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Por mayoría, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó aplicar una multa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 97 millones 916 mil 665 pesos a causa de los desvíos de recursos públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua hacia ese instituto político, durante el 2015.

El consejero Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, afirmó que había “muchos indicios concatenados” para corroborar que el PRI de Chihuahua recibió entregas de dinero en efectivo del gobierno estatal por 39 millones 166 mil 666 pesos.

Mencionó que el entonces secretario de Finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero, era el encargado de recibir esas ministraciones de recursos públicos, mismos que se destinaban a pagar sueldos de dirigentes de 65 comités municipales de dicho partido en el estado.

El asunto inició por una vista que dio la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihua en el año 2018, cuando dicha dependencia detectó la salida de dinero que terminaba en la secretaría de Finanzas del PRI, agregó.

Luego de que la representación del partido tricolor en el INE solicitara que el dictamen regresara a Comisión por considerar que no había pruebas suficientes para demostrar que el dinero sustraído de las arcas del gobierno de Chihuahua llegó a su institución, el consejero respondió que había evidencias, “y muchas”.

“Se acreditó plenamente que la Secretaría de Hacienda entregó en el año 2015 al representante de finanzas (Pedro Mauli Romero Chávez) 39 millones 166 mil 666 pesos”, dijo.

“Está bien acreditado la calidad del secretario de finanzas del Comité del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez; de eso no hay duda”.

“Están también acreditadas las entregas en efectivo que se realizaban mensualmente en las instalaciones de la tesorería estatal, previa firma de un recibo simple del secretario de finanzas”, continuó el consejero.

Mencionó que existen pruebas de que se usó para el pago de sueldos de 65 presidentes de comités municipales.

“Este hecho fue declarado por el secretario de finanzas del PRI en el estado. No son meras especulaciones, se trata de una cadena de hechos probados y algunos indicios que, concatenados, brindan pruebas es una investigación amplia, muy completa, cuyos hallazgos no han sido desvirtuados”.

Tras dos rondas de discusión, donde la representación del PRI pidió que la Comisión de Fiscalización conociera primero la denuncia de tortura que ha interpuesto su extesorero en contra de Francisco González Arredondo, el fiscal anticorrupción que llevó la investigación, el Consejo General aprobó con nueve votos a favor y dos en contra el dictamen en el que se establece la sanción.

El Consejo General del INE analizará la tarde de este lunes 27 de marzo imponer una sanción al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 96 millones 916 mil 665 pesos.

La sanción se debe a las aportaciones que recibió de manera directa de parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado en la administración de César Duarte Jáquez, por una suma de 39 millones 166 mil 666 pesos.

La cantidad que el INE le retendrá al PRI nacional equivale al 25% de la ministración mensual por concepto de financiamiento público, para el sostenimiento de actividades permanentes hasta completar la cifra de 96.9 mdp.

El proyecto del Instituto Nacional Electoral (INE) señala que el PRI llevó a cabo una operación ilegal “con dolo” para evitar la fiscalización de esos recursos, toda vez que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado los entregó en efectivo.

En el resolutivo que se votará este lunes, se establece que la Secretaría de Hacienda, como órgano integrante de la administración pública estatal, era una persona impedida, por normatividad electoral, para hacer entregas de recursos a un partido político.

El PRI, a su vez, no impidió la recepción de ese dinero, añade el documento.

Dichos cheques eran cobrados en efectivo por la empresa Servicio Panamericano de Protección S. A. de C. V., quien trasladaba los recursos a la tesorería estatal y se lo entregaba al tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega, quien posteriormente hacía entrega a Pedro Mauli Romero Chávez, representante de finanzas del PRI.

Guadalupe Taddei Zavala, una de las integrantes de la quinteta de candidatas a nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció en favor de mantener los conteos rápidos en las elecciones para fortalecer la paz social y la certidumbre en los resultados de los comicios.

En su entrevista con el Comité Técnico de Evaluación, la expresidenta del Instituto Electoral de Sonora (IEES) y actual presidenta del Instituto de Transparencia de esa entidad afirmó que el INE garantiza legitimidad de gobiernos, además de que “sí hay una paz que se genera en la percepción”.

