inhabilitación

La mínima sanción impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa González, da un mensaje de impunidad ante actos de corrupción, afirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix.

Si no se aplican las sanciones máximas que establece la ley, se está mandando un mensaje en favor de la corrupción, y en perjuicio del trabajo de auditoría y de rendición de cuentas, afirmó el titular de la ASE.

Acosta Félix se refirió así a la inhabilitación por apenas seis meses al exfuncionario de la administración del gobernador Javier Corral Jurado, por cometer actos de conflicto de interés en operaciones por 1.36 millones de pesos.

Según lo documentó la ASE en las auditorías practicadas, Santa Rosa otorgó contratos, por la suma antes mencionada, a la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual era el secretario del Consejo de Administración, lo que le valió la sanción del TEJA.

Señaló el titular de la ASE que la ley establece la penalidad máxima, que es una inhabilitación para ocupar cargos públicos de 10 a 20 años, cuando el acto irregular equivalga a 200 Unidades de Medida de Actualización (UMA´s), que sería el caso de la falta que se le atribuye al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte.

“El TEJA impuso esa penalidad mínima porque, en el acto atribuido al exfuncionario sancionado, no hubo daño o perjuicio al erario estatal”, comentó Acosta.

Sin embargo, agregó, sí hubo un beneficio y esa sería razón suficiente para aplicarle la sanción más grave.

No sería la primera vez en la que el titular de la ASE se queja de las sanciones que aplica el TEJA a los servidores públicos que cometieron actos irregulares o desvíos de recursos públicos.

Mencionó que, a la fecha, han presentado 66 denuncias, pero de estas se han derivado únicamente seis sanciones y todas con la penalidad mínima.

En cambio, por la vía penal han presentado 70 denuncias y de éstas se han generado seis sentencias condenatorias. “Parece que tenemos más éxito con la Fiscalía Anticorrupción que con el TEJA”, señaló.

En espera de que reciban la notificación del fallo, Acosta Félix adelantó que presentará un recurso de apelación. El problema agregó, es que al no existir en Chihuahua un Consejo de la Judicatura para efectos administrativos, el TEJA será quien revise la apelación contra sí misma.

“Es increíble, pero la sanción social ha sido mucho más severa que las impuestas por la autoridad administrativa”, subrayó.

Esta ligereza en las sanciones “se traduce en un mensaje de corrupción”, advirtió.

“Si la sanción no es ejemplar el mensaje que se da, de que la sanción bien vale la pena la falta”, concluyó.