La activista social y abogada Luz Estela “Lucha” Castro, junto con mujeres integrantes del movimiento El Barzón Chihuahua, dirigieron una carta pública a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, en la que le solicita atraer investigaciones penales archivadas en contra de miembros de la familia LeBarón, por presunta extracción ilegal de agua y agresiones violentas contra sus opositores.
El documento pide a Godoy Ramos retomar casos emblemáticos de violencia contra defensores del agua y del territorio en Chihuahua, que permanecen sin resolución.
Tras celebrar el nombramiento de Godoy como la primera mujer al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) y reconocer la detención del exgobernador César Duarte, las firmantes le solicitan reactivar las denuncias presentadas contra Julián LeBarón.
“No tendrás que empezar de cero”, advierten en la misiva.
Exigen retomar denuncias contra Julián LeBarón
La carta enfatiza la necesidad de que la FGR retome las denuncias penales interpuestas contra Julián LeBarón y otros integrantes de su familia, relacionadas con la perforación ilegal de pozos sin concesión para el riego de huertas nogaleras en el municipio de Buenaventura.
Las firmantes recuerdan que dichas denuncias fueron presentadas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pero que permanecen archivadas, pese a que —aseguran— existen elementos probatorios suficientes.
En ese contexto, mencionan acciones de resistencia comunitaria, como la cancelación de nueve pozos ilegales en los ejidos Benito Juárez y Constitución, donde la sobreexplotación del agua habría dejado sin suministro a comunidades y escuelas.
Crímenes impunes y demanda de justicia
El documento adquiere un tono particularmente grave al recordar el asesinato de los defensores de derechos humanos Manuelita Solís Contreras e Ismael Solorio Urrutia, ocurrido el 10 de octubre de 2012, tras encabezar la oposición comunitaria a proyectos extractivos y a la apropiación ilegal del agua.
Castro sostiene que ambos crímenes deben investigarse como posibles crímenes de Estado, toda vez que, previo al doble homicidio, las víctimas solicitaron protección al gobierno estatal durante la administración de César Duarte Jáquez, misma que fue negada pese a la advertencia expresa del riesgo.
“La negativa deliberada de protección compromete la responsabilidad del Estado”, afirma la abogada, quien solicita formalmente que la FGR atraiga la investigación con independencia, exhaustividad y perspectiva de derechos humanos.
Una lucha que sigue
Las mujeres barzonistas subrayan que la defensa del agua en Chihuahua no ha sido simbólica, sino que ha tenido un alto costo humano y social. Denuncian que durante años los intereses económicos en torno al agua fueron favorecidos mediante amparos judiciales, impidiendo la clausura definitiva de pozos ilegales.
Expresan su expectativa de que una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una FGR bajo nueva conducción permitan terminar con prácticas que, aseguran, beneficiaron durante décadas a intereses privados por encima del derecho humano al agua.
La carta concluye con una petición directa a Ernestina Godoy para que, tras más de una década de impunidad, se garantice verdad, justicia y reparación para las comunidades afectadas.
Entre las firmantes aparecen Alma Gómez Caballero, Siria Solís Solís, Minerva Maese Gómez, Lucha Castro, Laura Araceli Chávez y Araceli Olivas.
