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El senador Javier Corral Jurado acusó este lunes al Poder Judicial de Chihuahua de favorecer al exgobernador César Duarte Jáquez, mediante la devolución de propiedades previamente aseguradas durante su administración.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en el programa Los Periodistas, Corral sostuvo que Duarte Jáquez ha disfrutado de una protección judicial proporcionada por jueces “corruptos” lo que ha permitido que bienes embargados al exmandatario sean restituidos, aseguró.

Agregó que quien fuera su antecesor en el Gobierno del Estado “anda paseándose por Chihuahua acompañado de sus cómplices”, exhibiendo la protección que le brinda la administración estatal.

Le aseguraron 139 propiedades…y ya se las regresaron

Corral Jurado, quien ganara la elección de gobernador en el año 2016, postulado por el PAN, recordó que, como parte de la llamada Operación Justicia para Chihuahua, impulsada en su sexenio, se aseguraron 139 propiedades, entre ellas 87 inmuebles urbanos y rurales y más de 50 predios rústicos, que sumaban en conjunto cerca de 37 mil 900 hectáreas, además de maquinaria, ganado y vehículos.

Entre las propiedades que, según el senador, ya fueron devueltas a Duarte, mencionó los ranchos:

  • El Saucito (600 ha)
  • Mesa de las Adjuntas (1,095 ha)
  • El Taray (1,211 ha)
  • De en Medio (551 ha)
  • La Mesa (500 ha)

Todas esas propiedades ubicadas en el municipio de Balleza y la región de Parral.

De acuerdo con Corral, en algunos casos las restituciones se han hecho por resoluciones judiciales locales o federales, pero que, detrás de cada fallo, hay lo que llamó “protección política y judicial”.

Asimismo, reveló que Duarte intentó construir una presa de gran tamaño dentro del rancho El Saucito durante su gestión, con trámites iniciados ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El proyecto debió suspenderse ante las protestas de productores de la región, quienes veían cómo esa obra en el rancho del entonces gobernador los dejaría sin agua.

“El Rancho El Saucito perdió el aseguramiento local, pero la Fiscalía General de la República lo volvió a asegurar dentro de una carpeta federal.

“Ahí están los presones y pozos ilegales con los que Duarte no sólo se robó el dinero del pueblo, sino también el agua”, declaró Corral.

Finalmente, el senador alertó sobre el riesgo de impunidad en el caso Duarte, ante lo que consideró una estrategia sistemática para devolverle propiedades y permitirle operar nuevamente con los recursos naturales del estado.

El coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del estado, Arturo Medina, criticó el proceso para elegir a jueces, ministros y magistrados por la vía del voto popular, pues consideró que hay tal desorden, que se tienen “más candidatos que Oxxos”.

“La ciudadanía no entiende de qué se trata esto; ahora deberán sumárseles otros casi cien nombres”, señaló.

El priista culpó a Morena y a su grupo parlamentario de haber impulsado la reforma para que los integrantes del Poder Judicial se eligieran mediante votación directa, así como la incorporación de los 94 aspirantes a magistrados que el Congreso del Estado había relegado anteriormente.

No obstante esas compraciones, el priista dijo que los legisladores de su partido –cuatro, en total en el Congreso local– serán respetuosos de las determinaciones de las instituciones, esto en relación con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que el Congreso entregue al órgano electoral las listas de candidatos a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.

Medina recordó que la bancada del PRI estuvo siempre en contra de esta elección, pues se llevó a efecto a pesar de que había órdenes judiciales que prohibían le prohibían al Congreso de Chihuahua legislar sobre esa materia

No sorprende, agregó, “que algo que empezó mal, termine pésimo”.

Asimismo, acusó a Morena de ser el causante de esa situación, por la intromisión política en los temas de justicia.

“No es sorpresa, esto es un juego promovido por Morena, y todo lo que Morena, toca se convierte en un circo”, concluyó.

Ante las críticas que ha formulado el grupo parlamentario del PAN por el alto costo que tendrá la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado mediante el voto popular, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, propuso que se utilice el dinero destinado a partidos políticos para financiar ese proceso.

Estrada Sotelo cuestionó que los partidos políticos con registro estatal reciban este año 244 millones de pesos en un año como el 2025, cuando no habrá elecciones locales.

