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Luego de que Marcelo Ebrard denunciara incidencias que ponen en entredicho la selección del candidato de Morena, las gobernadoras y los gobernadores morenistas respaldaron la consulta para el proceso de renovación del liderazgo nacional.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, compartió un documento en el que los gobernadores respaldan que el proceso cumplió con las reglas y objetivos establecidos en la convocatoria.

Agregaron los mandatarios estatales que cumplieron con las reglas de no tener injerencia en el proceso “y de respeto a cada uno de los seis contendientes”.

“Una vez conocidos los resultados, habremos de expresar nuestro absoluto respaldo a quien el pueblo haya apoyado de manera más amplia para los trabajos de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, indicaron.

“Que a la luz de los resultados queda demostrado que nuestro movimiento sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México, que la inmensa mayoría de los mexicanos nos confiaron en 2018 en la persona de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador”, agregaron.

Los gobernadores de Morena reconocieron el esfuerzo y aportaciones de quienes se propusieron encabezar el liderazgo del movimiento, así como sus respectivos equipos.

“El levantamiento de la encuesta terminó este martes y ahora corresponde contar las simpatías que cada aspirante despertó en el ánimo de la gente.

“Reiteramos nuestro irrestricto apoyo a las instancias organizativas de esta etapa del proceso; el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Elecciones y la Comisión de encuestas cuentan con nuestro reconocimiento, pues se han conducido con absoluto apego a los principios democráticos que distinguen a nuestro movimiento”, señala el documento firmado por los 22 gobernadores de Morena.

Adriana Terrazas recalcó que es facultad de cualquier diputado adherirse o salirse de cualquier Grupo Parlamentario, ante los cuestionamientos y la solicitud de expulsión de su bancada en el Congreso del Estado.

“Están a tres cuadras del desfile, no hay relación ni artículo en alguna ley escrita; aquí seguiré en Morena”, respondió la legisladora.

Terrazas Porras explicó que desde el año pasado que le iniciaron un proceso, la sacaron del WhatsApp, “un tanto infantiles desde mi punto de vista, manifestaron corporalmente que no estuviera en la fracción parlamentaria”.

“No es facultad de ellos sacarme de la fracción, no hay ningún artículo, ¿en calidad de qué me citan?, ¿con qué autoridad? Me dicen que les conteste un escrito, ¿en dónde dice que les tengo que contestar?”, respondió Terrazas Porras.

La diputada afirmó que responderá el escrito, pero no acudirá a la audiencia del viernes 8 de septiembre, como informó Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, “sólo acudiré si una autoridad me cita conforme a la ley”.

“Estoy muy tranquila y muy conforme con el trabajo que he realizado, no le he faltado a las y los chihuahuenses, estoy haciendo mi trabajo conforme me corresponde, estoy satisfecha y orgullosa de hacer historia”, expresó.

Terrazas Porras agregó que ha hecho historia, una por hacer que Morena presidiera el Congreso en el Estado, luego porque es la primera vez de una reelección y tercero porque Morena ocupa por segunda vez un Poder en el Estado.

“Morena no son 10 diputados, y ahora 11 diputados. Hay un Consejo Nacional, hay diputadas y diputados federales, hay presidentes municipales que respaldan a una servidora, mucha militancia de la cual tengo respaldo”, puntualizó.

El Grupo Parlamentario de Morena dio a conocer que este miércoles vence el plazo para que la diputada y presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, responda sobre el procedimiento en su contra para “expulsarla” de la bancada.

Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada, explicó que Terrazas Porras ya fue notificada al respecto, tiene un término de 3 días para expresar lo que considera, mismo plazo que concluye este miércoles.

Estrada dijo que la diputada presidenta del Congreso debe presentarse a una audiencia y será la propia bancada la que emita la resolución sobre si continúa o no dentro de la Fracción Parlamentaria de Morena.

“Yo no pedí la solicitud (de expulsión) lo hicieron las diputadas y diputados, es obvio que yo no la pido porque alguien lo tiene que regular”, explicó Estrada, al ser cuestionado si le toca ser juez y parte.

