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javier corral

Un juez de control del Distrito Morelos ordenó este martes la reapertura de la investigación por presunta extorsión en contra de quien fuera consejero jurídico durante la administración de Javier Corral Jurado, Maclovio Murillo Chávez, y de su socio Carlos Emmanuel Aguirre, alias “El Meño”.

La determinación se dio luego de que un Tribunal Colegiado de Circuito concediera un amparo al exauditor superior del Estado, Jesús Esparza Flores, quien denunció haber sido víctima de extorsión.

La causa está registrada en el cuadernillo penal 2475/2021. En una etapa previa, la Fiscalía General del Estado había resuelto el no ejercicio de la acción penal, lo que derivó en que el denunciante promoviera un juicio de amparo. El tribunal federal dejó sin efectos esa determinación y ordenó reactivar las indagatorias.

El amparo que revirtió el no ejercicio penal

Durante la audiencia celebrada en las Salas de Justicia de Control del Distrito Judicial Morelos, el fallo del juez instruyó al Ministerio Público retomar la investigación y desahogar pruebas consideradas fundamentales, incluidas evidencias tecnológicas y testimoniales.

Además, precisó que, conforme al amparo concedido, la representación social no está limitada a los elementos ya señalados, sino que puede allegarse de todos los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, solicitar la vinculación a proceso.

De configurarse el delito de extorsión, los imputados podrían enfrentar penas de entre 15 y 40 años de prisión.

Las partes quedaron notificadas de que deberán mantenerse atentas a la programación de la siguiente audiencia, cuya fecha aún no ha sido definida.

Señalamientos y defensa

Al término de la diligencia, Murillo sostuvo que se defenderá y calificó la denuncia como infundada.

“Aquí estamos presentes para demostrar nuestra absoluta inocencia en estos hechos, que irresponsablemente se nos atribuyen por una persona que estuvo procesada y detenida, precisamente por saquear las arcas del estado”, declaró, en alusión al periodo en que Esparza fue vinculado a proceso por presuntos desvíos durante el gobierno de César Duarte Jáquez.

Por su parte, Esparza afirmó que existen pruebas suficientes para sostener la acusación y subrayó que los imputados acudieron a la audiencia acompañados por seis abogados.

El contexto político del caso

Jesús Esparza, quien es la parte acusadora en el caso, enfrentó causas penales por presuntos actos de corrupción cuando el entonces gobernador Javier Corral Jurado emprendió la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, en contra del exgobernador César Duarte y colaboradores, por un desfalco cercano a los seis mil millones de pesos.

Esparza fue auditor superior del Estado durante la administración de Duarte (2010–2016). Desde esa posición tenía la responsabilidad de fiscalizar el ejercicio del gasto público y revisar las cuentas del gobierno estatal.

Tras el cambio de administración en 2016, con la llegada de Javier Corral Jurado, su gestión fue incluida dentro de las investigaciones de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.

Las causas penales que se le siguieron fueron por peculado agravado (2017), por el que quedó detenido en marzo de ese año.

Además, se le imputó un presunto desvío de aproximadamente 14 millones de pesos.

La acusación sostenía que, desde la Auditoría Superior, habría facilitado o permitido irregularidades en la fiscalización de recursos estatales.

Fue vinculado a proceso y permaneció en prisión preventiva. Posteriormente obtuvo la libertad bajo medidas cautelares.

Asimismo, la Fiscalía en tiempos de Javier Corral le atribuyó omisiones deliberadas en la revisión de cuentas públicas.

Se señaló que su actuación habría permitido validar ejercicios presupuestales con irregularidades.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua aseguró un bien inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado, como parte de una investigación en curso por el delito de peculado agravado.

El inmueble corresponde a un condominio denominado “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida, y aparece registrado ante la Dirección de Catastro del Municipio de Ocampo a nombre del exmandatario.

El aseguramiento se llevó a cabo el viernes 16 de enero, en el municipio de Ocampo, cabecera de Basaseachi, por elementos de la Fiscalía Anticorrupción, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por un Juez de Control el día previo. Como parte del procedimiento, se realizó la anotación correspondiente en la clave catastral del inmueble.

De acuerdo con la información oficial, la cabaña se localiza en una zona montañosa de abundante vegetación y presenta un estilo rústico. El bien forma parte de la declaración patrimonial del hoy imputado.

