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El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, lanzó una dura embestida contra políticos y funcionarias que, mediante resoluciones judiciales, obligan a ciudadanos a ofrecer disculpas públicas por criticar su desempeño.

En tribuna, el legislador presentó su iniciativa bautizada como “Ley Anti-Dato Protegido”, con la que busca reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para blindar la libertad de expresión y frenar lo que calificó como “abusos indignos de poder”.

“Obligar a un ciudadano a pedir disculpas por emitir su opinión es lo más execrable, indigno y denigrante que puede hacer un político sobre los ciudadanos”, sostuvo Sánchez Villegas.

El diputado fue más allá y acusó directamente a quienes utilizan a los tribunales como escudo contra la crítica pública: “Cobardes aquellos que obligan al pueblo a disculparse; cobardes y déspotas los que obligan usando a las instituciones, que están para servir y proteger a los ciudadanos, como instrumentos de Santa Inquisición”.

Sánchez dijo que con esta reforma pretende “poner fin a la censura disfrazada de justicia” y dejar en claro que criticar el desempeño de un funcionario no debe castigarse con disculpas forzadas.

La iniciativa fue presentada durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada este jueves 11 de septiembre.

El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua inició su gestión en el presente ciclo del Sistema de Justicia Estatal con la adscripción de los jueces que resultaron electos en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para desempeñarse en la materia penal.

Son en total 135 jueces penales los que tienen ya su respectiva adscripción o especialidad, así como el distrito donde ejercerán su cargo en los siguientes años.

El distrito con la mayor cantidad de jueces penales es el de Morelos, con cabecera en la capital del estado, con un total de 54, mientras que el de Bravos, con asiento en Ciudad Juárez, tendrá 47.

El distrito fronterizo tendrá ocho jueces penales menos que el de Chihuahua, pese a que Juárez es la ciudad más poblada y con mayor incidencia de delitos.

La adscripción con el mayor número de jueces es la de Control, con un total de 53, seguida por las relacionadas con violencia de género, con 31, entre las cuales se incluyen las especialidades de adolescentes, control, enjuiciamiento y sistema tradicional.

Habrá, además, seis juzgados de enjuiciamiento, incluido uno para adolescentes; cuatro de Teviogen (Tribunal Especializado en Violencia de Género) de Control; cuatro juzgados Mixtos Especializados en Violencia de Género de Enjuiciamiento, así como tres Mixtos Especializados en Violencia de Género de Control.

La justicia para adolescentes tendrá seis juzgados; los especializados en narcomenudeo, ocho, misma cantidad que los juzgados que aún operan con el sistema tradicional.

De las casillas electorales a los juzgados

La adscripción de salas penales fue producto de un acuerdo del Poder Judicial del Estado mediante el cual quedaron adscritas las juezas y los jueces en materia penal electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, quienes deberán incorporarse a sus funciones el próximo 8 de septiembre de 2025.

Según el documento aprobado en sesión extraordinaria del Órgano de Administración Judicial, la adscripción a tribunales constituye una medida de carácter administrativo y operativo, que no altera la jerarquía, atribuciones ni obligaciones inherentes al cargo de las personas juzgadoras.

El acuerdo precisa que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los jueces penales tienen competencia en todo el territorio estatal y pueden actuar en distintas etapas del proceso penal, incluyendo ejecución, enjuiciamiento, control y justicia para adolescentes.

Asimismo, se establece que, en casos de urgencia o ausencia de titulares, los jueces podrán ejercer funciones en otros distritos judiciales sin necesidad de un nombramiento adicional, con el fin de garantizar la continuidad en la impartición de justicia.

La Dirección de Gestión Judicial Penal será la instancia encargada de coordinar estos apoyos, considerando criterios como cercanía territorial, recursos humanos y equilibrio en las cargas de trabajo.

El acuerdo también subraya que las adscripciones no afectan los derechos, prerrogativas ni percepciones económicas de las y los juzgadores, quienes conservarán en igualdad de condiciones su investidura y deberán desempeñarse bajo los principios de igualdad, no discriminación y seguridad jurídica.

La elección de jueces y magistrados del ámbito local entrará en una etapa decisiva a partir de la próxima semana, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y su Sala Regional en Guadalajara resuelvan los recursos de inconformidad que mantienen en suspenso la integración de salas y juzgados en Chihuahua.

Entre el miércoles y el viernes pasados, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua recibió impugnaciones contra los acuerdos emitidos por el Instituto Estatal Electoral (IEE), mediante los cuales se revocaron constancias de mayoría a magistrados electos y se reasignaron a candidatas.

