La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (Ugrch), que agrupa a más de medio centenar de organismos privados del sector pecuario estatal, incluido el de Ciudad Juárez, manifestó “preocupación fundada” por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de impedir que la autoridad estatal mantenga revisiones al ganado que ingresa al estado desde el centro y sur del país.
Las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado, habían sido anunciadas y acordadas con la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el presidente de la Ugrch, Álvaro Bustillos, desde noviembre de 2024.
“Estas acciones buscaban proteger el estatus sanitario estatal y nacional, así como la viabilidad económica de un sector exportador estratégico; sin embargo, dichas medidas fueron objetadas por el Gobierno Federal y, derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se retiraron al estado las facultades para realizar estas inspecciones”, señaló el organismo privado en un comunicado.
Debido a la acción tomada por el Gobierno Federal, entre los ganaderos de Chihuahua hay una “preocupación fundada” -se indicó en el boletín- porque se limitan “herramientas preventivas” que han sido “clave para proteger la sanidad, evitar riesgos a la salud pública y preservar la economía del sector”.
El problema de fondo fue que, de acuerdo con la resolución de la Corte, las acciones del Gobierno del Estado fueron inconstitucionales, es decir, que dicha autoridad invadió facultades exclusivas del Gobierno Federal, para proteger el ganado.
La decisión de la Corte se conoció el miércoles pasado, cuando el ministro Irving Espinoza Betanzos, presentó un proyecto derivado de una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dicha controversia atacó el acuerdo que había emitido la Gobernadora Campos, porque “invadía facultades de vigilancia y verificación que son exclusivas de la autoridad federal”.
El origen del mal
Luego de que se presentaron casos de gusano barrenador en el país y que el Gobierno de los Estados Unidos suspendió el acceso de ganado mexicano por sus fronteras, la autoridad estatal instaló puntos de verificación e inspección de ganado, productos y subproductos pecuarios en distintos puntos de la entidad, no solo para garantizar la procedencia legal del ganado que ingresara a territorio chihuahuense.
El punto más relevante de las medidas -se informó- estaba relacionado con cumplir estándares similares a los que impone el gobierno estadounidense, para de esa manera proteger la exportación de ganado chihuahuense.
Esa medida, de acuerdo a la decisión de la Corte, fue ilegal.
Aunque el Gobierno del Estado había implementado filtros de sanidad e inspección zoosanitaria, con un objetivo preventivo de verificar que el ganado proveniente de otras entidades, que transita por el estado, no representara un riesgo sanitario, particularmente frente a la propagación del gusano barrenador, dichas acciones estaban fuera de su ámbito de competencia.
En el posicionamiento enviado anoche a Norte Digital por el presidente de la Unión, Álvaro Bustillos, se explicó que lo que ellos buscaban era proteger el estatus sanitario estatal y nacional, así como “la viabilidad económica de un sector exportador estratégico”.
En el documento compartido por Bustillos, con la rúbrica de 51 asociaciones locales de ganaderos, se reiteró el respeto al marco legal vigente.
Que se reconozca la experiencia técnica
También se planteó como “indispensable” fortalecer la coordinación entre la Federación, el Estado y el sector ganadero organizado, pero “incorporando la experiencia técnica de quienes por generaciones hemos cuidado la sanidad del hato nacional”.
El planteamiento fue enfático al referir que persiste una seria preocupación y un compromiso por la contingencia nacional que provoca la presencia del gusano barrenador del ganado.
“Es una amenaza real para la actividad pecuaria, la salud pública, la economía de nuestro país y la seguridad alimentaria de México”, se indicó.
El despacho de prensa de los ganaderos recordó que Chihuahua cuenta con un estatus sanitario reconocido a nivel internacional, construido a lo largo de más de cinco décadas de trabajo continuo.
Particularmente se refirió al control y erradicación de tuberculosis bovina y brucelosis, enfermedades zoonóticas que representan riesgos directos para la salud humana, y también a la prevención del gusano barrenador.
Esta última es, se explicó, una tercera amenaza sanitaria con impacto también en personas, ya presente en México y Centroamérica.
Carne de alta calidad para vender en Estados Unidos
En ese sentido, el documento enviado a medios recordó que, gracias a su disciplina sanitaria, los ganaderos de Chihuahua lograron acceso inmediato a mercados internacionales, especialmente el de los Estados Unidos.
Puntualizó que durante más de cuatro décadas se ha impulsado “una evolución genética orientada al mercado”.
“Producimos lo que el mercado demanda, no vendemos únicamente lo que se produce”, se indicó en el texto.
Esa visión, enfatizó el posicionamiento, les ha permitido generar carne de alta calidad, competitiva a nivel mundial, y sustento para miles de familias rurales.
Es por eso que, agregó, la atención de la contingencia exige prevención estricta y coordinación efectiva, particularmente ante los riesgos que representa la movilización de ganado y la introducción de carne.
El documento fue firmado por asociaciones ganaderas de municipios como Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Jiménez, Camargo, Ascensión, Ahumada, Bachíniva, Balleza, Buenaventura, Carichí, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Coyame.
Se incluyeron además organismos ganaderos de Cusihuiriachi, Belisario Domínguez, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guazapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera, Matachic, Meoqui, Morelos, Namiquipa, Nonoava, Ojinaga y Práxedis G. Guerrero.
También signaron el documento asociaciones de Urique, Riva Palacio, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Santa Barbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo
