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Chihuahua se posiciona como la segunda entidad con mayor número de concesiones mineras canceladas o recuperadas por el Gobierno federal, según los datos presentados este jueves 12 de febrero de 2026 en la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, José Fernando Aboitiz, detallaron que se han recuperado un total de 1,126 concesiones mineras a nivel nacional, equivalentes a 889,512 hectáreas devueltas al control del Estado mexicano.

El desglose por número de concesiones recuperadas coloca a Chihuahua en el segundo lugar con 134 concesiones canceladas, estas abarcan aproximadamente 34,074 hectáreas, representando el 4% del total nacional recuperado.

El primer lugar lo ocupa Coahuila con 149 concesiones, seguido por Chihuahua (134), Sonora (120), Zacatecas (119), Durango (101) y Jalisco (70).

Estos seis estados concentran la mayor parte de las acciones, dada su fuerte tradición minera.

Las principales causas de las cancelaciones son incumplimientos establecidos en la Ley Minera, como:

  • Falta de pago de derechos mineros por dos años o más (causal automática de revocación).
  • Omisión en la entrega de informes estadísticos, de obras y actividades obligatorios.
  • Mantenimiento especulativo de títulos sin exploración ni producción real.

De las concesiones recuperadas a nivel nacional, 713 (unas 249,000-250,000 hectáreas) se encontraban en Áreas Naturales Protegidas, donde la actividad minera está prohibida por ley, lo que se destacó como un avance clave en protección ambiental y soberanía sobre recursos naturales.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que estas medidas forman parte de una estrategia para ordenar el sector, combatir la especulación y priorizar el cumplimiento normativo, sin otorgar nuevas concesiones indiscriminadas.

El 90% de las cancelaciones corresponden a personas físicas, no a grandes corporativos.

Chihuahua, uno de los estados con mayor producción minera histórica (especialmente en metales preciosos y no metálicos), ve así una reducción significativa en títulos ociosos, alineada con la política nacional de recuperación de bienes nacionales.

(mr)

La Consejería Jurídica de Presidencia de la República acusó que con su acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley Minera los diputados de oposición pretenden que el Estado mexicano pierda nuevamente la rectoría sobre los recursos minerales.

En el informe de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal relativo a la acción de inconstitucionalidad 129/2023 que analiza la SCJN, la dependencia destacó que con la actualización de la norma ahora debe realizarse consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento en el otorgamiento de concesiones mineras.

“También hace hincapié en que dicha ley reconoce expresamente el derecho constitucional a la consulta indígena y garantiza que el impacto socioeconómico que produce la actividad minera contribuya al desarrollo de esa población”.

Por ello, dijo la Consejería en un comunicado, es cuestionable que los legisladores de oposición se opongan a que la Ley garantice la realización de este tipo de consultas a la población indígena, así como al pago que deben realizar los concesionarios a las comunidades por el uso de sus tierras y aguas.

“El decreto impugnado permite recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación”.

Acusó que el pretender invalidar esta reforma solo responde a los intereses económicos privados y no al beneficio colectivo de las comunidades.

“Los diputados de oposición se niegan a reconocer que el Estado mexicano cuenta con capacidad técnica y científica para la exploración de minerales. Desconocen que, desde 1944, inició la investigación sobre los recursos minerales en el territorio nacional. Con el Servicio Geológico Mexicano se ha fortalecido esta capacidad”.

Por ello es necesario que, así como los representantes de los intereses de los concesionarios mineros impugnan la ley, sus beneficiarios defiendan ante la SCJN los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como los beneficios que en materia ambiental establece la reforma impugnada.

“De declararse su invalidez, se estaría manteniendo una situación injusta que sólo favorece a unos cuantos grupos de interés privado que se niegan a asumir su responsabilidad social”, advirtió.

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