javier corral

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, reviró las declaraciones del senador Javier Corral Jurado, quien afirmó que la administración estatal estaría protegiendo al exgobernador César Duarte Jáquez.

“Lo invito a que venga a Chihuahua sin fuero, sin amparo y sin escoltas”, respondió el funcionario.

Corral señaló en entrevista que el Gobierno actual no dio seguimiento a los procesos judiciales que su administración inició contra Duarte en los Estados Unidos. Ante ello, De la Peña afirmó que se trata de “un cuento repetido desde hace cinco años”.

En entrevista colectiva en el Palacio de Gobierno, el secretario envió un mensaje directo al exmandatario: “Yo caminé cinco años por las calles de esta ciudad sin amparos, sin fuero y sin escoltas. Me gustaría saber si él puede venir a Chihuahua en esas condiciones”, expresó.

Añadió que las fijaciones personales contra Duarte “son un tema individual” y que el estado no debe detenerse por discusiones políticas del pasado.

Duarte sigue sujeto a proceso en Chihuahua

La reciente detención del exgobernador forma parte de uno de los 19 procedimientos legales que aún tiene abiertos, informó De la Peña.

Explicó que el pasado 4 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos —país que originalmente atendió la solicitud de extradición— autorizó un procedimiento de excepción mediante el cual se permitió a México incorporar nuevas carpetas de investigación distintas a las que motivaron la extradición inicial.

“Se sigue el procedimiento legal que se tenga que seguir, siempre respetuosos del Estado de derecho. Él enfrentará su proceso con los elementos que tenga, y el Gobierno Federal hará lo propio con las pruebas correspondientes”, dijo.

Aseguró que la detención es resultado de un procedimiento legal avalado por un juez, aunque aclaró que no conoce a detalle el expediente federal.

“Una detención como esta tiene que ser autorizada por un juez, así que seguramente se siguió el procedimiento adecuado”, señaló.

Recordó además que Duarte enfrenta procesos legales en el estado de Chihuahua, donde contaba con beneficios previstos en la ley, no con concesiones especiales.

“Ahora le toca enfrentar la justicia en el ámbito federal, como corresponde, y defenderse conforme a la legislación penal”, concluyó.

El senador de la República Javier Corral Jurado señaló que este expediente, conocido como “el último clavo”, fue el motivo central de la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó recientemente contra César Duarte Jáquez, su antecesor en el Gobierno de Chihuahua.

Duarte Jáquez utilizó programas estatales ganaderos para desviar cerca de 100 millones de pesos hacia empresas de su propiedad y posteriormente hacia cuentas personales, fideicomisos familiares y negocios privados, según expuso Corral Jurado en entrevista concedida al programa “Los Periodistas”, del canal Sin Embargo.

Los desvíos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando Duarte era gobernador, agregó Corral, en cuya gestión, de 2016 al 2021, se integraron esas carpetas de investigación.

Durante el período referido, el ahora imputado usó recursos diseñados como subsidios y préstamos para el sector ganadero para canalizados irregularmente hacia dos entidades controladas por el propio Duarte: la Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera División del Norte.

Duarte era accionista mayoritario de la financiera, accionista de la Unión Ganadera y además presidente del Consejo de ambas corporaciones.

Programas ficticios y beneficiarios ya fallecidos

Corral detalló que los recursos fueron entregados sin cumplir procedimientos legales, sin documentación de respaldo y utilizando fondos públicos destinados a emergencias.

Peritajes financieros demostraron que el dinero terminó en propiedades, cuentas bancarias, fideicomisos familiares, y en operaciones ligadas a negocios privados de Duarte y su entorno.

Uno de los ejemplos más graves —afirmó— fue un supuesto programa mediante el cual el Gobierno estatal pagaba a rancheros por transportar ganado para su sacrificio.

“Varios de los beneficiarios estaban muertos y otros nunca recibieron apoyo alguno”, dijo.

Parte del dinero también se usó para objetivos no contemplados en el programa, como la compra de toros Angus, cubrir impuestos ante el SAT o financiar empresas de su esposa.

La investigación entregada a la FGR

El expediente del “último clavo” fue turnado también a la FGR porque la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT detectó operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con los desvíos.

Corral Jurado, quien actualmente es senador independiente, pero postulado por Morena, afirmó que, hacia el final de su administración estatal, él mismo entregó los hallazgos al entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y que la FGR amplió la investigación federal.

La fiscal general Ernestina Godoy —según Corral— confirmó que la orden de aprehensión federal que hoy mantiene detenido a Duarte fue obtenida en mayo de 2024, derivada precisamente de esta carpeta y del análisis financiero posterior realizado por la FGR.

“El último clavo”, la causa que motivó la extradición

El caso fue conocido en Chihuahua como “el último clavo” porque representó la última orden de captura solicitada a Estados Unidos, la cual se incluyó como motivo formal para la extradición del exgobernador, ejecutada en junio de 2022.

El modus operandi, concluyó Corral, consistía en “utilizar programas ficticios, desviar fondos públicos y canalizar los beneficios económicos hacia Duarte y su círculo cercano”. Ese patrón, sostiene, quedó plenamente acreditado tanto por la Fiscalía estatal, como por las autoridades federales que ahora lo han vuelto a detener.

