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El diputado federal Juan Carlos Varela Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar con destitución e inhabilitación a servidores públicos que autoricen, faciliten o toleren la presencia y operación de agentes extranjeros sin la autorización expresa del Gobierno Federal.

La propuesta establece que cualquier funcionario federal, estatal o municipal que permita la participación de agentes de otros países en operaciones de seguridad pública, investigaciones o actividades de inteligencia, sin contar con la aprobación del Ejecutivo Federal, será sancionado con:

Destitución inmediata del cargo.
Inhabilitación para ocupar cualquier puesto en el servicio público (por el tiempo máximo que establece la ley).
Posibles multas económicas.

Según el legislador, el objetivo es fortalecer la soberanía nacional y evitar que gobiernos locales realicen acuerdos o operativos directos con agencias extranjeras, principalmente de Estados Unidos, sin pasar por las instancias federales correspondientes.

Esta iniciativa surge en el contexto del caso ocurrido en Chihuahua, donde dos presuntos agentes estadounidenses perdieron la vida durante un operativo relacionado con un narcolaboratorio.

El incidente generó polémica sobre la posible participación irregular de agentes extranjeros y ha sido utilizado por Morena para insistir en que toda cooperación en materia de seguridad debe canalizarse exclusivamente a través del gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que en México no existen operaciones conjuntas con agentes extranjeros, sino únicamente intercambio de inteligencia.

La iniciativa de Varela se enmarca en la narrativa de Morena de defensa de la soberanía frente a lo que consideran posible ingerencia extranjera en asuntos de seguridad interna.

La propuesta ha sido turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

La bancada de Morena en el Congreso del Estado solicitó la comparecencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que informe y aclare los hechos relacionados con la presunta operación de agentes extranjeros en territorio estatal, así como la muerte de dos de ellos tras un operativo reciente.

El grupo morenista presentó este jueves un punto de acuerdo en voz de la diputada juarense Elizabeth Guzmán Argueta, quien sostuvo que lo ocurrido el fin de semana pasado en el municipio de Morelos no puede considerarse un hecho aislado, sino un asunto que pone en entredicho la soberanía nacional y la legalidad en el ejercicio del poder público.

“Nuestra legislación es clara: los estados no pueden, bajo ninguna circunstancia, celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros. La gobernadora no tiene facultades para realizar arreglos de este tipo”, expresó la legisladora al fijar la postura de su bancada.

Guzmán Argueta advirtió que permitir la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad podría constituir una violación a diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 39, 40, 89 y 117, que regulan la soberanía y las competencias entre órdenes de gobierno.

Afirmó además que existen antecedentes que sugieren una práctica recurrente de colaboración internacional sin la intervención del gobierno federal.

Entre otros, mencionó el Memorándum de Entendimiento firmado en 2022 entre el Gobierno de Chihuahua y el estado de Texas en materia de cruce fronterizo, así como un acuerdo de cooperación hídrica con Israel en 2023, suscrito por la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Asimismo, existen señalamientos de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sobre intercambio de información con agencias estadounidenses como DEA, FBI, HSI, CBP y ATF.

Según la legisladora, estos antecedentes evidencian una posible práctica de establecer acuerdos con actores internacionales al margen de la Federación.

La solicitud de comparecencia ocurre en medio de la controversia generada por reportes periodísticos que documentan la participación de presuntos agentes de la CIA en operativos en Chihuahua, así como el fallecimiento de dos de ellos en un accidente posterior.

Morena planteó que el Congreso local debe esclarecer si existió algún tipo de acuerdo, autorización o coordinación formal entre autoridades estatales y agencias extranjeras.

La propuesta será discutida en el Pleno del Congreso, donde se definirá si procede la comparecencia de la titular del Ejecutivo estatal.

La dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, hizo un llamado a todos los actores políticos a respetar la ley electoral y los lineamientos internos del partido, ante la proliferación de actos anticipados de campaña en la entidad.

En conferencia de prensa, Granados señaló que el exhorto no solo va dirigido a militantes de Morena, sino a todos los partidos, al advertir que se han detectado espectaculares, bardas, volantes y eventos públicos con tintes proselitistas.

“Primero que nada, que se respete la ley electoral, no solamente la gente de nuestro partido, sino de todos los partidos”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó un evento encabezado por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, el cual calificó como “abiertamente de campaña”.

La dirigente subrayó que cualquier irregularidad puede ser denunciada ante las autoridades electorales, y que al interior de Morena los casos podrán ser revisados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, instancia que determinará posibles sanciones, incluso sobre registros de aspirantes.

Granados insistió en que dentro del partido deben acatarse las nueve reglas y seis criterios aprobados por el Consejo Nacional, sin excepciones. “No es que esta regla sí me conviene y esta no; se deben respetar todas”, puntualizó.

Sobre las críticas por su ausencia en una reciente sesión del Consejo Estatal, la dirigente explicó que se encontraba en gira por la Sierra Tarahumara atendiendo la conformación de consejos municipales, destacando que Chihuahua es uno de los estados más avanzados en ese proceso.

Rechazó además que existan estructuras paralelas dentro del partido y aseguró que Morena opera bajo una lógica nacional, con coordinación entre sus órganos estatales y municipales.

En su mensaje político, Granados enfatizó la necesidad de privilegiar la unidad interna y el trabajo territorial, alineado con la estrategia impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, reiteró que el principal adversario político es el PRI y criticó al gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos, al que calificó como ausente y con malos resultados.

“Tenemos la gran oportunidad de que Chihuahua se vista de guinda”, expresó, al tiempo que insistió en que el objetivo central del movimiento es consolidar su proyecto político en la entidad mediante organización y cercanía con la ciudadanía.

La salida de Citlalli Hernández del Gabinete federal no solo la devuelve a Morena: la coloca en el centro de la operación electoral rumbo a 2027.

Tras su renuncia a la Secretaría de las Mujeres, la dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, la designó al frente de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas, una posición estratégica para definir candidaturas y acuerdos políticos.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la ahora exfuncionaria se integraría al Comité Ejecutivo Nacional para tareas clave de operación política, particularmente en la construcción de alianzas.

Con su nombramiento, Morena no solo refuerza su estructura interna, también adelanta la batalla por el control territorial y las candidaturas rumbo a las elecciones intermedias.

Citlalli Hernández deja una dependencia de reciente creación para regresar al terreno donde ha tenido mayor peso: la operación política.

En 2024 ya fue responsable de articular alianzas y negociar con partidos como el PT y el Verde, en un contexto que hoy vuelve a tensarse por diferencias internas.

Su perfil —más político que técnico— explica el relevo: Morena necesita operadores, no solo funcionarios.

La salida de Hernández se suma a otros movimientos dentro del partido y el gobierno que apuntan a una reorganización interna para mantener la mayoría legislativa y el control de gubernaturas.

Mientras tanto, el Gobierno federal deberá definir a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.