El aseguramiento de la clave catastral forma parte de las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación 3050/2024, iniciada a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). La medida busca impedir que el inmueble sea vendido, transferido o gravado, mientras continúan las indagatorias.

La Fiscalía informó que esta acción se suma a otros aseguramientos realizados a distintos imputados dentro de la misma investigación, incluso en otras entidades federativas, como en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

Una vez asegurado el inmueble, el Ministerio Público Anticorrupción quedó facultado para realizar diversas diligencias, con el objetivo de garantizar que el bien pueda servir para la eventual recuperación o resarcimiento del daño causado al erario estatal, estimado en 98.6 millones de pesos, presuntamente desviados durante el periodo investigado.

La medida judicial tiene como finalidad evitar la simulación de actos de disposición patrimonial o la transferencia de bienes a terceros vinculados, incluyendo posibles redes de apoyo conformadas por familiares o exservidores públicos que habrían participado durante el quinquenio 2016–2021.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró que las investigaciones se realizan con apego al debido proceso, respetando la presunción de inocencia y los derechos humanos, y reafirmó su compromiso de perseguir los delitos de corrupción en beneficio de los chihuahuenses.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) informó que mantendrá la carpeta de investigación de las causas penales contra el exgobernador Javier Corral Jurado, el exsecretario de Hacienda Arturo “N” y el empresario Pedro “N”, aun cuando un tribunal colegiado determinó que el caso es competencia federal.

En un comunicado oficial, la FACH señaló que continuará con el proceso debido a que permanece vigente la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, y otorgada por la Jueza Décimo de Distrito.

Para efectos procesales, explicó la Fiscalía, dicha suspensión sigue surtiendo plenos efectos legales, “en protección de las prerrogativas de la víctima, que es la sociedad chihuahuense”.

En el mismo comunicado, la dependencia estatal —que ha llevado las causas contra el ahora senador de la República, el exsecretario de Hacienda y el asesor financiero Pedro “N”— precisó que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, resolvió a favor de que un juez penal federal conozca del asunto.

No obstante, subrayó que es indispensable distinguir entre dos asuntos jurídicos distintos: por un lado, el conflicto competencial, cuyas únicas partes son el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal; y por otro, el juicio de amparo, en el que las partes son la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, la sociedad chihuahuense, el imputado J.C.J., y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua como tercero interesado.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción reiteró su compromiso permanente e inquebrantable con el combate a la corrupción, la aplicación estricta de la ley y la observancia irrestricta del debido proceso, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas.

Tras insistir en que los 98.6 millones de pesos que presuntamente fueron malversados durante el gobierno de Javier Corral corresponden a recursos estatales, la fiscalía sostuvo que la causa debe continuar en el ámbito local y aseguró que seguirá defendiendo la competencia estatal sobre los recursos que integran el erario chihuahuense.

El exgobernador de Chihuahua y actual senador, Javier Corral Jurado, compartió un mensaje de despedida para Francisco Barrio Terrazas, en el que resaltó la serenidad con la que enfrentó su partida y la gratitud con la que, dijo, se despidió de la vida.

A través de una publicación en sus redes sociales, Corral recordó a Barrio no solo como un referente político, sino como un hombre íntegro, honesto y valiente, cuya trayectoria pública estuvo marcada por principios firmes y un profundo sentido de servicio.

En su mensaje, el senador subrayó que Barrio fue una persona generosa y auténtica, sin fisuras éticas ni morales, además de un amigo leal, esposo y padre amoroso, que hizo de su familia su mayor orgullo.

Corral relató que días antes del fallecimiento del exgobernador tuvo la oportunidad de despedirse personalmente de él. En ese encuentro, recordó, Barrio asumió con serenidad la cercanía de su partida y le expresó que se iba feliz y agradecido por las bendiciones recibidas a lo largo de su vida.

El exmandatario estatal destacó que esa forma de despedirse es propia de quienes viven con convicción y coherencia. “Así se van los hombres justos y valerosos”, escribió, al señalar que hay vidas cuya huella permanece más allá de la muerte.

En la parte final de su mensaje, Corral envió un abrazo solidario a Hortensia Olivas, esposa de Francisco Barrio, así como a sus hijas e hijos Marcela, Cecilia, Adriana, Victoria y Pancho, y a sus nietos.

“Pancho hoy se ha vuelto inmortal”, concluyó el senador.

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