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migrantes

Un juez federal de Minnesota ordenó al jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) explicar personalmente por qué su agencia ha negado el debido proceso a migrantes detenidos, al incumplir de manera reiterada órdenes judiciales para otorgar audiencias de fianza.

De acuerdo con The Associated Press, la orden fue emitida por el juez Patrick J. Schiltz, quien citó al director interino del ICE, Todd Lyons, a comparecer este viernes ante el tribunal, luego de documentar que la agencia ignoró mandatos explícitos para garantizar audiencias a personas bajo custodia migratoria.

El juez calificó la situación como extraordinaria y advirtió que la administración del presidente Donald Trump podría enfrentar un procedimiento por desacato si no ofrece una justificación convincente por el incumplimiento de las resoluciones judiciales.

La comparecencia podría cancelarse únicamente si uno de los migrantes afectados es liberado antes de la audiencia, precisó el tribunal.

El caso se da en un contexto de creciente tensión en Minnesota por el despliegue de fuerzas migratorias y las críticas a las prácticas del ICE, señaladas por organizaciones civiles y autoridades locales como violatorias de derechos fundamentales.

Chloe Renata Tipan Villacis tenía apenas dos años cuando su vida quedó atrapada en un operativo migratorio. No iba a la escuela, no cruzaba una frontera, no cometía ningún delito. Solo acompañaba a su padre.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a la niña junto a su padre durante un operativo en Minnesota. En cuestión de horas, ambos fueron trasladados a un centro de detención a más de mil kilómetros de distancia, en Texas.

La escena es simple y brutal: una niña pequeña bajo custodia migratoria.

El caso de Chloe Renata provocó una reacción inmediata de abogados, activistas y autoridades locales. Un juez federal emitió una orden de emergencia para impedir su traslado fuera del estado y garantizar que la menor fuera entregada a su madre. La orden no fue acatada de inmediato.

ICE continuó con el traslado.

La decisión encendió protestas y una ola de indignación pública. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que la detención de una niña de dos años constituye un acto desproporcionado y contrario a los principios básicos de protección a la infancia.

Horas después, Chloe Renata fue finalmente reunida con su madre. Su padre, en cambio, permanece bajo custodia federal.

El caso no es aislado. Ocurre en un contexto de operativos migratorios intensificados en varias ciudades de Estados Unidos, donde niños y niñas han sido detenidos junto a sus familias, convirtiéndose en daños colaterales de una política que privilegia la persecución sobre la protección.

El gobierno de Estados Unidos reforzó su política migratoria al contratar empresas privadas que usan inteligencia artificial para localizar migrantes dentro del país. Así lo documentó el periodista Témoris Grecko en un reportaje publicado por Milenio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) firmó contratos con diez compañías privadas para realizar tareas de rastreo de personas con procesos migratorios abiertos. Estas empresas analizan bases de datos, direcciones y redes de contacto para ubicar a migrantes y facilitar su detención.

Algunas de estas compañías presumen que sus sistemas de inteligencia artificial procesan decenas de miles de direcciones cada mes, lo que acelera búsquedas que antes realizaban agentes humanos.

Según el reportaje, los sistemas no solo buscan domicilios. Cruzan información sobre familiares, amistades y lugares frecuentes, con el objetivo de reconstruir rutas y posibles ubicaciones de las personas buscadas.

Este esquema retoma la lógica de los antiguos “migras”, pero ahora opera con tecnología, algoritmos y contratos millonarios, en lugar de patrullajes tradicionales.

Un negocio con dinero público

Milenio documentó que varias de las empresas contratadas ya operan cárceles privadas o prestan servicios de seguridad al gobierno estadounidense. Otras surgieron recientemente, justo cuando la política migratoria endureció sus controles.

ICE paga millones de dólares por estos servicios, lo que convirtió la localización de migrantes en un negocio financiado con recursos públicos.

Organizaciones civiles advirtieron riesgos de abusos y errores, ya que los sistemas automatizados pueden afectar la privacidad o incluir a personas que no se encuentran en situación irregular.

El uso de inteligencia artificial y empresas privadas marca un giro en la estrategia migratoria de Estados Unidos, donde la tecnología asumió un papel central en la vigilancia, localización y detención de personas migrantes. (Con información de Milenio | Reportaje de Témoris Grecko),

La Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, informó que obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de tres presuntos responsables de secuestro agravado en perjuicio de dos víctimas de origen hondureño, a quienes mantuvieron privados de la libertad durante 12 días para obtener un lucro.

Por estos hechos registrados en la ciudad de Chihuahua, fueron detenidos Óscar Amador A. H., Bryan Jairel T. N. y Jazmín Iveth J. P., a quienes les cumplimentaron órdenes de aprehensión obsequiadas por un juez de Control que revisó los antecedentes derivados de las acciones de inteligencia e investigación para el esclarecimiento de los hechos.

La detención se realizó el pasado 13 de diciembre y posteriormente, se les llevó a la Audiencia de Formulación, en donde el juez conocedor de la causa, del Distrito Judicial Morelos, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, se indicó.

Fue en la continuación de la audiencia, el día 18 de diciembre del presente año, cuando el juez dictó el auto de vinculación a proceso en contra de los tres imputados.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro de la FEOE, los presuntos responsables, en compañía de otros sujetos, privaron de la libertad a las víctimas con identidad reservada, de origen hondureño, con el propósito de obtener un beneficio económico.

Mantuvieron a sus víctimas retenidas contra su voluntad, teniéndolos en cautiverio 12 días aproximadamente, mientras que exigían cantidades en dólares a sus familiares a cambio de su libertad y bajo amenaza de hacerles daño si el pago no se realizaba, según refiere el reporte oficial.

El 9 de diciembre las víctimas lograron escapar y pidieron la ayuda de las autoridades.

El juez de control determinó otorgar cuatro meses para las investigaciones complementarias y debido a que las víctimas son personas en movilidad, es decir, migrantes, en la audiencia de vinculación se llevó a cabo la prueba anticipada (mecanismo excepcional para desahogo de medios probatorios ante el riesgo fundado para las víctimas), se informó.

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