homicidio

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo una sentencia condenatoria de 134 años y 6 meses de prisión, dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Benito Juárez en contra de Manuel Abelardo D. S., y José Alfredo A. R., por los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, demostró de manera contundente la comisión de estos delitos cometidos a Jaime Gerardo C. V., y a los hermanos Marcos G. P., y Merced G. P., se informó a través de un comunicado de prensa.

Se dio a conocer que por medio de las investigaciones ministeriales se estableció que, el 10 de marzo del 2023, los ahora sentenciados y otros sujetos, llegaron al rancho El Alto, ubicado por la carretera Cuauhtémoc- Carichí.

Ya en el lugar, privaron de la vida al propietario y a dos de sus trabajadores, para luego apoderarse de una pick up, Volkswagen, Amarock y un vehículo Jeep, Cherokee.

Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron encontrados el mismo día, a la altura del Puente Pampas, en el kilómetro 110 de la carretera Cuauhtémoc-La Junta, con heridas producidas por armas de fuego, añade el reporte oficial.

A través de la investigación de estos hechos delictivos se identificó e individualizo la participación de Manuel Abelardo D. S., y de José Alfredo A. R., obteniéndose una orden de aprehensión que se les cumplimentó en junio de 2023 y se procedió penalmente en su contra, se indicó.

En el juicio oral fueron declarados penalmente responsables y tras dictarse el fallo condenatorio, ayer viernes, en la audiencia de individualización de sanciones, recibieron la sentencia de 134 años y 6 meses de prisión que purgarán en prisión, agrega el reporte.

Además, deberán hacer el pago por la reparación del daño por una cantidad de 3 millones 148 mil 939 pesos, concluye el comunicado.

El homicidio de Miroslava Breach Velducea sigue impune, porque el gobierno anterior no procedió contra los actores políticos involucrados en el crimen, quienes incluso ocuparon cargos públicos en la administración anterior, afirmó Rosa María Breach, hermana de la periodista asesinada el 23 de marzo del 2017.

En el aniversario número 8 del asesinato de Miroslava Breach Velducea, Rosa María, su hermana, demandó que se continúe con el proceso y que las autoridades aprehendan a todos los autores materiales e intelectuales de ese hecho, incluidos los dos miembros de la dirigencia del Partido Acción Nacional que participaron en ese entramado.

“Nos dimos cuenta que las autoridades de Chihuahua, si bien señalaron desde un principio que sí era un crimen de narcopolítica, pero curiosamente no abrieron ninguna línea de investigación que involucrara actores políticos”, exclamó Rosa María Breach.

“Muy por el contrario, los personajes políticos involucrados que desempeñaron puestos de gobierno, sin lugar a dudas, fueron protegidos por el entonces gobernador que se decía, “Amigo de Miroslava”, expresó, en una obvia referencia al exgobernador Javier Corral, en cuyo período de gobierno ocurrió el homicidio.

En un discurso pronunciado en el exterior del Palacio de Gobierno, junto a la placa conmemorativa de Miroslava Breach, en la banqueta de la calle Libertad, la hermana de la periodista recordó que el 15 de junio del 2021, a más de 4 años del asesinato de Miroslava, fue sentenciado el ex presidente municipal de Chínipas, Hugo Amhed Shultz,

Eso fue posible, afirmó, gracias a que aceptó los hechos de la acusación que le hacía la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno a su responsabilidad penal por haber grabado una llamada telefónica que tuvo Miroslava con el entonces vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, donde confirmaba los nexos de candidatos postulados por ese partido y por el PRI con organizaciones delictivas.

En ese sentido, se refirió a la defensa que ha esgrimido Shultz, en el sentido de que fue torturado y por eso aceptó su culpabilidad:

“Este personaje argumenta que fue torturado, (pero) no ha podido probar su dicho”, enfatizó Rosa María Brecah.

Tras asegurar que lo único que busca el exalcalde sentenciado es burlar la justicia mediante ese alegato, “pero qué mayor tortura que la muerte de una periodista, una tortura familiar que nos priva de su presencia, una tortura social que nos quita el derecho a la información y nos encierra en el silencio”, dijo.

“Como familia como sociedad, tenemos confianza en que ha de cumplir su sentencia y así lo exigimos. Como familia exigimos que ese personaje nefasto cumpla su sentencia total de 8 años y más si se puede”, concluyó.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración interinstitucional con Fiscalía General del Estado (FGE) y elementos de la Policía Municipal, llevaron a cabo la detención de dos sujetos identificados como Jaime Israel R. G. y Daniel Omar J. E., por la supuesta comisión del delito de privación de la libertad.

Los hechos ocurrieron el 12 de marzo, cuando a través de la video vigilancia en el municipio de Chihuahua se detectó a un vehículo tipo camioneta de color negro, el cual previamente había sido observado participando en el delito antes mencionado.

