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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reaprehendieron el pasado 15 de abril a Bertha Olga Gómez-Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, luego de que autoridades migratorias de Estados Unidos suspendieran la fianza que le había permitido recuperar su libertad días antes.

De acuerdo con información difundida por la cadena Telemundo, la decisión fue tomada el mismo día por la Junta de Apelaciones de Inmigración, que aprobó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para pausar la resolución de un juez que había concedido la libertad bajo fianza.

Además, el Gobierno estadounidense interpuso una apelación que permanece en proceso, lo que mantiene vigente la detención de Gómez-Fong.

El caso tuvo un giro en cuestión de días. El 8 de abril, un juez de inmigración en El Paso le otorgó el beneficio de la fianza migratoria, la cual fue cubierta el 10 de abril, permitiendo su salida del centro de detención.

Tras su liberación, fue inscrita en el programa de Alternativas a la Detención, un esquema de supervisión para personas en proceso migratorio.

Sin embargo, con la suspensión de esa resolución, agentes de ICE procedieron a su reingreso bajo custodia, donde permanece actualmente mientras continúa su proceso ante autoridades migratorias.

De acuerdo con registros oficiales, Gómez-Fong ingresó por última vez a Estados Unidos en noviembre de 2016, a través del aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, utilizando una visa de turista B1/B2.

Dicho documento venció en mayo de 2017, por lo que al permanecer en territorio estadounidense después de esa fecha, incurrió en una violación a las condiciones de su estancia migratoria.

Autoridades del estado de Chihuahua han confirmado que la esposa del exmandatario estatal enfrenta en México una orden de aprehensión vigente, relacionada con un presunto delito de lavado de dinero, además de otras investigaciones por corrupción vinculadas a la administración de César Duarte.

Incluso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente su deportación a México, con el objetivo de que enfrente dichos procesos judiciales.

Actualmente, Gómez-Fong permanece bajo custodia de ICE en El Paso, en tanto se resuelve la apelación presentada por el gobierno estadounidense y se define su situación migratoria.

El caso se desarrolla en paralelo a las gestiones del Gobierno mexicano para lograr su eventual entrega, en un contexto marcado por los procesos judiciales abiertos contra el exgobernador César Duarte y su círculo cercano.

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, habría quedado en libertad tras casi un mes de permanecer detenida en un centro migratorio del ICE en la ciudad de El Paso, Texas.

En el portal oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) ya no aparece el nombre de Gómez Fong en las listas de las personas detenidas por tener una situación migratoria irregular.

La expresidenta del DIF estatal quedó detenida y bajo custodia del ICE desde el pasado 25 de marzo durante una revisión migratoria, derivada de una presunta situación irregular en su estancia en Estados Unidos.

Tras su detención, Gómez Fong fue trasladada a un centro de procesamiento migratorio, donde permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Aunque su detención en El Paso se debió a razones migratorias, en México existen al menos dos órdenes de aprehensión en su contra que datan desde el año 2020, por su presunta participación en esquemas de corrupción y desvío de recursos públicos durante la administración estatal 2010–2016.

El 27 de marzo, César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado, informó que la dependencia a su cargo contaba con dos órdenes de aprehensión en contra de Bertha Gómez: una por robo y otra por cohecho.

No obstante, y aunque las órdenes tenían ya seis años de antigüedad, pues se generaron en el 2020, no hay una petición de extradición al gobierno de los Estados Unidos, país donde ha fincado su residencia desde el final de la administración de su esposo.

HOUSTON, Texas. – Dos hombres iraníes convertidos al cristianismo, identificados con los seudónimos Mehran y Amin por razones de seguridad, permanecen detenidos desde diciembre de 2025 en el Centro de Detención Contractual de Houston por parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).

Conforme a la información dada a conocer por Houston Public Media News 88.7, según su pastor, Blaine Hooper de la iglesia Refuge Church en el suroeste de Houston, uno de ellos, Mehran, se encuentra en peligro inminente de ser deportado a Irán, donde podría enfrentar la pena de muerte por apostasía (renuncia de la fe religiosa que profesaba) y por haber participado en una red que distribuía material cristiano en el país.

“Mehran formaba parte de una red de cristianos que durante varios años llevaron el mensaje del Evangelio a Irán desde países vecinos”, declaró Hooper.

Bajo la ley de apostasía de la República Islámica de Irán, la conversión del islam al cristianismo puede ser castigada con prisión o incluso la ejecución.

Los dos hombres se presentaron en la frontera sur de Estados Unidos durante la administración Biden, solicitaron asilo por temor a persecución religiosa y fueron liberados tras un proceso de vetado.

Posteriormente obtuvieron permisos de trabajo, laboraron y cumplieron con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, fueron detenidos en diciembre pasado cuando acudieron a una revisión rutinaria de su caso de asilo.

Hooper señaló que, hasta donde se sabe, ninguno de los dos tiene antecedentes penales. “Ni siquiera una multa de estacionamiento”, afirmó.

En marzo de 2026, Mehran tuvo una audiencia de méritos que, según el pastor, duró menos de 10 minutos. El juez ordenó su deportación.

Su abogado apeló la decisión, pero el plazo para cumplir la orden se acerca rápidamente. Hooper criticó: “El juez dictaminó deportarlo a un país que actualmente estamos bombardeando”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que ambos hombres cruzaron la frontera de forma irregular (Mehran en 2024 y Amin en 2023) y fueron liberados bajo políticas de la anterior administración.

DHS también indicó que un juez de inmigración declaró a Mehran “removible” en noviembre de 2025.

El caso ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, que ha priorizado el cumplimiento estricto de las leyes de inmigración, incluyendo contra solicitantes de asilo.

Ambos hombres continúan recluidos en el Centro de Detención por Contrato de Houston. Sus abogados y la comunidad de Refuge Church piden que se revise su situación, argumentando que regresarlos a Irán equivaldría a una sentencia de muerte por su fe cristiana.

La expresidenta del DIF estatal e Chihuahua, Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte Jáquez, permanece detenida en el Centro de Procesamiento de El Paso, en donde se definirá su situación migratoria.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso llevaron a cabo la aprehensión, aunque el portal informativo de ese organismo aún no publica información relativa al tema.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses y nacionales, la detención ocurrió el 25 de marzo y la ex presidenta honoraria del DIF estatal fue trasladada a un centro de procesamiento migratorio en El Paso, donde su caso se analiza bajo procedimientos administrativos.

La detención fue realizada por autoridades migratorias estadounidenses, por lo que inicialmente el procedimiento se tramita en el ámbito migratorio y no penal.

Esto significa que su situación jurídica inmediata dependerá de aspectos como la verificación de su estatus migratorio; la existencia de órdenes judiciales vigentes

posibles solicitudes de autoridades mexicanas y la decisión administrativa de ICE

Cabe mencionar que Gómez Fong contaba con una orden de aprehensión librada el 25 de agosto de 2020 por un juez de control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua.

El mandamiento judicial está relacionado por su presunta participación en el manejo irregular de recursos públicos, dentro de investigaciones derivadas del gobierno de Duarte.

Tras la emisión de la orden, la exprimera dama promovió un amparo federal para evitar su detención, lo que mantuvo el caso sin ejecución durante varios años, mientras ella permanecía fuera del país.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la presentación de cargos penales en Estados Unidos.

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