migración

Como una problemática de seguridad nacional calificó la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, el fenómeno de migración que se enfrenta en Ciudad Juárez y el origen del problema es que el Gobierno Federal ha sido omiso en atenderlo.

Ante las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con relación a que su gobierno prevé un incremento en la llegada de migrantes a la frontera con México en mayo próximo, cuando expira el Título 42, la gobernadora indicó que fue un tema que tratado en la Mesa de Seguridad que encabezó este día.

Ante un comité del Senado estadounidense, Mayorkas dijo que la administración del presidente, Joe Biden, está aumentando los recursos destinados a la seguridad fronteriza y la gestión de los casos de migrantes para hacer frente a este escenario.

“Hoy lo hablamos en la Mesa de Seguridad, se elimina el Título 42 el 11 de mayo, por lo cual todas las instancias y niveles de gobierno estamos preparándonos para recibir a los migrantes”, mencionó sobre el tema Campos Galván.

La gobernadora dijo que la situación migratoria que se vive desde hace semanas en Ciudad Juárez se ha tornado en una grave crisis.

“De acuerdo a los datos que tenemos y a los acontecimientos de estos días, se volverá más grave aún si el Gobierno federal (de México) continúa sin tener una política clara y sobre todo acciones concretas al respecto”, declaró.

Indicó que desde hace meses comenzaron a llegar los primeros grupos de migrantes al territorio chihuahuense y le pidieron al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que controlara el flujo migratorio desde la frontera sur, pero hasta ahora no lo ha hecho y mientras esas autoridades son pasivas e insensibles, siguen llegando migrantes a diario.

Campos Galván recordó que expuso el tema de forma personal ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero a través de sus voceros le indicó que no hay tiempo para atender esta agenda y la remiten con el coordinador del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, quien no está atendiendo a nadie.

Insistió que el Gobierno federal no asume la responsabilidad establecida en las diferentes leyes sobre migración y debe definir lo que por naturaleza le corresponda, por lo que hay una omisión y guarda silencio ante el tema.

“No he visto a algún secretario o subsecretario atendiendo el problema después de la muerte de los 40 migrantes en instalaciones del INM”, dijo. “Después de la tragedia la intervención del Gobierno federal ha sido más omisa”.

Agregó que la respuesta que dio esta mañana el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa, frente a más de 25 personas presentes es que no hay una definición en la política migratoria por parte de la Federación.

Ante la situación, analiza denunciar la omisión federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la ONU, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y Unicef.

Dio a conocer que organizaciones civiles y religiosas calculan que hay unas 35 mil personas varadas en espera de cruzar a Estados Unidos; se sabe que entre 1 mil y 1 mil 200 migrantes pasan la frontera, pero son detenidos y expulsados hacia territorio mexicano por otros cruces, informó.

Aunque la funcionaria aseguró que encabezará la exigencia ante del Gobierno federal para que contenga el flujo migratorio y dar una resolución definitiva al problema, también pidió a la población seguir apoyando a las personas migrantes.

Dos semanas después del incendio que costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedió penalmente y solicitó órdenes de aprehensión contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, y el contraalmirante Salvador González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua, por los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones.

De acuerdo con la FGR, los directivos incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

También procedió penalmente contra Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se encuentran vinculados con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y el propio INM, la Fiscalía señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.

Además, omitieron el cumplimiento de la obligación de capacitación, control y supervisión del personal, y quedó en evidencia que Camsa se abstuvo de registrar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después del siniestro.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia.

“La investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos… se continuará informando lo que legalmente proceda”, detalló la dependencia.

La FGR remarcó que los delitos fueron investigados, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas; tres de las cuales son servidores públicos del INM; una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y un individuo que inició el fuego (migrante), todas ellas ya están en prisión.

Indicó que, con las pruebas obtenidas logró continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como por parte de Camsa.

La Fiscalía subrayó que el INM, por ser un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, se investigaron dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado, y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada.

En la investigación de antecedentes, se encontró que el 31 de marzo de 2020, en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco, ocurrió un caso semejante, con un muerto y 14 lesionados.

Esto generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos.

La FGR refirió que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos hechos.