El criterio aplicado por el TEE, y replicado después por el IEE para hacer el ajuste, fue el de paridad de género, dado que hubo candidatas a salas penales, civiles y familiares que obtuvieron mayor votación que los candidatos inicialmente declarados ganadores.

De acuerdo con fuentes consultadas por Norte Digital, entre el lunes 18 y el 31 de agosto el máximo tribunal electoral del país definirá si los cinco —o algunos de ellos— candidatos que fueron desplazados por el IEE conservan su constancia de mayoría.

Los candidatos inconformes son Héctor Villasana Ramírez y Jesús David Flores Carrete, de la materia Penal; Javier Alberto Torres Pérez, de la Familiar; y Saúl Eduardo Rodríguez Camacho junto con Roberto Andrés Fuentes Rascón, de la Civil.

En otro frente, la Sala Superior también resolverá sobre la confirmación o revocación de tres constancias de mayoría otorgadas a candidatos que, aunque obtuvieron los votos suficientes para acceder al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, no acreditaron el requisito de contar con un promedio mínimo de 8 en su formación académica.

Los magistrados electos sujetos a revisión son: Gerardo Javier Acosta Barrera, con 107 mil 331 votos; José Luis Chacón Rodríguez, con 74 mil 42; y Rubén Aguilar Gil, con 69 mil 835.

En el caso de Aguilar Gil, concluyó la Licenciatura en Derecho con promedio de 7.5, mientras que Acosta Barrera obtuvo 7.4.

Asimismo, se espera resolución sobre el recurso promovido por el excandidato a magistrado civil Julio César Merino, quien solicitó la nulidad de la votación en varias casillas de municipios serranos de Chihuahua.

Los cinco magistrados electos que “regresaron” su constancia de mayoría por disposición del Tribunal Estatal Electoral (TEE) presentaron recursos de apelación ante la justicia electoral federal, al considerar que no se respetaron los términos de la convocatoria ni los principios de certidumbre jurídica en la toma de dicha resolución.

Luego de que el Instituto Estatal Electoral (IEE), en acato a un fallo del TEE, retirara las constancias a los cinco magistrados electos para repartirlos entre candidatas mujeres que habían obtenido una mayor votación en las elecciones del 1 de junio, los afectados acudieron a la oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral para que sea remitida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (Tepjf) .

Además de los afectados por la reasignación de magistraturas, están pendientes de resolución los recursos promovidos por Erika Ruiz González, candidata: a magistrada Civil, en contra del acuerdo IEE/CE171/2025, y Judith Ávila Burciaga, candidata a magistrada Penal, del acuerdo IEE/CE171/2025.

En ambos casos, las recurrentes señalan que la asignación de magistraturas debe hacer se de manera alternada, pero en ambas elecciones, la civil y la penal, los dos últimos cargos fueron asignados a aspirantes hombres.

En tanto, Roberto Andrés Fuentes Rascón, candidata a magistrado Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, presentó un recurso contra del acuerdo IEE/CE171/2025, según el cual se le revocó la constancia de mayoría en razón de la paridad de género.

Los candidatos a magistrados que presentaron recursos contra la revocación de su constancia de mayoría son: Héctor Villasana Ramírez y Jesús David Flores Carrete (Materia Penal), Javier Alberto Torres Pérez (Materia Familiar), así como Saúl Eduardo Rodríguez Camacho y Roberto Andrés Fuentes Rascón (Materia Civil).

En su lugar, se asignaron los cargos a Laura Guadalupe Ocón Bailón e Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez (Penal), Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola (Civil), y Sara Julieta Muñoz Andrade (Familiar).

Dicho órgano deberá emitir la resolución final a más tardar el 31 de agosto, ya que el nuevo TSJ asumirá funciones el 1 de septiembre.

Los magistrados que devolvieron sus constancias son: Héctor Villasana y Jesús David Flores (Penal); Javier Alberto Torres Pérez (Familiar); y Roberto Fuentes Rascón, junto con Saúl Rodríguez (Civil). Penal.

Con la nueva sentencia del TEE acatada por el IEE la conformación del Poder Judicial en Chihuahua queda con 20 juzgadoras mujeres y 10 juzgadores hombres.

Para los inconformes, no se respetaron las reglas iniciales del IEE en cuanto a paridad de género, según la cual, las votaciones para elegir magistradas y magistrados se hicieron en columnas por separado, con perspectiva de género en cuando a la distribución de los cargos.