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javier corral

La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, afirmó que el exgobernador de Chihuahua Javier Corral daño a familias con lo que denominó “Operación Justicia para Chihuahua”, incluido el caso del exfuncionario Antonio Tarín García, quien se quitó la vida el pasado viernes.

La congresista lamentó que el exgobernador “no se tocara el corazón”, ya que las investigaciones no solamente alcanzaron a los exfuncionarios de la administración de César Duarte, sino a las esposas que han sido hostigadas.

En algunos de los casos se les han quitado sus bienes sin que hubiesen concluido investigaciones para determinar si procedía dicho decomiso, dijo la actual presidenta del Congreso.

Además, mencionó que estas acciones se llevaron a cabo con saña por parte del exgobernador emanado del PAN.

Al ser cuestionada sobre la reciente declaración de Corral, donde dijo que no fue un suicidio, Terrazas Porras dijo que el exmandatario prácticamente se lavó las manos.

Corral no impartió justicia, sino venganza: PAN

El coordinador de la bancada panista en el Congreso, José Alfredo Chávez Madrid, señaló que las declaraciones de Javier Corral en relación a la muerte de Antonio Tarín son parte de la forma en la que actúa el exgobernador. 

El congresista recalcó que dentro de la pasada administración la cabeza de ésta, que también era de extracción panista, no se dedicó a hacer justicia “sino a hacer venganza política, situación que tiene consecuencias en la actualidad”.

Afirmó que en el caso de pedir la investigación en la muerte del exfuncionario dentro de la administración de César Duarte es la forma en la que se ha manejado ya que “siempre tira la piedra y esconde la mano”.

Se convirtió el combate anticorrupción en una lucha personal que degeneró el debido proceso y desilusionó a los chihuahuenses, puntualizó Alfredo Chávez.

El estado tenía 11 años de una parálisis tanto económica como administrativa, afirmó el coordinador parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Martínez, al referirse a los logros de la actual administración que encabeza su partido.

Expuso que fueron seis años con el gobernador César Duarte, del 2010 al 2016, y casi cinco con Javier Corral, del 2016 al 2021, este último, panista, al igual que la actual gobernadora.

Duarte, afirmó el legislador, “desfalcó al estado”, mientras que Corral representó la “inacción”.

Aún quedan “cosas pendientes”, respondió Chávez al ser cuestionado acerca del Primer Informe de Gobierno que presentará la gobernadora en el ExpoCentro Chihuahua el sábado 4 de marzo.

Sin embargo, añadió, la gestión de “Maru” ya se ocupa de ellas, a la vez que obtiene resultados en otros frentes, como el sector primario, con el incremento al presupuesto destinado al campo.

Hay otros grandes retos, como la seguridad y el desarrollo económico, para los cuales ya se tiene una estrategia muy clara, mencionó.

Dijo además que, los integrantes de la bancada albiazul apoyarán a la gobernadora, y una prueba de ello fue la aprobación del presupuesto que se ejerce este año.

Esto luego de que se presentó el Primer Informe de Gobierno ante el órgano legislativo, compendio que comprende acciones gubernamentales desde 8 de septiembre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2022.

La entrega de esta reseña de actividades de gobierno fue de forma escrita, sin que la mandataria chihuahuense expusiera o compareciera ante Congreso del Estado.

El próximo 4 de marzo se llevará a cabo un acto público donde la gobernadora dé a conocer las acciones realizadas, esto en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital.

En este evento ya está confirmado, según palabras de Maru Campos, el titular del área de gobernación federal Adán Augusto López, así como otras personalidades.

El que dos ciudades de Chihuahua se encuentren en la lista de las 50 más inseguras a nivel mundial se debe a que no se realizaron acciones por parte de la administración de Javier Corral, señaló el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez.

El líder priista afirmó que en la gestión corralista ocurrieron una serie de omisiones dentro del trabajo en materia de seguridad.

Entre los ejemplos que expuso fue el que no se estableció en todo el sexenio el Consejo Estatal de Cultura de la Legalidad, que tiene como objetivo el planear, establecer, coordinar y evaluar todas las acciones, programas y estrategias tendientes a la investigación, diagnóstico social, enseñanza y difusión.

Al no hacer esa actividad, no se fomentó la cultura de la legalidad ni se fortaleció el estado de derecho en Chihuahua, añadió.

Mencionó que los consejos de prevención social de violencia nunca se instalaron, pese a que éstos fueron formados para crear un espacio donde sociedad civil y gobiernos municipales promuevan acciones de prevención en la materia.

En cuanto a la instalación del Consejo de Seguridad Pública, dijo Domínguez que la gestión anterior tardó hasta el tercer año para ponerlo, y ni siquiera estuvo el 50 por ciento durante todo el quinquenio corralista.

Esa omisión propició las condiciones para incrementar la inseguridad, aseguró el priista.

Informó además que, el PRI se han planteado 10 acciones concretas para reducir la inseguridad. Entre los puntos que consideran importantes está la creación de una mesa interinstitucional entre los poderes legislativo y judicial con miras de crear reformas en la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Estas reformas contemplan un análisis de penalidades, cambios en las medidas de ejecución de penas, así como el planteamiento de reformas penales a nivel nacional.

Cabe recordar que a nivel internacional nuestro país cuenta con 17 de las 50 ciudades más inseguras, por lo que se tiene que trabajar en el tema de poder eliminarlas de este ranking. De éstas, Juárez aparece en el sitio número 9 y Chihuahua en el 30, mencionó.

En la revisión a la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso local detectó la contratación irregular de un despacho que haría el proyecto de refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua, pero que al final del ejercicio no entregó lo que se le pidió.

El citado despacho privado recibió un pago de 98.6 millones de pesos, esto en el ejercicio 2021 dentro de la administración del gobernador Javier Corral Jurado.

La diputada Leticia Ortega Maynez (Morena), presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado,  informó que, de las 170 actividades que debieron de haber ejecutado el despacho en cuestión, 137 son relatorías o documentos oficiales que emanan de la Secretaría, y las otras 33 no fueron presentadas.

Entre las irregularidades que se detectaron fue que existen entregables con fechas previas a la celebración del contrato.

Héctor Acosta Félix, auditor superior del estado, dio a conocer que se utilizó la figura del Fideicomiso para contratar de manera discrecional y directa al despacho, obviando la aplicación de la Ley de Adquisiciones.

“Dicha contratación se realiza sin la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua”, declaró el auditor.

Destacó que estos fideicomisos no se deben de buscar para adjudicar un contrato sin ninguna de las formalidades que implica esta ley; esto sin suficiencia presupuestal, investigación de mercado, sin determinación de las capacidades técnicas y económicas del prestador del servicio.

El contrato presuntamente irregular fue uno de los movimientos que se detectaron durante los trabajos  de la Comisión de Fiscalización.

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