la coneja

La Suprema Corte de Justicia de la Nación “le falla a los mexicanos” y requiere una reforma sobre la asignación de los ministros, magistrados y jueces para que sus decisiones sean distintas en su actuar, dijo el abogado penalista y diputado local, Óscar Castrejón.

Lo anterior, luego que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”, exsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fuera absuelto por el delito de peculado agravado mediante una votación unánime de cuatro votos en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es una resolución que en mi opinión tiene más de político que de jurídico, porque incluso el Tribunal Electoral ya sancionó al PRI por esta operación, la cual está documentada en un libro que se llama Viuda Negra, sobre el proceso de sacar los recursos de la Secretaría de Hacienda para las aspiraciones electorales”, detalló Castrejón.

El diputado de Morena dijo que la resolución está hecha para favorecer a Alejandro Gutiérrez, “un asunto que el pueblo ya había juzgado y sentenciado, y que la Corte como siete u ocho años después, resuelve políticamente”, concluyó.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”, exsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue absuelto por el delito de peculado agravado mediante una votación unánime de cuatro votos en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Coneja había sido acusado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, durante la administración de Javier Corral Jurado, por el desvío de 250 millones de pesos hacía las campañas del PRI en lo que se conoció como Operación Safiro y en la que estaban involucrados funcionarios del gobierno (2010-2016) de César Duarte.

El proyecto que presentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien votó a favor de la absolución, fue secundado por Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo Rebolledo

Así fue que la Primera de la SCJN desechó, por improcedente, el amparo que en su momento presentó el gobierno de Javier Corral en contra de Alejandro Gutiérrez en el año de 2018 para que Chihuahua fuera considerado como víctima por el desvío de recursos estatales y no federales.

De esa forma, la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión con número de expediente 921/2019, durante un proceso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que no se acreditaba la acusación de peculado en contra de Gutiérrez.

La FGR estimó que la fiscalía de Chihuahua no aportó pruebas suficientes que sustentaran la acusación y los testimonios que se ofrecieron tenían contradicciones por el presunto desvío de 250 millones de pesos, debido a que no era servidor público y por tanto no se le podría atribuir ese delito.

La exoneración de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez denota que hubo persecución y una serie de actos por parte del exgobernador Corral que no fueron apegados a derecho” , afirmó el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez.

“La Coneja”, como le apodan a Gutiérrez, enfrentó juicio penal y presión por ser uno de los acusados por el gobierno de Javier Corral de haber participado en la “Operación Safiro”.

El dirigente del partido tricolor señaló que esto refleja los errores en las indagatorias, fallas e “investigaciones a modo” que se dieron en el tema, dentro del quinquenio pasado.

Con esto se sentará un precedente de los errores y dolo que existió en las investigaciones de la administración que encabezó Javier Corral, puntualizó el dirigente estatal del PRI.

“Queda claro que ni la constitucionalidad, ni las pruebas, ni el debido proceso se cuidó en el gobierno de Javier Corral”, dijo.

El priista recalcó que con esto se comprueba poco a poco la persecución en contra de actores políticos del PRI, ya que como partido no tienen injerencia en el Poder Judicial, menos en materia federal.

Cabe recordar que el exgobernador Javier Corral inició una serie de acciones dentro de lo que se llamó “Operación Justicia para Chihuahua”, donde se investigaron a más de 300 exfuncionarios y convirtió a 85 de ellos en testigos protegidos.

Gutiérrez Gutiérrez fue detenido por recibir recursos para actividades proselitistas, requerimiento que fue autorizado por el exgobernador César Duarte. Para lo cual el exsecretario general del PRI utilizó empresas de su propiedad denominadas Jet Combustibles S.A. de C.V., y Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V., para presentación de facturas.

Dentro de las investigaciones se presentaron dos facturas, la primera por la cantidad de 904 mil por concepto de servicio de mantenimiento general de edificios, en un contrato simplificado entre la empresa Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V., y la Secretaría de Hacienda.

Mientras que la segunda factura, de 835 mil 520 pesos, por el concepto de traslado aéreo de personal, en un contrato entre la empresa Jet Combustibles S.A de C.V., y la Secretaría de Hacienda; ambos pagos se los hicieron a la cuenta personal de Alejandro Gutiérrez el día 23 de diciembre de 2015.

Sin embargo, dentro de las investigaciones se demostró que estos servicios no fueron prestados, ya que solo fue una simulación para realizar los procedimientos administrativos que justificaran la salida del dinero, según fue dado a conocer por el entonces gobernador Javier Corral.

Un juez federal ordenó la liberación inmediata de Alejandro G., “La Coneja”, implicado en una red de corrupción orquestada por el exgobernador César D. J.

Alejandro G., fue favorecido por el voto del juez federal Adalberto Vences Baca, quien también había fallado a su favor para retirarle las medidas cautelares consistentes.

El exsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto fue liberado de cualquier medida cautelar, sea esta la imposición de un brazalete electrónico o la obligación de no salir del estado de Chihuahua.

El empresario coahuilense estaba acusado por el desvío de más de 200 mil millones de pesos y sólo se sostenía un caso estatal de desvío de 1.7 millones de pesos.

La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ya analiza el caso y prepara una estrategia para revertir el fallo que libera quizá al más importante eslabón de la red de corrupción llamada “Operación Safiro”, con la que presuntamente se desviaba dinero de los estados hacia campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional.