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El Gobierno de México confirmó que este año el aguinaldo para las y los servidores públicos federales será equivalente a 40 días de salario, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La medida aplica para el personal que labora bajo el régimen del apartado B del artículo 123 Constitucional, es decir, para quienes se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

El beneficio alcanzará a todo el personal operativo, de confianza, de enlace y de mando en dependencias y entidades del Gobierno federal. También se incluye al personal del Servicio Exterior Mexicano, tanto en territorio nacional como en representaciones diplomáticas en el extranjero, así como a los miembros de las fuerzas armadas y a quienes prestan servicios profesionales por honorarios en dependencias federales.

De igual forma, recibirán el aguinaldo de 40 días los jubilados y pensionados cuyos pagos provengan del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del erario federal, así como sus deudos en caso de fallecimiento.

El decreto establece que el pago del aguinaldo deberá iniciar el 10 de noviembre y concluir a más tardar el 20 de diciembre de 2025. Las dependencias deberán programar sus recursos para cumplir con los plazos y garantizar que el monto completo sea depositado a tiempo.

De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, una parte del aguinaldo estará exenta de impuestos, lo que incrementará el ingreso neto de las y los trabajadores beneficiados.

El documento fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de noviembre de 2025 y marca los lineamientos que regirán el pago de esta prestación en toda la administración pública federal.

Justo cuando el país atraviesa uno de los períodos de sequía más intensos, el Gobierno Federal recortó 493 millones de pesos al presupuesto destinado a las actividades agrícolas y pecuarias para 2025, afirmó el diputado Ismael Pérez Pavía (PAN).

En Chihuahua, los 67 municipios aún enfrentan afectaciones graves por el agotamiento de pozos, la pérdida de forrajes y la caída de rendimientos agrícolas, agregó.

“Tenemos una sequía de más de dos años que ha dejado al campo de rodillas, y los apoyos federales siguen sin llegar”, señaló el legislador panista, quien funge como secretario de la Comisión de Agua del Congreso del Estado.

Acerca de las recientes lluvias registradas en algunos de los municipios más afectados, comentó que han dado “un respiro” a miles de familias rurales en la entidad.

Sin embargo, advirtió que no se debe bajar la guardia: “Sí, ha llovido, pero no podemos olvidar que seguimos en medio de una emergencia estructural”.

En contraste con la administración federal, dijo, el Gobierno del Estado destinará más de mil millones de pesos exclusivamente para atender los efectos de la sequía.

“Chihuahua sí está respondiendo con acciones, no con excusas. Lo que exigimos desde el Congreso es que la Federación también haga su parte y deje de darle la espalda a quienes trabajan la tierra todos los días”, concluyó.

El diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez calificó como “indignante” que el Gobierno Federal haya dejado fuera a Chihuahua del plan de construcción de nuevos hospitales, anunciado recientemente.

El legislador recordó que el Gobierno del Estado incluso donó un terreno para la edificación de un nuevo hospital del IMSS, lo que evidencia “la disposición local para fortalecer el sistema de salud federal”.

Sin embargo, agregó que, lamentablemente, la disposición del Gobierno del Estado a colaborar en materia de salud no ha sido correspondida por la Federación.

“Pese a la voluntad del estado para mejorar los servicios médicos, la Federación ha decidido que las y los chihuahuenses no merecen estas obras. Es lamentable”, expresó Ramírez.

Señaló que los derechohabientes del IMSS en la entidad enfrentan “tiempos de espera inhumanos”, carencia de médicos, espacios insuficientes y falta de equipo, lo que genera desesperación entre quienes requieren atención médica oportuna y digna.

“El pueblo de Chihuahua es trabajador, cumple con sus responsabilidades al Pacto Federal y merece el mismo trato por parte del Gobierno de la República, que tiene la obligación de atender a todos los mexicanos por igual”, enfatizó el legislador.

Ramírez adelantó que ya trabaja en propuestas legislativas encaminadas a fortalecer la infraestructura hospitalaria en el estado, pues, aseguró, es “impostergable” dignificar la atención a la salud y garantizar la suficiencia de servicios en este rubro.

El diputado local Jorge Soto Prieto (PAN) culpó al Gobierno de México de la imposición del 30 por ciento de aranceles a las exportaciones del país hacia los Estados Unidos, al no saber enfrentar al crimen organizado “con contundencia”.

El panista consideró que el endurecimiento del discurso del presidente estadounidense Donald Trump, se debe a que el Estado mexicano se ve débil, tolerante e incapaz frente al avance del crimen organizado, lo cual ha afectado la confianza de inversionistas y socios comerciales.

En un comunicado, Soto Prieto señaló que la industria mexicana, especialmente la del norte del país, está pagando el precio de la estrategia de “abrazos no balazos”.

Agregó que los sectores productivos, y en particular, la industria de exportación en Chihuahua ha cumplido con su parte: generar empleos, pagar impuestos y mantener estándares internacionales.

Sin embargo, hoy están pagando porque la federación no ha sabido enfrentar al crimen ni garantizar seguridad.

“Esa omisión, de nueva cuenta, tiene consecuencias internacionales”, sentenció el legislador panista.

“Cuando un presidente extranjero se atreve a amenazar con aranceles, lo que realmente está diciendo es que no confía en el Estado mexicano para garantizar control y legalidad, y esa percepción nos puede costar empleos, fábricas y proyectos que hoy están en riesgo de irse a otra parte”, advirtió.

El legislador llamó al Gobierno federal a tomar con seriedad el mensaje que llega desde Washington, y a replantear su estrategia de seguridad con visión económica y no solo política.

“La seguridad ya no es un tema aislado. Es una condición necesaria para que México y Chihuahua en específico, siga siendo atractivo. No podemos permitir que la debilidad institucional se traduzca en barreras comerciales o en fuga de inversiones”, concluyó.