Sólo tuvo dos apariciones

Francisco Garduño estuvo ayer en la mañana en Ciudad Juárez, donde encabezó el acto de repatriación de los cuerpos de 23 de los migrantes fallecidos.

Previo a eso, el 28 de marzo, un día después del incendio, el INM difundió en redes sociales fotografías de Garduño en los hospitales donde se atendían a los migrantes heridos.

En todo este tiempo no dio declaraciones sobre lo sucedido en las instalaciones a su cargo.

De 2018 a la fecha, el INM ha venido sumando observaciones por debilidades en el gasto de los recursos que derivaron en ineficientes servicios de seguridad, infraestructura de baja calidad, falta de mantenimiento y personal inexperto y mal capacitado, e incluso, probables desvíos de recursos.

El diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua.

Lo anterior, para que Estado y municipios tengan la obligación de atender a las personas que cruzan por la entidad de camino hacia los Estados Unidos.

En su propuesta, el diputado morenista propuso que la problemática migratoria la atienda un consejo que distribuya tareas y acciones a las autoridades estatales y municipales con jurisdicción en la zona de crisis.

En la tribuna del Congreso, el legislador mencionó que en Ciudad Juárez, el número de migrantes ya era de 12 mil.

Agregó que, según cifras de la Oficina Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, desde 2010, nueve de cada 10 personas migrantes en tránsito irregular han sido nacionales de Centroamérica.

Por ello, desde semanas antes, los diputados de Morena en el Congreso, llamaron a la toma de acuerdos al advertir de la inminente crisis migratoria, pidiendo qué pusieran a funcionar el Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes.

Con el propósito de que autoridades federales, estatales y municipales trabajaran juntas bajo el mando del ejecutivo del Estado.

Sin embargo, agregó De la Rosa Hickerson, los diputados del PAN, iniciaron una campaña para negar los acuerdos a las propuestas de Morena, y sacar acuerdos en donde únicamente se exigía al Gobierno Federal resolver el problema de los migrantes, negando posibilidad alguna qué la gobernadora asumiera su responsabilidad y convocará al Consejo.

Recordó De la Rosa que en más de 10 sesiones del Congreso del Estado exhortaron al Gobierno de Chihuahua a coordinar esfuerzos y enfrentar “lo que entonces empezaba a convertirse en una crisis humanitaria”.

El presidente municipal, por conducto de su director de Derechos Humanos, del DIF estatal y la subprocuraduría estatal de defensa del menor, y de la policía municipal hicieron una redada el fin de semana inmediato anterior al pasado lunes 27 de marzo, día de lo ocurrido en el centro de reclusión migratoria.

Donde la gobernadora públicamente declaró que “no se iba a parar en Juárez, porque era competencia de la federación”, aun y cuando acudió a la frontera el Presidente de la República, y ni la gobernadora, ni el presidente municipal estuvieron junto a él, para atender el problema migratorio.

Por lo anterior, expuesto se da la iniciativa del legislador morenista a favor de un consejo interinstitucional al tema migrante, que hoy se abate en la frontera norte de Chihuahua.

José Alejandro Solalinde Guerra, conocido como “El padre Solalinde”, confirmó que será él quien encabece el nuevo esfuerzo del Gobierno Federal en su trabajo con el tema migratorio.

Lo anterior, dijo, al decretar que se eliminará el Instituto Nacional de Migración (INM) y vendrá la “Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería”. Lo hará con un cargo honorario, sin sueldo.

En entrevista con Norte Digital, subrayó que en este nuevo esquema quedarán fuera de forma definitiva los militares, a los cuales se les enviará a los cuarteles o áreas de seguridad para la cual deben estar destinados.

Reconoció que la tragedia ocurrida en Juárez, donde resultaron 40 migrantes muertos en un incendio en una estación migratoria, aceleró el proceso para la eliminación del INM, lo cual ya se venía platicando en mesas de trabajo y con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, desde años atrás.

Señaló que “la migración no se va a detener nunca, esa va a seguir” y ni Estados Unidos ni México, ni nadie la va a detener, sin embargo, expresó que la forma de abordar el problema es que lo que “sí se puede cambiar y se hará”.

