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homicidio

La indignación y el dolor marcaron este lunes a la comunidad educativa y a la población de Guachochi, luego del asesinato del profesor Luis Ever, maestro de la primaria Timoteo Martínez, quien perdió la vida durante un ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en la región serrana.

De acuerdo con información publicada por El Monitor de Parral, el docente fue atacado junto con su familia cuando un grupo de delincuentes confundió el vehículo en el que viajaban con el de un grupo rival.

El profesor fue una de las víctimas del ataque perpetrado en Guachochi el 26 de octubre pasado, cuyo saldo, hasta este lunes es de cinco personas asesinadas: Alicia B. T., de 43 años; Roberto R. R., de 39; además del propio Luis Ever, y otras dos personas del sexo masculino que permanecen sin identificar. En otro punto de la zona, la FGE Zona Sur encontró los cuerpos de dos víctimas más.

El ataque dejó además siete personas heridas, entre ellas un bebé de dos años.

El hecho desató un profundo reclamo ciudadano ante la violencia y la impunidad que prevalecen en el municipio.

“El miedo dicta el toque de queda de nuestras familias”

A través de una carta abierta difundida en redes sociales, el profesor Javier González, director de la primaria Timoteo Martínez, expresó su indignación por el crimen y el sentimiento de desprotección que se vive en la sierra.

“Qué impotencia da saber que estamos desprotegidos por quienes deberían cuidar al pueblo y a la ciudadanía.

La noche de ayer la verdad se impuso con una crudeza insoportable; múltiples personas perdieron la vida y perdimos a un pilar de nuestra comunidad, arrebatado por la brutalidad de un grupo del crimen organizado”, dijo.

“Minimizar los hechos es trivializar la muerte de nuestro profesor y el sufrimiento de cada persona herida. La paz no se decreta; se construye con seguridad, y la seguridad comienza con el reconocimiento honesto del problema.”

El director advirtió que “la sierra, que debería ser un refugio de cultura y naturaleza, se ha convertido en una zona de disputa donde el miedo dicta el toque de queda de nuestras familias”, y que la muerte del maestro Luis Ever representa el símbolo trágico del fracaso de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora.

Docentes y ciudadanos exigen respuestas

En respuesta al crimen, un contingente de alrededor de un centenar de maestros y directivos del subsistema estatal, federal e indígena se manifestó frente a la Presidencia Municipal de Guachochi, reportó El Monitor de Parral.

Con cartulinas que decían “Ninguna vida más por la violencia” y “Exigimos poder vivir en paz”, los docentes realizaron una protesta pacífica vigilada por elementos del Ejército, quienes inicialmente les pidieron retirarse, aunque finalmente permitieron el acto tras un breve diálogo.

Durante la manifestación, el alcalde José Miguel Yáñez estableció comunicación con los participantes y acordó integrar un comité de siete profesores para sostener una reunión con él en su despacho.

De forma paralela, decenas de ciudadanos se congregaron a las afueras de la funeraria Guemar, donde fueron veladas las víctimas del ataque. Este lunes al mediodía se programó una misa de cuerpo presente en memoria del profesor Luis Ever, cuyo cuerpo será trasladado a la comunidad de Cieneguitas, de donde era originario.

Operativo y hallazgos

Mientras la población exigía justicia, la Policía Estatal desplegó un operativo en la zona serrana, en el que aseguró dos vehículos —uno de ellos con blindaje artesanal— y dos armas largas.

Entre las unidades incautadas se encuentra una camioneta Cherokee negra, modelo 2011, con número de serie alterado, localizada a corta distancia de donde se presume que operaban integrantes de un grupo criminal.

El aseguramiento, forma parte de los patrullajes iniciados tras la ola de violencia registrada durante el fin de semana, que ha dejado múltiples víctimas en la región sur del estado.

La carta del profesor Javier González, convertida en un manifiesto ciudadano, resume el sentir de una región que clama por justicia y por el derecho más básico: vivir sin miedo.

El periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años, fue asesinado en Durango. Su cuerpo, con signos de violencia, fue encontrado envuelto en una cobija sobre la carretera Durango–Mazatlán, en el poblado Río Chico, junto a un mensaje intimidatorio que decía: “Por andar levantando falsos a la gente de Durango”, según reportes de la prensa local.

El comunicador había sido reportado como desaparecido desde el 23 de octubre, cuando fue visto por última vez por su hijo. Dos días después, fue localizado sin vida, confirmando uno de los crímenes más recientes contra la prensa mexicana en 2025.

Beltrán tenía una amplia trayectoria en medios locales como Contexto y La Voz de Durango, y en años recientes amplió su presencia en redes sociales. En TikTok se identificaba como El Capo y en Facebook mantenía la página La Gazzeta Dgo, desde donde publicaba denuncias sobre violencia, corrupción y presencia del crimen organizado en la región.

La SIP exige que el crimen no quede impune

Desde Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un pronunciamiento en el que condenó enérgicamente el asesinato y exigió a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos.

“En este momento de dolor y consternación, extendemos nuestra solidaridad a la familia, colegas y amistades de Miguel Ángel Beltrán. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que su asesinato no quede en la impunidad”, expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP y del grupo de medios Evening Post Publishing, de Charleston, Carolina del Sur, EU.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó la necesidad de investigar si el asesinato estuvo relacionado con su trabajo periodístico.

“Dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en asuntos de interés público y denuncias relacionadas con el crimen organizado, es necesario considerar esa línea de investigación desde el inicio”, señaló.