“Cuando sale la autoridad y dice: ‘la tendencia es esta’, creo que empiezan a bajarse las posibilidades de que uno, dos, tres, cuatro o todos los candidatos se declaren autotriunfadores, porque es ya conocido en este momento la efectividad del conteo rápido, siendo un ejercicio científico y aparejado de todo un procedimiento en donde se puede incluso incluir pruebas o placebo, creo que es altamente efectivo para la percepción y la tranquilidad ciudadana”, subrayó.

Taddei Zavala apuntó que la imparcialidad de un instituto electoral se puede demostrar con la contundencia de los resultados, y recordó que en los tres procesos que le tocó estar al frente del IEES, ni uno se judicializó, incluso cuando se trató de alternancias.

“Estoy convencida que la alternancia la generamos por el procedimiento nosotros de garantía, pero la ciudadanía es la que castiga o premia a los gobiernos entrantes, salientes los que les toque en ese momento”, resaltó.

Aseguró que en el caso de la existencia del INE, “el gobierno nunca se ha equivocado”, pues siempre sabe que debe tener un órgano garante de los procesos electorales “porque se trata de garantizar una vía pacífica y generar gobierno legítimo, independientemente de las personas que estén en el proceso en ese momento”.

“Lo que legitimamos en el INE son gobiernos y mientras el gobierno esté más legitimado con altas tasas de participación, es lo mínimo que podemos aspirar a generar en la sociedad”, recalcó.

Sobre su trayectoria profesional en materia electoral, Guadalupe Taddei, quien tiene parentesco con el superdelegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Taddei, dijo que es una persona que se incorporó al servicio electoral hace más de 30 años.

“Mi experiencia no empieza con este gobierno, sino desde hace mucho tiempo atrás y siempre he sido una persona que antepone el servicio profesional”, enfatizó.

Para Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe responder a una “exigencia ciudadana de austeridad”, por lo que se requiere recortarlo “desde arriba”.

Durante la entrevista que le realizó el Comité Técnico Evaluador, como parte del proceso de evaluación para aspirantes al Consejo General del INE, el funcionario se desvinculó de sus hermanos Irma Eréndira Sandoval y Pablo Amilcar Sandoval, y sostuvo que siempre ha sido y seguirá siendo imparcial.

“Hay una exigencia social de austeridad y debemos encontrar la forma de eficientar los recursos, yo sí creo que podemos hacer más con menos, así lo hice en la defensoría pública donde logré una reducción en el gasto presupuestal pero mejorando la eficiencia de la institución. No puede haber funcionarios públicos que ganen más que el Presidente, sí se necesita aplicar una visión de austeridad sin afectar la operatividad, por lo que me parece que debemos recortar la parte superior del Instituto Nacional electoral, pero nunca poner en riesgo el PREP, la instalación de las casillas, la capacitación de los ciudadanos, y todos los elementos que se requieren para garantizar unas elecciones confiables”, destacó frente a las y los integrantes del comité.

Al ser cuestionado sobre sus vínculos familiares con servidores públicos, recordó que hace más de dos años que su hermana dejó la Función Pública, y aseguró que tener familiares no garantiza que se sea parcial o imparcial en el Servicio Público.

“Yo litigué incluso en contra del Congreso de La Unión, aún cuando mi hermano era diputado federal, fue un amparo porque se incurrió en una omisión legislativa porque no estaba regulado el estatus de los niños que nacen en México pero son de padres migrantes”, declaró.
Sandoval Ballesteros, agregó que en la Defensoría, litigó incluso en contra del gobierno Federal a fin liberar a migrantes en contra de las políticas del estado mexicano, e incluso, presentó denuncias en contra de la tortura.

El aspirante recordó que también trabajó en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal y fue asesor en la Fepade. Dijo que de llegar al cargo, impulsará la modernización del Instituto, a través de impulsar el voto desde el extranjero y el voto electrónico.

También detalló que está dispuesto a Permitir el voto a personas privadas de la libertad, y a promover consensos para que los partidos puedan destinar el 50% de sus prerrogativas para que se destinen a programas sociales.

“El momento que estamos viviendo nos da oportunidad de trabajar por un INE que no se limite a procesos formales, si no a someterse a mecanismos de democracia directa, quiero trabajar por una institución sólida para llegar a un nuevo estatus de nuestro mecanismo democrático”, concluyó.