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guadalupe y calvo

No fue un incidente menor ni una confusión, como intentó presentarlo la versión oficial. Lo que vivieron los policías estatales el pasado domingo en el ejido Catedral fue un sometimiento en toda regla a manos de un grupo criminal que los desarmó, golpeó, humilló y puso al borde de la ejecución.

La escena comenzó con una trampa: una camioneta Jeep gris, aparentemente descompuesta, bloqueaba el camino. Al acercarse, los agentes vieron salir de la maleza a tres hombres armados y a una mujer. Detrás, otro sujeto con radios de comunicación pedía refuerzos. La respuesta fue inmediata y brutal: en cuestión de minutos irrumpió un convoy de más de 20 vehículos artillados, de los que descendieron alrededor de 80 gatilleros con fusiles, chalecos y equipo táctico. Así se establece en el parte informativo.

Los agentes, superados en número, intentaron dialogar, pero fueron reducidos a golpes y con insultos. Les apuntaron en la cara, les rompieron las armas contra el suelo, los pusieron de rodillas y los amarraron con candados de mano. La orden se repitió varias veces: “Mátenlos”.

Trasladados a una brecha desierta, los policías fueron despojados de todo: radios, armas largas, cargadores, chalecos, teléfonos y hasta el dinero que llevaban en los bolsillos. Ahí recibieron la propuesta del jefe criminal, que se identificó como hijo del “35”, el encargado de la sierra.

“No queremos problemas con el Gobierno”, les dijo—. “Lo único que pedimos es el pase libre en Guadalupe y Calvo”.

Los agentes, sometidos, respondieron que no podían pactar nada, que solo querían que se les dejara trabajar. El intercambio de palabras duró minutos. Finalmente, los criminales devolvieron parte del equipo y los subieron de nuevo a sus propias unidades.

El viaje de regreso a Guadalupe y Calvo fue igual de tenso. En Turuachi, otro grupo armado los esperaba. Eran 50 hombres en 10 vehículos que ya habían sido notificados del incidente. Los dejaron pasar sin oponer resistencia. Al llegar a la cabecera municipal, cerca de las 18:20 horas, los policías fueron liberados.

El reporte oficial también consigna que durante la jornada los grupos armados buscaban a dos hombres conocidos como “Guacho” y “Rojo”, a quienes habrían detenido horas antes para exigirles una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad.

Cronología del sometimiento

•⁠  ⁠Encuentro inicial – Detectan una Jeep gris varada; de la maleza salen tres hombres armados y una mujer, mientras otro sujeto pide refuerzos por radio.

•⁠  ⁠Convoy criminal – Arriban más de 20 vehículos con unos 80 sicarios, que rodean y someten a los agentes. Los golpean, desarman y amarran; son exhibidos en video.

•⁠  ⁠Brecha desolada – Los trasladan a un camino despoblado, donde el jefe criminal (hijo del “35”) les exige permitir libre tránsito en la sierra. Amenaza con matarlos.

•⁠  ⁠Negociación – Los policías rechazan pactar, piden solo seguir trabajando. Tras minutos de tensión, les devuelven parte del equipo y los liberan.

•⁠  ⁠Traslado de regreso – En Turuachi se topan con otra célula de 10 vehículos y 50 hombres, que los deja pasar.

•⁠  ⁠18:20 horas – Los agentes llegan a la comandancia de Guadalupe y Calvo.

•⁠  ⁠Dato adicional – Ese día el grupo armado también buscaba a dos hombres apodados “Guacho” y “Rojo”, a quienes retenían para exigirles dinero.

Respuesta institucional: operativo en marcha

Tras los hechos, las autoridades estatales desplegaron un operativo especial con 300 agentes para ubicar a los civiles que amedrentaron a los policías. El dispositivo se extendió más allá de Guadalupe y Calvo, cubriendo carreteras y brechas desde Parral hasta la sierra, con recorridos terrestres y vigilancia aérea mediante helicóptero.

Los operativos, efectuados desde temprana hora del martes 26 de agosto, estuvieron enfocados en la búsqueda y localización de personas con órdenes de aprehensión, vehículos con reporte de robo, armas de fuego y droga, además de labores de prevención del delito.

