La sustracción de medicamentos oncológicos destinados a pacientes con cáncer derivó en la vinculación a proceso de un exfuncionario del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), tras una investigación iniciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix, informó que fueron auditores de campo quienes detectaron irregularidades en la cuenta pública 2021, al encontrar recetas médicas para tratamientos contra cáncer de mama por un monto de 107 mil 870 pesos, prescritas a un servidor público que no tenía historial oncológico.
El implicado, identificado con las iniciales A.V.CH., se desempeñaba como coordinador estatal de almacenes y farmacias del ICHISAL.
Pese a no presentar ninguna condición médica que justificara el tratamiento, obtuvo medicamentos altamente especializados y en dosis que no corresponden a los protocolos médicos establecidos.
Recetas sin sustento médico
Las sospechas se confirmaron tras la revisión del expediente clínico y entrevistas con el director del Centro Estatal de Cancerología de Servicios de Salud de Chihuahua.
El especialista señaló que los medicamentos detectados están destinados principalmente a pacientes con cáncer de mama y, en algunos casos, cáncer infantil, y que su aplicación suele ser cada una o hasta cada tres semanas, no de forma diaria como ocurrió en este caso.
Además, subrayó que no existía justificación médica para la prescripción de dichas dosis.
Para la Auditoría Superior, el caso evidencia cómo el desvío de recursos puede impactar directamente a los sectores más vulnerables.
“Es necesario evitar que se vuelvan a sustraer medicamentos tan delicados e indispensables para pacientes que en verdad los necesitan”, señaló Acosta Félix.
De auditoría a proceso penal
Tras integrar el expediente, la ASE presentó en marzo de 2023 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
El Ministerio Público logró judicializar el caso por el delito de peculado agravado, lo que derivó en la reciente vinculación a proceso del exfuncionario, luego de ejecutarse la orden de aprehensión.
De manera paralela, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinó que el exservidor público incurrió en una falta administrativa grave por desvío de recursos públicos.
Como sanción, se le impuso la suspensión de su cargo por 90 días y el pago de una indemnización por 107 mil pesos.
El Auditor Superior indicó que confía en que las instancias correspondientes darán seguimiento al caso con apego a derecho y destacó que este tipo de acciones envían un mensaje sobre las consecuencias de la corrupción.
