migración

Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno (SGG), declaró que Ciudad Juárez vive una crisis humanitaria que ha generado no solamente malestar social, sino también un incremento en “picos” en materia de inseguridad.

El tráfico de personas que ingresan al país de manera irregular ha causado que haya más de 35 mil personas migrantes en Juárez, sin que esta frontera cuente con la infraestructura para atenderlos.

Diariamente llegan entre 800 y mil 500 personas procedentes de países de Centroamérica y Sudamérica, pero no hay lugares donde vivan, alimentos y otros servicios de índole social, dijo.

Sin embargo, el Gobierno Federal no se ha dado por entendido, porque el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, llegó a la reunión de seguridad “sin hacer la tarea”.

“El delegado del Bienestar finalmente ya asistió a la mesa de seguridad, esa es la buena; la mala, pues es que no llevo la tarea”, afirmó Loera.

Dijo que Loera de la Rosa se retiró una vez concluida la mesa de trabajo en materia de seguridad; sin embargo, espera que antes de que se retire de la mesa el delegado dé a conocer al gobierno estatal cuál será la política migratoria que trabajará la federación.

De la Peña señaló que lo que se busca es que a través del delegado se tenga el conocimiento y coordinación del tema, ya que debe ser Loera el conducto entre la federación y la administración que encabeza María Eugenia Campos Galván.

Afirmó que una cosa es la atención humanitaria a los migrantes y otra la forma en la que se deja ingresar a indocumentados, que ya tiene a Ciudad Juárez en una gran crisis.

Como una problemática de seguridad nacional calificó la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, el fenómeno de migración que se enfrenta en Ciudad Juárez y el origen del problema es que el Gobierno Federal ha sido omiso en atenderlo.

Ante las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con relación a que su gobierno prevé un incremento en la llegada de migrantes a la frontera con México en mayo próximo, cuando expira el Título 42, la gobernadora indicó que fue un tema que tratado en la Mesa de Seguridad que encabezó este día.

Ante un comité del Senado estadounidense, Mayorkas dijo que la administración del presidente, Joe Biden, está aumentando los recursos destinados a la seguridad fronteriza y la gestión de los casos de migrantes para hacer frente a este escenario.

“Hoy lo hablamos en la Mesa de Seguridad, se elimina el Título 42 el 11 de mayo, por lo cual todas las instancias y niveles de gobierno estamos preparándonos para recibir a los migrantes”, mencionó sobre el tema Campos Galván.

La gobernadora dijo que la situación migratoria que se vive desde hace semanas en Ciudad Juárez se ha tornado en una grave crisis.

“De acuerdo a los datos que tenemos y a los acontecimientos de estos días, se volverá más grave aún si el Gobierno federal (de México) continúa sin tener una política clara y sobre todo acciones concretas al respecto”, declaró.

Indicó que desde hace meses comenzaron a llegar los primeros grupos de migrantes al territorio chihuahuense y le pidieron al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que controlara el flujo migratorio desde la frontera sur, pero hasta ahora no lo ha hecho y mientras esas autoridades son pasivas e insensibles, siguen llegando migrantes a diario.

Campos Galván recordó que expuso el tema de forma personal ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero a través de sus voceros le indicó que no hay tiempo para atender esta agenda y la remiten con el coordinador del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, quien no está atendiendo a nadie.

Insistió que el Gobierno federal no asume la responsabilidad establecida en las diferentes leyes sobre migración y debe definir lo que por naturaleza le corresponda, por lo que hay una omisión y guarda silencio ante el tema.

“No he visto a algún secretario o subsecretario atendiendo el problema después de la muerte de los 40 migrantes en instalaciones del INM”, dijo. “Después de la tragedia la intervención del Gobierno federal ha sido más omisa”.

Agregó que la respuesta que dio esta mañana el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa, frente a más de 25 personas presentes es que no hay una definición en la política migratoria por parte de la Federación.

Ante la situación, analiza denunciar la omisión federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la ONU, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y Unicef.

Dio a conocer que organizaciones civiles y religiosas calculan que hay unas 35 mil personas varadas en espera de cruzar a Estados Unidos; se sabe que entre 1 mil y 1 mil 200 migrantes pasan la frontera, pero son detenidos y expulsados hacia territorio mexicano por otros cruces, informó.

