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A pesar de contar con todos los elementos para declarar sentencia por violación con penalidad agravada, la jueza de Tribunal de Enjuiciamiento Penal, Silvia Padilla Chávez dejó en libertad a un agresor sexual acusado por el ataque a una niña de 7 años de edad acaecido en 2019, debido a la falta de argumentación “textual” en el juicio de apertura, acusaron las asesoras jurídicas de la víctima.

De acuerdo a las abogadas, Padilla Chávez dejó en libertad al agresor, a pesar de que la médica legista, la perita en psicología y las pruebas evidenciaron la responsabilidad del imputado de violación sexual, quien además era su padrastro y cuyos datos de agresión se registraron de enero 2019 a enero 2020.

Durante el proceso que inició en 2021, se realizaron varias audiencias, pero fue el 14 de junio de 2023, que la propia jueza informó que el expediente se había traspapelado y por eso no había comenzado el juicio, el cual finalmente se llevó a cabo en julio de 2023, señalaron.

Al momento de la audiencia, la jueza Padilla Chávez reconoció la responsabilidad del agresor contra la niña, pero indicó que no podía emitir sentencia condenatoria por la falta de trascripción, señalando al Ministerio Público, abogadas y el propio DIF como responsables de la falla, refirieron.

Además de que carece de pericia y perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, la jueza privilegió la defensa del acusado alegando un posible estado de indefensión, vulnerando el derecho de acceso a la justicia y reparación integral del daño de la niña, insistieron las defensoras.

Después del proceso, la jueza también se tomó la atribución de notificadora y acudió personalmente a la casa de la niña, quien se encontraba con su hermano, y a la que le entregó la sentencia de fácil lectura y una carta, lo que detonó aún más su estrés, ansiedad y demás efectos en su salud mental y física, apuntaron las abogadas.

Indicaron que tras estos hechos, se presentó una apelación a la sentencia, mismo que fue resuelto 8 meses después, en marzo de 2024, por el Magistrado de la Primera Sala, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez quien resolvió que la jueza Silvia Padilla Chávez hizo una incorrecta e ineficiente interpretación de la ley y condenó al agresor.

Hasta este momento, el agresor permanece libre.

Jueza fue denunciada en la Unidad de Responsabilidad Administrativa

Las abogadas de la niña, explicaron que la jueza no sólo vulneró a la víctima, sino que además desatendió el Código Nacional de Procedimientos Civiles, en la que ninguna versión escrita puede sobreponerse a la oral; realizó una interpretación sesgada y no atendió jurisdicciones que involucran controversias en casos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo que se interpuso una queja ante el Tribunal Superior de Justicia en la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, quienes determinarán las sanciones a imponer a Padilla Chávez, agregaron.

La familiar de la niña, espera que la inhabiliten y separen del cargo, debido a que no quieren que otras familias pasen por el mismo proceso, en el que fueron revictimizadas, en donde no sólo mostró falta de capacidad sino también fue grosera, soberbia y emitió comentarios en los que denostó el quehacer de otros jueces.

Persecución en redes sociales, amenazan a la acompañante del caso

Luego de la resolución, la principal asesora de la víctima fue agredida en redes y víctima de una campaña de desprestigio por parte de personas allegadas a la jueza, con amedrentaciones y amenazas en su contra por la vía civil, denunciaron.

Actualmente, acude a terapia debido a la ansiedad y la baja de autoestima, generado durante y después del juicio, añadieron.

Mientras que la niña, por instrucciones de su familiar, no puede abrir la puerta de la casa ni salir de la misma, sino está acompañada, debido al temor persistente de que el agresor aparezca algún día en su domicilio, apuntaron.

Enrique Lomas

La jueza Aurelia Alejandra Martínez Rosales ganó un amparo para ser reinstalada hoy al frente del juzgado décimo civil.

Luego de poco más de dos años de haberle sido negada su ratificación como juez del Décimo Juzgado, hoy deberá ser reinstalada la jueza y pagados sus salarios caídos.

La jueza mostró su preocupación por la posibilidad de ser cambiada de adscripción al municipio de Guerrero, como parte de un acto de represalia del Poder Judicial.

“Esta la consideró una forma de hostigamiento por atreverme a interponer un amparo” , lamentó.

El amparo que fue interpuesto ante el juzgado quinto de Distrito de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa.

Entre las razones que esgrimió el Poder Judicial en su momento destaca que la jueza carecía de atributos para ejercer el cargo por la presunta mala conducta mostrada durante su ejercicio.

Por tal motivo la juzgadora ahora pretende reparar el daño moral a su imagen.

Luego de una acalorada discusión entre el gobernador César D. J., y la juez Delia Valentina Meléndez, que prácticamente sacó de sus casillas y de la sala de audiencias al exmandatario, la jueza se excusó y le dejó el caso al juez Jorge Napoleón Raya Valdés, quien demostró ser implacable con el Larriva, asesino de la periodista Miroslava Breach.

Los periodistas que acudieron a la audiencia en la que la defensa del exgobernador busca le sean revestidas las medidas de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, constataron una larguísima argumentación para poner al tanto al nuevo juzgador.

La defensa argumenta que el estado grave de salud de su cliente debe ser motivo suficiente para seguir su proceso en su domicilio.

La jueza ahora excusada fue inflexible en los afanes del exgobernador para salir de prisión al considerar que no representa peligrosidad y además le aquejan males de salud que comprometen su vida.

La jueza de garantías, Delia Valentina Meléndez, negó al órgano defensor de César Horacio D.J. que se revele la identidad de los testigos protegidos que presentó el Ministerio Público, por contravenir esta solicitud con acuerdos internacionales, así como normativas federales y estatales de protección a testigos. 

Esta resolución, la emitió la jueza justo antes de declarar un receso en la audiencia intermedia, por lo que se reanudará la audiencia mañana a las 8 de la mañana, dentro de la causa penal 3021/2019.

Recordó que para considerar los criterios de oportunidad y de protección a la identidad de los testigos, no basta el dicho de estas personas, si no que hay un análisis detrás de todas las personas a las que se les concedió la medida de protección. 

“No hay justificación para levantar la protección de identidad de testigos”, comentó la jueza y rechazó la solicitud de la defensa de un criterio de excepción para publicitar la identidad de los testigos protegidos. 

Son ocho los testigos protegidos que presentó el Ministerio Público, en la lista de casi 200 testigos que la representación social interrogará para tratar de demostrar la responsabilidad de César D.J. en los delitos de peculado y asociación delictuosa por un monto de 96.6 millones de pesos en perjuicio del gobierno estatal.

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