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Como chihuahuenses somos responsables y debemos de incidir en el tema de la desnutrición, declaró la presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, luego del acalorado debate entre las bancadas de PAN y Morena por las muertes de siete menores en la comunidad de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo.

La congresista dio su apoyo a ambas bancadas y afirmó que todos los actores políticos son coparticipes de acciones para beneficio de las personas dentro del territorio estatal.

“Se debe de buscar el castigo para los funcionarios que fueron en su momento omisos”, agregó la presidenta, quien dijo que con sus fallas, permitieron el fallecimiento de menores en dicha comunidad.

“Nosotros como legisladores también tenemos una responsabilidad, no podemos excluirnos de esos hechos, aunque haya sido en cualquier administración”, añadió.

Señaló que, independientemente del origen partidista de cada administración, todos los chihuahuenses “somos responsables y nosotros como legisladores debemos incidir en el tema”.

Otro de los puntos que se debe de tocar es el buscar la no repetición de los hechos, por lo que se tienen que emprender acciones las cuales ya están en marcha, como lo mencionó en tribuna el diputado Noel Chávez, representante del Distrito XXI, donde se encuentra la comunidad de Choreachi.

De la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, petición que hizo la bancada de Morena, dijo que esa facultad solamente le corresponde a quien encabece el Poder Ejecutivo.

“Aunque no sea responsabilidad nuestra debemos de estar viendo su desarrollo y su desempeño como tales”, declaró.

Cabe recordar que esta situación se da luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 12/2023 al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo por violaciones a los derechos humanos a la salud, a la vida y al interés superior de la niñez de siete menores de cinco años.

Dentro de esta recomendación CNDH solicitó a ambas instancias que inscriban a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas y procedan a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció la falta de coordinación y la ausencia de un protocolo en la atención a los menores migrantes, tras una intervención que llevó al aseguramiento de personas en movilidad, el 17 de septiembre de 2021, en la ciudad de Chihuahua.

La recomendación número 31/2023 emitida el 28 de febrero al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, se especifica la violación de sus derechos humanos a 21 menores en movilidad.

Dentro de las observaciones la dependencia derechohumanista destacó que no existe un sistema de acciones coordinadas que se lleven a cabo en el tema de atención a menores en situación migratoria.

Los hechos se registraron el 17 de septiembre del 2021, con la detección de 340 migrantes en el municipio de Chihuahua que se encontraban hacinados en una bodega, de los que 21 eran menores, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca.

Las dependencias federales involucradas son el Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Procuraduría Federal de Niños Niñas y Adolescentes (NNA).

Por tal motivo, se solicitó a dichas instancias dentro de la recomendación se dé atención médica y psicológica atendiendo a sus necesidades específicas, y en caso de requerirlos, proveerles de los medicamentos. Dentro de las medidas se solicitó la inscripción de los menores al registro nacional de víctimas.

Esta es la cuarta recomendación que emite la CNDH sobre este caso, dos fueron dirigidas a las autoridades estatales y municipales; las otras dos son para la autoridad federal cuya delegación tiene como sede la ciudad de Chihuahua.

Otro de los puntos que pide la recomendación es capacitar y formar a los servidores públicos en materia de derechos humanos referente a la aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la seguridad jurídica.

Estas capacitaciones se enfocarán en servidoras públicas en funciones de investigación, de la Subdelegación de Procedimientos Penales-Zona Centro, de la FGR en el estado de Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya lleva a cabo una investigación sobre el reclutamiento del crimen organizado de niños y jóvenes para actividades delictivas denunciado en el sur del estado, informó César Jáuregui Moreno, titular de la dependencia.

La denuncia llegó a Norte de Chihuahua como una actividad delictiva efectuada en municipios del sur del estado, entre ellos Jiménez y Camargo, pero el fiscal Jáuregui admitió que esté hecho se da en todo el territorio chihuahuense.

“Efectivamente hay indicios del reclutamiento criminal de menores, pero no sólo en Jiménez, sino en todo el estado; es algo que ya estamos investigando en conjunto con las autoridades federales, porque es el crimen organizado el que está detrás de esto”, lamentó.

En semanas pasadas la irrupción violenta y amenazante de un menor ataviado con equipo táctico en una reunión virtual escolar prendió las alarmas de las autoridades; luego de develarse un video las denuncias llevaron también al presunto reclutamiento de niños y jóvenes para el tráfico de drogas y el sicariato.

El fiscal resaltó que ya se implementan acciones integrales para atajar este fenómeno, que ya se advierte en otras entidades del país como Sinaloa, de prevención, investigación y atención psicológica para rescatar a los menores.