Aunque la funcionaria aseguró que encabezará la exigencia ante del Gobierno federal para que contenga el flujo migratorio y dar una resolución definitiva al problema, también pidió a la población seguir apoyando a las personas migrantes.

Dos semanas después del incendio que costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedió penalmente y solicitó órdenes de aprehensión contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, y el contraalmirante Salvador González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua, por los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones.

De acuerdo con la FGR, los directivos incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

También procedió penalmente contra Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se encuentran vinculados con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y el propio INM, la Fiscalía señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.

Además, omitieron el cumplimiento de la obligación de capacitación, control y supervisión del personal, y quedó en evidencia que Camsa se abstuvo de registrar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después del siniestro.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia.

“La investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos… se continuará informando lo que legalmente proceda”, detalló la dependencia.

La FGR remarcó que los delitos fueron investigados, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas; tres de las cuales son servidores públicos del INM; una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y un individuo que inició el fuego (migrante), todas ellas ya están en prisión.

Indicó que, con las pruebas obtenidas logró continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como por parte de Camsa.

La Fiscalía subrayó que el INM, por ser un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, se investigaron dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado, y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada.

En la investigación de antecedentes, se encontró que el 31 de marzo de 2020, en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco, ocurrió un caso semejante, con un muerto y 14 lesionados.

Esto generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos.

La FGR refirió que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos hechos.

Sólo tuvo dos apariciones

Francisco Garduño estuvo ayer en la mañana en Ciudad Juárez, donde encabezó el acto de repatriación de los cuerpos de 23 de los migrantes fallecidos.

Previo a eso, el 28 de marzo, un día después del incendio, el INM difundió en redes sociales fotografías de Garduño en los hospitales donde se atendían a los migrantes heridos.

En todo este tiempo no dio declaraciones sobre lo sucedido en las instalaciones a su cargo.

De 2018 a la fecha, el INM ha venido sumando observaciones por debilidades en el gasto de los recursos que derivaron en ineficientes servicios de seguridad, infraestructura de baja calidad, falta de mantenimiento y personal inexperto y mal capacitado, e incluso, probables desvíos de recursos.

El diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua.

Lo anterior, para que Estado y municipios tengan la obligación de atender a las personas que cruzan por la entidad de camino hacia los Estados Unidos.

En su propuesta, el diputado morenista propuso que la problemática migratoria la atienda un consejo que distribuya tareas y acciones a las autoridades estatales y municipales con jurisdicción en la zona de crisis.

En la tribuna del Congreso, el legislador mencionó que en Ciudad Juárez, el número de migrantes ya era de 12 mil.

Agregó que, según cifras de la Oficina Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, desde 2010, nueve de cada 10 personas migrantes en tránsito irregular han sido nacionales de Centroamérica.

Por ello, desde semanas antes, los diputados de Morena en el Congreso, llamaron a la toma de acuerdos al advertir de la inminente crisis migratoria, pidiendo qué pusieran a funcionar el Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes.

Con el propósito de que autoridades federales, estatales y municipales trabajaran juntas bajo el mando del ejecutivo del Estado.

Sin embargo, agregó De la Rosa Hickerson, los diputados del PAN, iniciaron una campaña para negar los acuerdos a las propuestas de Morena, y sacar acuerdos en donde únicamente se exigía al Gobierno Federal resolver el problema de los migrantes, negando posibilidad alguna qué la gobernadora asumiera su responsabilidad y convocará al Consejo.

Recordó De la Rosa que en más de 10 sesiones del Congreso del Estado exhortaron al Gobierno de Chihuahua a coordinar esfuerzos y enfrentar “lo que entonces empezaba a convertirse en una crisis humanitaria”.

El presidente municipal, por conducto de su director de Derechos Humanos, del DIF estatal y la subprocuraduría estatal de defensa del menor, y de la policía municipal hicieron una redada el fin de semana inmediato anterior al pasado lunes 27 de marzo, día de lo ocurrido en el centro de reclusión migratoria.

Donde la gobernadora públicamente declaró que “no se iba a parar en Juárez, porque era competencia de la federación”, aun y cuando acudió a la frontera el Presidente de la República, y ni la gobernadora, ni el presidente municipal estuvieron junto a él, para atender el problema migratorio.

Por lo anterior, expuesto se da la iniciativa del legislador morenista a favor de un consejo interinstitucional al tema migrante, que hoy se abate en la frontera norte de Chihuahua.