La elección de jueces y magistrados tendrá un costo estimado de 328 mdp, apuntó el diputado morenista.

En la víspera, su homólogo del PAN, Alfredo Chávez Madrid, le había planteado “el reto” de encontrar manera de fondear la elección de jueces y magistrados y encontrar la fuente de sustento para gastar más de 3000 mdp en ese proceso.

A ese respecto, Estrada respondió que la cantidad establecida por el IEE de Chihuahua es muy elevada, comparada con el gasto que tendrán otras entidades.

En ese caso, mencionó ejemplos como el de Coahuila, que gastará 208 mdp, Durango, 80 mdp y Coahuila 208.

Consideró que no hay razón para que el costo por elector sea más elevado en un estado y en otro, si se va a utilizar prácticamente la misma estructura electoral en todas las entidades del país.

En dado caso, agregó, se debe reconsiderar la fórmula que se aplica para calcular las prerrogativas a partidos políticos, de modo que cada año no electoral reciban una cantidad menor de dinero respecto a la que se les reparte en la actualidad.

El Poder Judicial de Chihuahua es uno de los más demandados en términos de trabajo, pero también uno de los más confiables según la percepción de la población mayor de edad. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) revelan que la participación de la mujer en los órganos jurisdiccionales del ámbito estatal ha ido en aumento, al igual que la confianza hacia las personas juzgadoras.

De cada 10 personas juzgadoras en el ámbito federal, 3 son mujeres, mientras que en el ámbito estatal la cifra aumenta a en un punto porcentual.

En los sistemas judiciales estatales, el 44.1 por ciento de las 5 mil 098 personas juzgadoras son mujeres, frente a un 55.9 por ciento de hombres, según el Inegi.

Esta cifra representa un incremento de casi cinco puntos porcentuales respecto a 2016, cuando las mujeres representaban el 39 por ciento del total del personal en funciones de juzgador o juzgadora en el ámbito estatal.

Hasta 2023, había 6 mil 730 personas juzgadoras en México, lo que equivale a una tasa de 5.1 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes.

Los órganos jurisdiccionales de primera instancia en el ámbito estatal recibieron un total de 2 millones 281 mil 806 asuntos durante 2023, de los cuales el 43.9 por ciento correspondió a las materias civil y mercantil.

En 2024, el 60.5 por ciento de las personas de 18 años o más que identificaron a las personas juzgadoras declaró que “les inspiran confianza”.

El 7 de marzo se conmemora en México el Día de las Personas Juzgadoras, en recuerdo de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana por José María Morelos y Pavón en 1815.

En el ámbito federal, se registraron mil 632 personas juzgadoras al cierre de 2023, de las cuales el 29.4 por ciento fueron mujeres.

Cabe destacar que, desde 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua es presidido por una mujer, la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta. Sin embargo, en el pleno del TSJ, solo 8 de sus 25 integrantes (34 por ciento) son mujeres.

Carga de trabajo en Chihuahua

El informe del Inegi revela que Chihuahua es uno de los estados donde el personal juzgador tiene una de las mayores cargas de trabajo.

Campeche registra la mayor tasa de asuntos por cada 100 mil habitantes, con 10.5, seguido por Chihuahua y Baja California Sur, ambos con 7.5.

En contraste, Nuevo León tiene una carga de 2.5 asuntos por cada 100 mil habitantes; Puebla, 2.3; y Chiapas, 2.1.

El promedio nacional es de 3.9 casos del ámbito estatal por cada 100 mil habitantes.

El ámbito penal, la principal causa

Chihuahua es una de las siete entidades donde más de la mitad del trabajo de las personas juzgadoras se concentra en el ámbito penal.

En el estado, el 52 por ciento de los casos corresponden a esta materia, cifra solo superada por Baja California Sur (53 por ciento) y Tabasco (56 por ciento). Otros estados con una carga significativa de asuntos penales son Hidalgo, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala.

A nivel nacional, los órganos jurisdiccionales estatales de primera instancia recibieron un total de 2 millones 281 mil 806 asuntos en 2023.

De estos, el 41.0 por ciento correspondió a la materia familiar, mientras que el 11.2 por ciento se relacionó con las materias penal y justicia penal para adolescentes.

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