Los agentes policiales, al detectar la unidad sobre la avenida Sacramento, le dieron alcance inmediato, detectando al interior a los sujetos, quienes al percatarse de la presencia policial aceleraron para dar comienzo a una persecución en dirección sur a norte.

El personal policial dio alcance a los supuestos responsables, quienes se detuvieron a la altura del panteón municipal No.3 para posteriormente emprender la huida flagrante a pie, pero fueron alcanzados por los agentes para proceder con el arresto inmediato.

Durante la intervención interinstitucional con la Fuerza Especial SWAT, Policía Municipal y Agencia Estatal de Investigación, se localizó al interior del vehículo el cuerpo de un hombre sin vida sobre el asiento trasero, asimismo, Jaime Israel y Daniel Omar portaban consigo un arma de fuego con un cargador y 10 cartuchos útiles.

Lo anterior derivó en el arresto del par, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso e indagatorias correspondientes.

(Comunicado)

El exalcalde de Chínipas, el panista, Hugo Amed Shultz Alcaraz, sentenciado como auxiliador en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo de 2017, solicitó el beneficio de libertad condicionada.

Esto significa que no se le exentará de la pena que le fue impuesta, sino que continuará su sentencia fuera de la cárcel, informó Sara Mendiola, representante legal de la familia de Breach y directora de Propuesta Cívica.

El próximo lunes 3 de marzo a las 11:30 de la mañana la petición será atendida en una audiencia gestionada en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, de acuerdo con la notificación enviada el miércoles 19 de febrero a las abogadas de la familia de la periodista.

El procedimiento está registrado con el número 265/2024 dentro del expediente de Solicitud de Inicio de Procedimiento de Ejecución (SIPE) 2006/2021.

De acuerdo con Mendiola, la diferencia entre libertad condicionada y libertad anticipada, radica en que la primera permite que el inculpado continúe con la pena privativa de su libertad fuera del Centro de Readaptación Social (Cereso).

Lo anterior bajo supervisión de autoridad judicial y “cumpliendo con un esquema de obligaciones que el juez de ejecución le imponga en la audiencia”.

La libertad anticipada -que no es el caso- es la extinción de la pena de prisión, es decir, liberaría al sentenciado de sus obligaciones.

Shultz Alcaraz fue detenido en diciembre de 2020 y sentenciado en junio de 2021 a 8 años de prisión, por su participación en la trama que terminó con el asesinato de la reportera.

Fue alcalde de Chínipas en el periodo 2023 a 2016 por el Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), él habría entregado a uno de los asesinos, Juan Carlos Moreno Ochoa alias el Larry, la grabación de la llamada en la que Miroslava se negaba a revelar fuentes de información.

Dicha grabación habría servido de prueba para que el capo del grupo delictivo conocido como Los Salazar, José Crispín Salazar Zamorano, ordenara su asesinato, según la teoría del caso presentada por la Feadle.

Shultz aceptó en su declaración haber entregado esa grabación a los maleantes, sin embargo, unos años después en una entrevista con un medio estadounidense, dijo que actuó bajo amenazas.

Con todo y haber alegado amenazas en esa declaración mediática, el también profesor y ex funcionario de la Secretaría de Educación de Chihuahua, firmó una disculpa pública el día de su sentencia, 15 de junio de 2021, en la que lamentaba que sus acciones hubieran derivado en el homicidio.

“Lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio”, afirmó.

Una trama oscura revelada por Miroslava

En noviembre de 2016, recién electo el entonces gobernador Javier Corral Jurado, Breach delineó en la columna Don Mirone de Periódico Norte de Ciudad Juárez una visita de Shultz a Palacio de Gobierno en Chihuahua.

Antes, con la publicación de reportes sobre narcopolítica, la periodista habría causado que el PRI bajara de la candidatura a quien sustituiría a Schultz, Juan Miguel Salazar Ochoa alias Juanito.

En su lugar fue puesto otro candidato aliado de Los Salazar, el médico Jesús Ramón Quinto Agramón Varela, quien finalmente fue electo.

Al periodo siguiente la historia volvió a repetirse con la elección de Salomé Ramos Salmón, cuyos periodos de gobierno de 2018 a 2024, se vieron bajo el ojo público cuando se difundió que el grupo criminal había financiado la construcción de una escalinata en el pueblo.

La grabación de la llamada telefónica entre Miroslava y el vocero del PAN Alfredo Piñera, fue el elemento que usó la Fiscalía para señalar la participación de Hugo Schultz.

También fue un eslabón para documentar como los carteles del narcotráfico incidían en procesos electorales de municipios de la sierra.

En la historia de los últimos ocho años, el caso Miroslava ha dejado en claro que el asesinato fue por su labor periodística y que quienes la mataron pertenecían al grupo criminal que tiene su base en Chínipas.

Además se ha develado que dicha organización continúa activa y que por parte de las autoridades federales, están pendientes de ejecutar al menos dos órdenes de aprehensión contra el autor intelectual y otro cómplice del crimen.