Explicó que la propuesta de creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, es el cuarto punto de un abordaje que se va a dar a la tragedia del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez.

Solalinde resaltó que primero se tiene que investigar y dar con la verdad, para luego hacer justicia, donde se determine a los responsables y culpables.

Como punto tres indicó que debe haber un resarcimiento de daños.

Como cuarto punto de respuesta a la tragedia sería “la no repetición” de ese tipo de eventos, lo cual se hará con la nueva propuesta de política migratoria para superar el paradigma de control migratorio y de seguridad nacional.

Se privilegiará los derechos humanos y la seguridad humana

El nuevo modelo privilegiará los derechos humanos y la seguridad humana situando a los migrantes en el centro de las políticas públicas migratorias, con decisiones y acciones que los beneficien, lo cual ya está contemplado en la Constitución de México, “pero no se cumple”, según consideró el activista.

“Ahora en lugar de ver a los migrantes como objetos, se les verá como sujetos de derechos”, enfatizó.

Acerca de la posible responsabilidad del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez en los hechos de Juárez, señaló que “es indefendible”. “No hay manera de cómo defenderlo” y la Fiscalía General de la República “tendrá que hacer lo suyo”.

En entrevista con Norte Digital dijo entender que el INM ha aplicado una política dura para tratar de contener la migración, presionado por las amenazas del gobierno de Estados Unidos (EU), sin embargo, ése énfasis en abordar la problemática desde el punto de vista de seguridad, desembocó en la tragedia de Juárez.

Solalinde externó que el presidente AMLO ha dicho que no habrá impunidad en esta tragedia y ambos coinciden en que también debe superarse el hecho y eliminar el Instituto Nacional de Migración “suprimiendo ese paradigma de seguridad y empezando una propuesta, va a ser un cambio de 180 grados”.

“Ahora tuvo que pasar esta desgracia para que se acelerara”, enfatizó.

Comentó que desde el 15 de marzo López Obrador ya había aprobado el cambio del INM a un nuevo esquema, pero con el incendio en la estación migratoria de Juárez y la serie de muertos y heridos, se apresuró el cambio.

Señaló que tras la supresión del INM, “está contemplado que el mismo presupuesto que tiene migración, va a ser para sostener y financiar la Coordinación Nacional”.

Habló de una coordinación con sociedad civil, empresarios, iglesias y secretarías de Estado –tales como SHyCP, SRE- y organismos como Derechos Humanos, Conapred, poder legislativo, entre otros.

Pese al esfuerzo que se hará en México, anotó que Estados Unidos seguirá siendo el reto a superar, por el tema de la contención de la migración.

“México no puede pero Estados Unidos va a decir: por qué me los dejas pasar”, externó Solalinde.

Hizo hincapié en que debe llegarse a un acuerdo con dicho país, para que dentro de sus responsabilidad decida quién entra y quién no, con modalidades virtuales y presenciales en la frontera.

Dijo que los que sean rechazados por EU, recibirán la oferta de México, para que sean sujetos de derechos, pese a su estatus migratorio o en su caso recibir asistencia para que regresen a sus países de origen.

Comentó que si México hace una propuesta de cómo o cuántos migrantes reciba EU, le tocaría a Relaciones Exteriores, pero el que sustituya a Marcelo Ebrard, porque lo más seguro es que el funcionario deje el cargo para irse de campaña política en busca de la Presidencia del país.

Acerca de la corrupción, las extorsiones que desde el INM se aplican a los migrantes, según acusaciones, Solalinde mencionó que ya no tiene caso hablar del tema, “de curar una herida, si ya se va a acabar todo el cuerpo”.

Se le cuestionó si se acabará la corrupción en el nuevo organismo que sustituya al INM, a lo que contestó que “se tiene que poder”.

Finalmente señaló que “todo lo que fue militarización se reincorpora a sus fuerzas armadas o ver qué se hace, tal vez los puedan incorporar a Secretaría de Seguridad, porque como todos estaban en ese plan de seguridad a lo mejor se incorporan allá”.

Dijo que la próxima semana el presidente de México habrá de hacer el anuncio oficial de la nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.