La movilización de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) incluyó carreteras estratégicas: de Parral a Jiménez, de Santa Bárbara a San Francisco del Oro, de Balleza a Guachochi, la vía corta Parral–Chihuahua, el tramo Guadalupe y Calvo–Parral y la carretera Valle de Allende–El Pueblito de Allende.

Además, se instalaron puntos de control en Guadalupe y Calvo, Guachochi y Valle de Allende, mientras agentes recorrieron diversas brechas y zonas urbanas de la región serrana.

El coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, consideró que los acuerdos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la violencia en Guadalupe y Calvo deben replicarse en otros municipios de la entidad afectados por la violencia.

Luego de la celebración de la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guadalupe y Calvo, con la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y de las fuerzas federales, incluido el Ejército, el morenista llamó a que ese tipo de sesiones no se queden solo en el abrazo y el estrechado de manos. “Eso no va a cambiar nada”, dijo.

“El punto es darle seguimiento al cumplimiento de cada uno de los planteamientos”, subrayó el legislador.

En conferencia de prensa, Estrada Sotelo propuso que este modelo de intervención conjunta se replique en otros municipios de la entidad afectados por la violencia.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, señaló, “debe ser itinerante, que vayan todos. Eso incide, influye. Me gustaría que lo que pasó en Guadalupe pase en otros municipios”.

Asimismo, reconoció que la intervención del Gabinete de Seguridad en Guadalupe y Calvo, con la presencia de la gobernadora Campos Galván, es muy importante y sí puede incidir en una mejora en materia de seguridad.

“¿Llega tarde? Se puede concluir que claro que lo es. Se perdieron víctimas”, expresó el legislador al referirse a la reciente visita de autoridades federales, estatales y militares al municipio, gobernado por Morena, donde se anunciaron nuevas medidas de seguridad tras una serie de hechos violentos.

Estrada Sotelo consideró positivo que el encuentro no se limitara a un acto protocolario y que incluyera compromisos concretos, como la instalación de una nueva base de la Guardia Nacional, un centro de mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como la participación de la Fiscalía General del Estado.

En defensa de la alcaldesa Ana Laura González Ábrego, primera gobernante no priista en el municipio, postulada por Morena, Estrada Sotelo dijo que ella no es la única responsable de dar seguridad a esa demarcación.

“No les corresponde solo a ellos, pero qué bueno. Que la Fiscalía se sume es muy importante, que se vincule con la autoridad municipal, con la presidenta. Es muy injusto que se le deje a una presidencia municipal el enfrentamiento de un grupo delincuencial, porque no tienen las herramientas ni los elementos”, subrayó.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó este martes una sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad y coordinar acciones para restablecer la tranquilidad en la región.

Entre los acuerdos tomados, destaca que la alcaldesa Ana González mantendrá comunicación directa con la Guardia Nacional, a través del cuartel permanente establecido en la localidad. Además, se reforzará la presencia de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional y de las corporaciones estatales.

Asimismo, se tomó la determinación de reforzar la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe y Calvo con la presencia de 30 agentes de la Fiscalía General del Estado.

Además, se instalará una nueva base de operaciones de la Guardia Nacional y se habilitará un centro de mando de Seguridad Pública del Estado, para fortalecer la vigilancia en la zona.

Cuentan conmigo: Maru Campos

Durante el encuentro, Campos Galván subrayó que su administración prioriza la seguridad de las familias chihuahuenses, por lo que se busca mantener baja la incidencia delictiva mediante una estrategia conjunta con las fuerzas federales, estatales y municipales.

“Cuentan conmigo. Entiendo lo delicado que son estas situaciones y respaldo a la presidenta municipal. Pido que haya comunicación constante y que el tema de seguridad no se politice. Antes que nada, está el bienestar de la ciudadanía”, expresó.

El Gobierno del Estado y el Municipio acordaron sumar esfuerzos para incrementar el número de elementos policiales, así como proporcionarles entrenamiento, equipamiento y vehículos.

Las comunidades de San Jerónimo y San Simón también recibirán respaldo con presencia de fuerzas estatales y federales. De igual forma, se reforzará la vigilancia en el municipio de Moris.

