javier corral

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó a través de un comunicado que es respetuosa de las etapas procesales, así como de las estrategias técnicas y jurídicas realizadas por los intervinientes, pero se declara imposibilitada para atender la atracción requerida por la Fiscalía General de la República.

“Por lo anterior, se puntualiza lo siguiente en torno a la Causa Penal 3776/22: El 21 de noviembre, le fue cumplimentada una orden de aprehensión Francisco G. A., probable responsable del delito de tortura”, detalla el documento.

Agrega que el 22 de noviembre inició la judicialización con la formulación de imputación y el órgano jurisdiccional le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Detalla que el 26 de noviembre, una Juez de Control del Distrito Judicial Morelos le dictó el auto de vinculación a proceso y fijó tres meses para la investigación complementaria.

“La carpeta de investigación derivó por la vista que dio el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta representación social, lo cual fue ratificado por la víctima con identidad reservada”, detalló.

“El cuidado al debido proceso nos obliga a actuar con diligencia, siempre cuidando los principios de legalidad, seguridad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas”, detalla el documento.

“Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentra imposibilitada jurídicamente, toda vez que por la etapa en que se encuentra el procedimiento (carpeta judicializada), se pasó a ser parte del proceso y NO AUTORIDAD, por lo cual, está sujeta a las determinaciones que tome el Juez”.

Destacó que el delito de tortura trastoca la dignidad de la persona, es por ello que la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, está enfocada a favorecer en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas víctimas.

“Es por eso que esta Fiscalía, actúa siempre con estricto apego al estado de derecho, a los derechos humanos de las partes involucradas en el procedimiento, cumpliendo cabalmente con los estándares internacionales en materia de procuración de justicia”.

La intervención de la Fiscalía General de la República para tratar de atraer el caso del exfiscal anticorrupción Francisco G.A. es una señal de la alianza que existe entre el Gobierno Federal y el exgobernador Javier Corral, señaló el magistrado Luis Villegas Montes.

“En política las casualidades no existen, creo que la Fiscalía General de la República está empeñada en aliarse con uno de los principales enemigos del estado, que es Javier Corral”, dijo Villegas.

Consideró sospechoso que la FGR ahora sea tan diligente en exigir la atracción del caso del exfiscal corralista, cuando no es tan expedito en otros casos.

Sin embargo, admitió que la Fiscalía General de Chihuahua está obligada a acatar la entrega del expediente del acusado de tortura psicológica, para acatar la ley.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentará una denuncia penal contra funcionario o funcionarios de la administración anterior por el desvío de 98.6 millones de pesos (MDP) hacia una empresa de consultoría financiera que no entregó el trabajo para el cual se le contrató.

En la revisión a la Cuenta Pública del 2019, anteúltima del gobierno de Javier Corral Jurado, la ASE encontró que la Secretaría de Hacienda de esa administración pagó la suma antes mencionada al despacho “López Elías Finanzas Públicas, S.C.” a nombre de Pedro López Elías por servicios profesionales para la reestructura de la deuda pública de Chihuahua.

Sin embargo, aunque el pago se realizó, no existen evidencias de que la empresa antes citada haya ejecutado las actividades para las que se le contrató.

Además de lo anterior, se encontró la probable irregularidad de haber utilizado la figura del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago entre el Estado de Chihuahua y Banco Regional S.A para realizar el pago.

De esa forma, se hizo la contratación “de manera discrecional y directa al despacho, obviando la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”.

Al no sujetarse a esa normatividad, se perdió la oportunidad de buscar mejores condiciones de contratación para el estado.

Tampoco se contaba con la suficiencia presupuestal que establece la legislación en la materia, ni se hicieron las investigación de mercado, el dictamen de excepción y la autorización del Comité Especial, establecer en el contrato las garantías y penas convencionales, y registrar el contrato en el Sistema Electrónico de Compras.

El 4 de julio se constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago entre el Estado de Chihuahua y Banco Regional S.A., estableciendo como obligación del Banco contratar la prestación de los servicios que el Estado le instruya por escrito.

Esa misma fecha, el entonces Secretario de Hacienda instruyó al Fideicomiso la contratación de “López Elías Finanzas Públicas, S.C.”.

Mediante una auditoría forense, la ASE encontró que la firma contratada en realidad hizo poco a cambio del dinero que se le pagó, ya que, de 170 actividades que debieron de haber ejecutado, 137 corresponde a relatorías o documentos oficiales que elaboró la propia Secretaría de Hacienda, mientras que las otras 33 no fueron presentadas.

Además, se encontraron entregables fechados desde enero del 2019, es decir, antes de que se celebrara el contrato.

El informe de Cuenta Pública señala que, en marzo de 2022 se entrevistó a personal del Departamento de Información Financiera de Hacienda, manifestando que participaron activamente en las actividades objeto de la contratación de prestación de servicios, de las cuales algunas de ellas se llevaron a cabo incluso sin apoyo del despacho.

Otra observación advierte que la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP emitió un total de 52 prevenciones, ya que los contratos de crédito que se pretendían inscribir en el Registro Público Único no estaban apegados a la normatividad aplicable,

Por lo anterior, la ASE presentará respectivas denuncias administrativas y penales contra quien o quienes resulten responsables.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay un ambiente de persecución en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, el estado respondió que se trata de una estrategia distractora.

El proceso en contra de exfuncionarios de la administración corralista, investigados por supuesta tortura psicológica a acusados de mala disposición de recursos públicos que trabajaron en el régimen de César Duarte Jáquez, es llevado por el Poder Judicial, dijo el representante del Gobierno estatal en la frontera, Oscar Ibáñez Hernández.

Señaló que es en esa instancia donde se debe litigar, a través de un debido proceso, y no en tribunas públicas.

López Obrador dijo en su conferencia de este día que existe un ambiente de persecución en contra de Corral Jurado por atreverse a investigar casos de corrupción que supuestamente cometió su antecesor.

“Quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo hostigados y se les acusa también, así, de manera muy peculiar de que aplicaron tortura psicológica”, dijo.

Añadió que no puede haber venganzas políticas cuando el asunto también tiene qué ver con procesos federales.

Ibáñez Hernández refutó esos argumentos y retó a que entonces la Federación atraiga el proceso contra Duarte Jáquez y sus funcionarios o que aporte los datos que posee.

“Me parece como que es fiel al estilo del presidente, le preguntan de una cosa y como que habla de otro asunto que no tiene nada que ver”, indicó.

Expresó que el presidente de México elude hablar de temas que le resultan incómodos, como la atención a migrantes y por eso intenta distraer.

Dijo que no sabe si López Obrador estaba defendiendo a Corral Jurado o a Duarte Jáquez, porque entre los procesos abiertos por la actual administración estatal no hay alguno en contra del exmandatario panista.