Un nuevo golpe a la libertad de prensa

Beltrán también fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Durango. Su asesinato se suma a una larga lista de crímenes contra periodistas en México, considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

La SIP recordó que ha documentado un patrón de impunidad y desprotección que agrava la vulnerabilidad del gremio, especialmente entre quienes investigan temas relacionados con el crimen organizado o irregularidades en gobiernos locales.

“Cada periodista asesinado representa una voz silenciada y una sociedad menos informada. Es urgente que este crimen no quede sin castigo”, concluyó la organización hemisférica.

Abraham Alejandro F.D., presunto homicida de su hijastro Jasiel Giovanny, permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de la ciudad de Chihuahua, pese a los reclamos de organizaciones y diputados locales que exigen su traslado al Cereso No. 1, destinado a varones.

Este viernes, el presunto infanticida compareció en una audiencia celebrada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, con el propósito de ampliar las investigaciones del caso.

Durante la diligencia, el imputado sostuvo un careo con la madre de la víctima. Sin embargo, fuentes de la FGE confirmaron que la audiencia no tuvo por objeto modificar la medida cautelar, por lo que Abraham Alejandro permanecerá en el Cereso femenil.

La noche del 2 de julio de 2025, la madre del menor reportó la desaparición de Jasiel Giovanny, de 8 años, quien supuestamente había salido a jugar a un parque del Circuito Maniqueo, en la colonia Jardines de San Agustín, donde vivía con su madre y su padrastro.

La FGE emprendió un operativo de búsqueda desde esa misma noche, en el que participaron brigadas comunitarias y se emplearon drones para localizar al niño.

Fue hasta la tarde del 3 de julio cuando se localizó el cuerpo sin vida de Jasiel Giovanny, dentro de una bolsa de plástico en un terreno baldío.

En ese momento, la FGE detuvo a Abraham Alejandro como presunto responsable de omisión de cuidados, ya que el niño se encontraba bajo su custodia mientras la madre trabajaba.

Un día después, el fiscal César Jáuregui Moreno confirmó que la víctima había sido agredida sexualmente y asesinada a puñaladas.

Abraham Alejandro F. D., de 24 años, pareja sentimental de la madre del niño, fue señalado como principal sospechoso y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de homicidio agravado y violación.

Ese mismo día, se informó que la medida cautelar impuesta contemplaba su reclusión en el Cereso Femenil, debido a que, biológicamente, el imputado es una mujer.

¿Cereso varonil o femenil?

El 16 de julio, un grupo de madres de familia se manifestó en la Torre Legislativa del Congreso del Estado para demandar que Abraham Alejandro fuera recluido en el Cereso No. 1, y no en el femenil.

Las manifestantes argumentaron que, aunque biológicamente es mujer, el imputado vivía y se identificaba como hombre, por lo que debía ser tratado como tal ante la ley.

El movimiento coincidió con la presentación de una iniciativa del diputado Francisco Sánchez Villegas (MC) para reformar la legislación penal y evitar la liberación anticipada de criminales peligrosos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, declaró en conferencia de prensa que el traslado al Cereso Femenil se realizó por determinación judicial, y aclaró que el imputado permanece aislado del resto de la población penitenciaria.

El 18 de julio, la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar el traslado del autor del crimen al Cereso 1.

“El homicida del niño Jasiel Giovanny vivía como hombre y así debe ser juzgado”, expresó el diputado Carlos Olson (PAN) durante la sesión.

No obstante, tras la audiencia celebrada en la Fiscalía Zona Centro, Abraham Alejandro F. D. fue regresado al Cereso Femenil, donde continuará su reclusión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Fernando “El Chino” Ramírez Gutiérrez, hermano del diputado priista y actual presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez Gutiérrez, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa ocurrido en la ciudad de Hidalgo del Parral.

La audiencia de vinculación se llevó a cabo el pasado martes 7 de octubre y se prolongó por más de siete horas, hasta que el juez de control Elmer Lerma Fontes dictó la medida cautelar por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas.

Ramírez Gutiérrez fue detenido en Hidalgo del Parral después de protagonizar un ataque armado en una funeraria de esa ciudad, en el que resultaron heridos dos abogados locales.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, los hechos ocurrieron la noche del sábado 29 de septiembre en el interior de una funeraria donde se velaba a una persona identificada como Eloy Soto Payán, ganadero de la región.

Durante la ceremonia, Fernando Ramírez habría sostenido una acalorada discusión con el propio Soto Payán, a quien presuntamente retó a “salir para arreglar asuntos pendientes”.

Momentos después, según testigos, Ramírez Gutiérrez extrajo un arma de fuego y disparó contra los presentes, hiriendo a los abogados Héctor Villasana y Enrique Muñoz, quienes fueron trasladados a un hospital con lesiones en un brazo y una pierna, respectivamente.

En el lugar del ataque, los agentes aseguraron una pistola calibre .22 con ocho cartuchos útiles, presuntamente utilizada en la agresión. Tras intentar huir, el agresor fue detenido en la azotea de un negocio de flores cercano, luego de un operativo conjunto entre la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado.

La autoridad ministerial informó que Fernando Ramírez enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas, por lo que un juez de control le dictó prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez Gutiérrez, presidente del Congreso del Estado, emitió un posicionamiento público en el que se deslindó de los hechos.

“La investidura que hoy represento está totalmente aparte de los hechos que ocurrieron. Confío en que las autoridades realicen su trabajo conforme a derecho”, declaró el legislador priista.

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