En la reunión participaron los comandantes Alberto Miguel Rodríguez, de la 5ª Zona Militar; Jorge Alejandro Gutiérrez, de la 42ª Zona Militar, y Eufemio Ibarra Flores, de la XI Región Militar.

También acudieron Ramón Badillo, delegado estatal de la Fiscalía General de la República; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Mayra Chávez, delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua.

Asistieron además Agustín Velasco, comandante del 76 Batallón de Infantería; Williams Chavarría, de la Guardia Nacional; Sahara Cárdenas, subsecretaria de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno; Juan Carlos Portillo, fiscal de la Zona Sur; y Jorge Antúnez, director de Seguridad Pública Municipal.

Guadalupe y Calvo se derrumba. El municipio enclavado en la sierra de Chihuahua vive bajo asedio del crimen organizado: asesinatos, desplazamientos forzados y pueblos vacíos dan cuenta del colapso de la vida comunitaria. El Estado, mientras tanto, reacciona tarde y mal.

Este martes 22 de julio, la gobernadora María Eugenia Campos encabezó una mesa de seguridad en la cabecera municipal. Junto a ella estuvieron el fiscal César Jáuregui Moreno, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, mandos militares y de la Guardia Nacional.

Las cifras oficiales retratan la emergencia: desde 2021, al menos 210 homicidios relacionados con la disputa entre el Cártel de Sinaloa (Los Salgueiro) y La Línea, brazo armado del extinto Cártel de Juárez. Solo en 2024 se han registrado 151 asesinatos, un aumento del 20 por ciento respecto al año anterior.

Entre el plomo y el miedo

Los enfrentamientos se han vuelto cotidianos. Cuerpos colgados con narcomensajes, ataques con drones explosivos y emboscadas al Ejército —como la ocurrida en diciembre en la comunidad de El Pinito— son parte de la rutina del terror.

“Ya no se puede vivir ahí. O te vas, o te matan”, declaró un desplazado que dejó Dolores, una de las comunidades ahora vacías. También han sido abandonadas San Jerónimo, La Sierrita, Crucecitas y San Ignacio de los Sotelo.

Según medios regionales y organizaciones civiles, más de 500 personas han huido desde 2023; la mitad son menores de edad. Se refugian en Parral, Guachochi, la ciudad de Chihuahua o incluso en otros estados como Sinaloa y Sonora. Nadie los escolta. Nadie los acompaña. Nadie los protege.

Abandono institucional, fe silenciada

Sin luz, sin policías, sin señal de celular, la vida en Guadalupe y Calvo se reduce al encierro. El miedo es el único servicio constante. La autoridad municipal está rebasada o simplemente ausente.

“No hay nadie que ayude”, contó otro desplazado a medios locales.

La Iglesia también ha tenido que replegarse. En Dolores, el sacerdote Lorenzo Antonio Medina fue herido en un ataque. Desde entonces, se suspendieron misas y actividades religiosas en varias comunidades.

“El miedo nos dejó sin clases, sin celebraciones, sin confianza”, reportó un medio local desde la zona.

Autoridades niegan el colapso

A pesar del panorama, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, insistió en que el Estado no está rebasado. Aseguró que los homicidios han bajado 46 % respecto a la administración anterior y afirmó que “continuamos con números a la baja”.

Este martes, tras la reunión, las autoridades prometieron reforzar la presencia militar y de la Guardia Nacional, y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Pero mientras los funcionarios emiten comunicados, en el municipio reina el vacío.

Más de 150 hombres armados tomaron recientemente la cabecera municipal. Nadie los detuvo. Nadie respondió a tiempo.

Guadalupe y Calvo colapsa. La violencia avanza. El Estado, otra vez, llega después.

Datos clave:

  • 210 asesinatos (2021-2024)
  • Disputa entre Cártel de Sinaloa (Los Salgueiro) y La Línea
  • 151 homicidios en 2024
  • + 20 % respecto al año anterior
  • +500 desplazados desde 2023
  • La mitad son niños y niñas
  • Comunidades abandonadas: Dolores, San Jerónimo, La Sierrita, Crucecitas, San Ignacio de los Sotelo

Hechos recientes

  • Emboscada al Ejército en El Pinito
  • Drones con explosivos
  • Sacerdote herido, misas suspendidas
  • 150 sicarios tomaron la cabecera municipal en julio

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