando estos altos cargos cuando demuestran no lograr un correcto manejo de la institución y de los recursos, sin la capacidad para dar respuesta a las necesidades que el cargo requiere.

El exhorto fue debatido en tribuna por las y los diputados de Morena, sin embargo, fue aprobado por mayoría de la bancada PAN-PRI, quienes votaron a favor del mismo en todos sus términos.