El diputado morenista recordó que las razones por las que la bancada solicita la expulsión de Adriana Terrazas, son por no respetar el acuerdo interno del 2022 por la presidencia de la Mesa Directiva, luego por aceptar la propuesta para este 2023.

Otro de los argumentos es por emitir votos que van en contra de la postura del Grupo Parlamentario, como lo son nombramientos de fiscales, órganos internos de control, “no los recuerdo todo, porque es extenso”.

Sobre la audiencia, respondió que este viernes 8 de septiembre puede ser “probablemente”, ya que todo depende de la respuesta de la diputada Terrazas.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentará esta misma tarde una iniciativa de reforma para recortar más de 20 mil millones de pesos al poder judicial, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, a fin de que “todas las disponibilidades que en existan en estos fondos y fideicomisos, se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.

La propuesta del coordinador guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, plantea expedir la ley orgánica del poder judicial de la federación en materia de fondos y fideicomisos.

En su exposición de motivos, Mier Velazco explica que México se encuentra en un momento de “refundación institucional”, motivo por el que, además de la independencia, autonomía, imparcialidad, eficacia, y rendición de cuentas, el Poder Judicial está obligado a aplicar la austeridad “para ser un buen sistema”.

“Sin embargo, los dos elementos restantes, la rendición de cuentas y la austeridad, constituyen aún pendientes importantes por lograr. En materia de austeridad, el avance es casi completamente nulo, y la falta combinada de avances en estas materias, está generando una percepción negativa en la sociedad respecto al Poder Judicial, agraviada por una cultura generalizada de excesos que ya no encuentra fácil de tolerar”, señala el legislador.

Ignacio Mier denuncia en su propuesta que los ministros del Poder Judicial reciben por su sueldo mensual un total de 297 mil 403.77 pesos, por concepto de aguinaldo otros 586 mil 092.53 pesos, por su prima vacacional otros 95 mil 474.68 pesos, además de otros 60 mil 307.52 mensuales para gastos de alimentación, que en total suman 723,690.24 pesos al año, sin contar el “Pago por Riesgo de trabajo a cada ministro que es de 640,372.31 pesos y se les entrega cada año en el mes de junio”.

Agregó que otras prestaciones para los ministros, también incluyen a su familia, por ejemplo: “El “Apoyo para Medicamentos”, en el que se incluye al ministro/a y a su cónyuge es de 188,099 pesos cada año, y el “Apoyo de lentes” que contempla a los ministros, sus cónyuges e hijos, es de 3,100 pesos anuales para cada uno de los integrantes de la familia”.

También acusó la entrega de recursos para contratación de personal en la oficina de cada ministro que contempla el otorgamiento de 5 millones 540 mil 930.32 pesos mensuales; un “estímulo por antigüedad” de mil pesos mensuales; un “Pago de defunción” por un millón 189 mil 615.08 pesos; 30 mil pesos de “Ayuda de gastos funerales”; “Seguro de Vida” por 12 millones de pesos; “Seguro de Gastos Médicos” por 30 millones de pesos; “Seguro de Separación Individualizado” que puede ser de un 2%, 4%, 5% o 10% del sueldo del ministro y en el que la SCJN abona el doble con cual al cabo de 15 años que dura la gestión de los integrantes de la Corte pueden acumular hasta 20 millones de pesos para su retiro.

Por lo anterior, la propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se extingan aquellos mandatos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley.

Lo anterior representa que solo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo este “el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia” del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 727 millones 411 mil 587 pesos, mientras que los 19 mil 789 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

Se agrega que, a sabiendas de que algunos de estos fideicomisos resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales que conforman derechos adquiridos, “los actos de extinción de estos mandatos jurídicos deberán respetar los compromisos contractuales de los mismos y respetar los derechos que se hayan generado, cubriéndose los montos que correspondan con cargo a los propios fideicomisos”.

Por lo tanto, “una vez solventados dichos compromisos, los recursos federales remanentes, incluyendo los productos y rendimientos que hayan generado a lo largo de los años, generando ahorros financiados por el presupuesto público, también deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.

La iniciativa ya fue publicada en la gaceta parlamentaria y será anunciada esta misma tarde.