javier corral

Diez años después de su contratación, la deuda pública del estado de Chihuahua es el detonante de una confrontación entre los Gobiernos de esta entidad con el de la Ciudad de México, a causa del fallido intento de aprehender al exgobernador Javier Corral Jurado.

El proceso de reestructuración de la deuda contratada entre los años 2011 a 2014, durante la gestión del gobernador César Duarte Jáquez, ha dado cauce a un par de procesos penales en contra de Corral, pero también, de quien fuera secretario de Hacienda durante su gestión: Arturo Fuentes Vélez.

Según lo ha expuesto el titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, Corral y Fuentes Vélez autorizaron de manera ilegal la contratación de una empresa para que prestara los servicios de asesoría para la reestructuración de los más de 30 mil millones de pesos de créditos bancarios de largo plazo que dejó de herencia el Gobierno de Duarte.

En conferencia de prensa, aseguró que la administración corralista pagó “de manera ilícita 98 millones 600 mil pesos” de manera simulada “a particulares” que supuestamente harían el proceso de refinanciamiento del pasivo estatal.

Dicho pago se hizo en dos exhibiciones: uno, el 3 de diciembre de 2019 y el otro el 5 de agosto del 2020, por 49 millones 300 mil pesos cada uno.

El fiscal aseguró que toda la operación fue ilegal, pues no existía suficiencia presupuestal, al no estar contemplada esa cantidad en el Presupuesto de Egresos de los años 2019 y 2020.

Además, las fechas de pago no coinciden con las de los registros de la reestructura de esos pasivos, agregó.

Todos esos hechos, detectados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), dieron lugar a una denuncia penal que luego se judicializó, con una carpeta de investigación que derivó en la orden de aprehensión que se intentó ejecutar la noche del 14 de agosto en la Ciudad de México, según lo ha expuesto por Valenzuela.

El tiro con el Gobierno de la Ciudad de México

Desde la noche del 14 y durante todo el 15 de agosto, circularon videos, noticias y versiones acerca de la intervención de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezados por el titular de la misma, Ulises Lara López, para impedir la aprehensión del exgobernador y, hoy en día, senador electo.

Los hechos proyectados en esas imágenes, ocurridos en el restaurante Gin Gin, ubicado en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, muestran a los agentes de la Policía chihuahuense tratando de detener a Corral, mientras este les alega que no tienen derecho ni jurisdicción.

Para el fiscal Valenzuela, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio su anuencia para que se hiera esa diligencia, según el oficio firmado por Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Coordinación y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales.

En el oficio, cuya copia fue difundida ampliamente durante el jueves 15, la funcionaria dice, textualmente: “Las diligencias que deberán llevarse a cabo por el personal comisionado por la Fiscalía requirente y que serán bajo su más estricta responsabilidad, del mismo modo deberá exhortarse a los Agentes de la Policía de Investigación de esta Institución que participen en la colaboración con los elementos de nuestra homóloga requirente para que en cumplimiento de sus funciones, respeten y hagan respetar en todo momento los estándares de protección de los derechos humanos”.

Para el fiscal chihuahuense, esa era una autorización expresa y por escrito; para el fiscal de la CDMX, no.

La Fiscalía de Chihuahua actuó ilegalmente

Un dia después del encuentro en el Gin Gin, el fiscal Ulises Lara López publicó un comunicado de prensa en el cual calificó de “ilegal” el proceder de los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Según el funcionario de la Ciudad de México, los agentes del estado norteño actuaron “violentando los derechos humanos de una persona y en contravención a lo previsto en la Ley”.

“Es fundamental reiterar que el personal ministerial del Estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción”, agrega, en su comunicado.

Afirmó que, de haberse concretado la aprehensión del exgobernador, se hubiera incurrido en un acto de privación ilegal de la libertad, “acto constitutivo de delito”.

Además, aseguró, “violentó el debido proceso, lo que hubiera resultado, en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales del estado de Chihuahua”.

¿Dónde empezó todo?

Para Javier Corral, la causa penal en su contra forma parte de una confabulación entre la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, el exgobernador César Duarte Jáquez y el exsenador priista Manlio Fabio Beltrones.

Todos ellos coinciden en que fueron objeto de las pesquisas contra actos de corrupción que persiguió su administración, afirma Corral.

Sin embargo, el detalle en sí, el de la reestructuración de la deuda, inició entre los años 2012 y 2014, cuando se contrataron los 12 créditos de largo plazo, tanto con la banca múltiple como con Banobras, que juntos sumaban 30 mil 445 millones 019 mil 597 pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La administración duartista, durante la cual se formó ese endeudamiento, argumentó durante todo ese tiempo que fue dinero que se destinó a “inversión productiva”, pero nunca dieron el detalle de la aplicación de todos esos recursos.

Para el 2016, cuando terminaba la gestión de Duarte, el Gobierno del Estado ya había gastado 4 mil 653.2 millones de pesos, nada más en pago de intereses.

En el año 2018, ya durante el período de Javier Corral, la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Arturo Fuentes Vélez, emprendió un proceso de reestructuración para reducir la sobretasa de esos créditos y bajar el gasto que ocasionaba el pago de intereses.

El proceso concluyó hasta el 2019. Al cierre del 2020, siempre con base en datos de la SHCP, Chihuahua ya pagaba una tasa ponderada del 3.70 por ciento, la segunda más baja de todo el país.

Sin embargo, durante la revisión a las cuentas públicas del 2019 y 2020, la ASE encontró una serie de movimientos que consideró como posibles constitutivos de delito dentro de aquel procedimiento de reestructuración.

Valenzuela ha dicho que fue una operación simulada que le costó al erario estatal más de 98 millones de pesos, pagados “a un particular”.

Ese particular es la empresa López Elías Finanzas Públicas, la cual, según su portal de internet, cuenta con más de 40 años de experiencia en el ramo.

Es así como, aquellos créditos del Gobierno duartista, reestructurados por la administración coralista y fiscalizados durante el período de Maru Campos, terminaron en un encontronazo entre las Fiscalías de Chihuahua y la Ciudad de México.