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, afirmó que la dependencia no entregará la carpeta de investigación por presuntos actos de corrupción atribuidos al exgobernador y actual senador de la República, Javier Corral Jurado, pese a los intentos de autoridades federales por atraer el caso.

Valenzuela calificó como “increíble e inaudito” que desde la Fiscalía General de la República se busque obtener control del expediente mediante un juez federal, a través de un proceso que, aseguró, constituye “un abuso excesivo de poder”.

“Existe un intento de llevarse la carpeta de investigación. Hemos sostenido que es ilegal. No vamos a permitir que se la lleven para que pase lo que ha sucedido con otras carpetas”, advirtió.

Sobre esa intención, reiteró enfáticamente que no entregará el expediente “por más alarde que haga el imputado”. Sostuvo que la investigación continuará en Chihuahua.

Se trata de causas penales que se le siguen tanto al exgobernador y hoy senador, como a quien fuera su secretario de Hacienda, por presuntos actos ilícitos cometidos durante el proceso de reestructuración de la deuda pública del estado.

Valenzuela expuso que la FGR promovió la atracción mediante el juez federal Antonio Alcoberde, pero la Fiscalía Anticorrupción obtuvo primero la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, lo que impide de momento que el caso sea trasladado fuera del ámbito estatal.

El fiscal señaló que el temor de fondo es que el expediente tenga el mismo destino que otros casos que cambiaron al ámbito federal durante la administración de Corral, como el del exfiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a quien no mencionó por su nombre. Recordó que investigaciones relevantes se debilitaron al pasar a manos de autoridades federales, entre ellas las relacionadas con presuntas irregularidades de la administración anterior.

“Lo que quieren es repetir lo que ha pasado con otras carpetas, como el caso de tortura del anterior fiscal de Derechos Humanos, quien llevaba los expedientes ‘X’. Los delitos de corrupción que tanto se difundieron se manejaban directamente desde la oficina del gobierno”, señaló.

Valenzuela sostuvo que la dependencia agotará todos los recursos legales para mantener la investigación en Chihuahua y evitar que sea trasladada a la Ciudad de México.

Adelantó además que existen varias carpetas adicionales relacionadas con presuntos delitos cometidos durante la administración de Corral, las cuales serán judicializadas antes de que termine el año.

Dijo confiar en que el conflicto competencial se resolverá a favor del estado, independientemente de los cambios próximos en la Fiscalía General de la República.

“Este es un asunto estrictamente jurídico. Celebro que haya jueces de carrera que mantienen su autonomía pese a las presiones.”

Valenzuela reiteró que la investigación contra Corral permanecerá en Chihuahua y que la Fiscalía Anticorrupción defenderá su competencia para concluir el caso. Añadió que permitir la atracción por parte de la Fiscalía General de la República abriría la puerta para que todas las investigaciones en las que aparezca un senador puedan ser reclamadas, incluso si los hechos ocurrieron antes de que los implicados asumieran el cargo.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, respondió a los señalamientos del exgobernador Javier Corral Jurado, recordándole que fue su administración la que no atendió una denuncia presentada contra el gobierno de César Duarte Jáquez, además de haber permitido actos de corrupción dentro de su propio gabinete.

El intercambio comenzó luego de que Corral publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó a la bancada de Morena por la ratificación de Acosta Félix al frente de la ASE. En respuesta, el auditor aseguró que el exmandatario combatió la corrupción “de forma selectiva y convenenciera”.

“No puede soportar —Corral Jurado— que la Auditoría Superior a mi cargo haya descubierto, en su propia administración y algunos casos estando él aún en funciones, hechos de alto impacto en materia de corrupción que hoy tienen sancionados, confesos, bajo proceso y/o prófugos”, afirmó Acosta.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook —y recordando que fue propuesto para el cargo por el propio Corral en 2019— el auditor negó estar beneficiando al exgobernador César Duarte o a la actual administración estatal.

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“Se le olvida que fue la ASE la que presentó una denuncia penal respecto de la última cuenta pública del gobierno de César Duarte, la cual nunca fue atendida por la fiscalía de su propia administración”, señaló.

Añadió que funcionarios de dicha fiscalía acudieron a su oficina para solicitarle cancelar los sellos de recibido y volver a presentar la denuncia, debido a que durante un año “olvidaron” realizar diligencias. “Obviamente me negué”, afirmó.

Acosta también recordó que varios exfuncionarios de la administración corralista —incluidos un exsecretario de Hacienda, el extitular de Comunicación Social y exservidores públicos de Salud— hoy enfrentan procesos penales derivados de observaciones de la ASE.

Asimismo, mencionó casos graves de corrupción documentados durante la gestión de Corral, como el fideicomiso para atender a niñas y niños víctimas de la violencia, además de irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Rural y en el Cecytech.

Tras rechazar señalamientos de protección al gobierno actual, el auditor invitó al exmandatario y hoy senador a consultar los informes oficiales.

“Parafraseándolo, por mí hablan mi trayectoria y mis actos; por él, ahora solo sus palabras”, remató.