medio ambiente

Este jueves se realizó el evento “#EscazúAhora, avances y retos para México”, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se dieron a conocer los avances más recientes de nuestro país en la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú.

A solicitud de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, la Dirección General para Temas Globales encabezó el encuentro, en donde se dio a conocer el Grupo Nacional de Escazú (GNE), que será el máximo órgano colegiado de representación multiactor que prepare las condiciones necesarias para fortalecer la gobernabilidad ambiental en México.

A través de un comunicado, la SRE informó que se revisó el proceso de conformación, prioridades y tareas pendientes, además que se inició la conversación sobre su institucionalización.

A nombre del sector gubernamental, la subdirectora de Asuntos Multilaterales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Isabel Reyes Guerrero, señaló que los pueblos indígenas habitan una quinta parte de la región latinoamericana y suelen ser los más afectados por los efectos del cambio climático, situación también presente en México.

Laura Barranco Pérez, una de los seis representantes del público dentro del GNE, inició su intervención pidiendo un minuto de silencio por las personas defensoras del territorio asesinadas en el país y compartió un panorama de la violencia que sufre este sector de la población. Destacó que el público en el GNE trabajará en colaboración con las entidades gubernamentales para asegurar procesos efectivos y resultados tangibles.

En el marco de la construcción del Tren Maya, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández dijo que los jueces siempre tienen la obligación de combatir la desigualdad y proteger el patrimonio natural que pertenece a todos.

Durante la Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente Acceso a la Justicia, Protección de la Naturaleza y Derechos Humanos, señaló que deben nivelar las asimetrías en el acceso a los recursos naturales, los costos de la contaminación y el cambio climático, que afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables, como los indígenas y afromexicanos.

“Nuestra jurisprudencia constitucional ha reafirmado que es indispensable que todas las personas podamos acceder a la información cierta y oportuna sobre los beneficios, los riesgos y las consecuencias de las políticas, decisiones y acciones que puedan impactar al medio ambiente y a la naturaleza”, aseveró.

Acompañada por el exrector de la UNAM, José Sarukhán Kermez, Piña Hernández resaltó que sólo con esta información podemos realmente participar en los procesos de decisión y comprenderlos; sólo con esta información tendrán cabida diversos intereses y aspiraciones legítimas sobre el destino del patrimonio natural que todos compartimos.

Enfatizó que el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, son derechos fundamentales en sí mismos.

“Es para mí un absoluto orgullo relatarles que esta Suprema Corte de Justicia también ha ido construyendo, poco a poco, una doctrina constitucional que reconoce y protege, como un derecho fundamental, que todas las personas puedan vivir en un medio ambiente sano, que permita su desarrollo y bienestar.

“Hemos resuelto, por ejemplo, que las omisiones para garantizarlo cuando se permite la contaminación de los mares y los ríos o la afectación de ecosistemas y especies en riesgo son una clara violación a ese derecho fundamental”, expresó.

Recordó que las sentencias de la Corte sobre la protección de la naturaleza y el derecho a un medio ambiente sano han sido traducidas a otros idiomas, compartidas y estudiadas en foros especializados a nivel mundial sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales, a través de instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“Porque si los jueces tenemos la obligación constitucional de proteger la vida, la salud, el acceso al agua segura y suficiente, a una alimentación adecuada, una vida digna, a un futuro sustentable, tenemos entonces inevitablemente que proteger a la naturaleza y sus servicios ambientales”, subrayó la también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Insistió en seguir trabajando incansablemente para que no sólo el 5 de junio, sino cada día, con cada sentencia y decisión como impartidores de justicia, honremos la Constitución.

“Honremos a nuestro país garantizando, en igualdad, los derechos fundamentales de todas las personas, protegiendo, para ello, a la naturaleza y al medio ambiente”.

En su oportunidad, David R. Boyd, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, comentó que, en el marco del proyecto del Tren Maya, el gobierno federal debe respetar los derechos humanos.

En materia de minería el Gobierno debe de ser fuerte desde el punto de vista regulatorio para conservar el medio ambiente, pero no impedir la actividad productiva, dijo el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo.

Por invitación del PRI, Guajardo visitó Chihuahua, en donde se anotó como aspirante presidencial por la alianza opositora y dio su opinión respecto a la propuesta de reforma a la Ley Minera.

Dijo que el Gobierno puede hacer que la minería sea consistente con la protección al medio ambiente.

“El problema es que tienen una visión muy cerrada de lo que es el sector”, expresó.

Enfatizó que la minería es un elemento fundamental en las cadenas productivas, siendo la base en muchas áreas de la manufactura.

“Si no tenemos en la minería la base fuerte, afecta a nuestras cadenas de valor, pero además hay comunidades y municipios que dependen integralmente en la explotación minera; sin duda, el Gobierno debe ser fuerte desde un punto de vista regulatorio”, agregó el priista.

El legislador aseguró que la iniciativa de reforma que se envió inicialmente era desastrosa, ya que impedía que una concesión minera, en caso de encontrar otro mineral, lo extrajera sin permiso, es decir, si se entraba a una veta, y se encontraba otro mineral aparte del solicitado, se debería pedir permiso para extraerlo.

“Si le estamos apostando a inversiones como la de Tesla para electromovilidad, la exploración de materiales raros, que es lo nuevo en la minería, pues no habrá quién busque invertir, ¿quién le va a meter 20 millones de dólares a ver si hay un material valioso en una zona, si el gobierno no garantiza que tú vas a hacer el concesionario?”, cuestionó.