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La fracción parlamentaria de Morena solicita al Gobierno del Estado cumplir los acuerdos que tomó con concesionarios de transporte de Chihuahua y Ciudad Juárez sobre la tarifa de camiones urbanos.

El exhorto fue presentado por la diputada Leticia Ortega Máynez, quién también pidió al secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña, que informe con datos exactos el avance del cumplimiento de los mismos.

La morenista expuso que con la llegada del mes de julio se cumplió el plazo de tres meses que establecieron el Gobierno del Estado con los concesionarios para mejorar este servicio.

Agregó, que muchos fueron los compromisos asumidos con el aumento de la tarifa, que se pueden encontrar en la página oficial de Gobierno del Estado donde desde el 05 de abril se encuentra publicado un comunicado.

La moción fue aprobada con 6 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones.

Si la impugnación, por inconstitucionalidad, contra la Reforma Electoral que prepara la bancada de Morena es coherente, será apoyada por la presidencia del Congreso, anunció Adriana Terrazas Porras.

“No sé si vaya a agregar algunos otros artículos (la fracción parlamentaria de Morena), estaré pendiente y por supuesto, si va en coherencia con lo que yo pienso, por supuesto, que los apoyaré, si es necesario”, señaló la presidenta del Congreso del Estado.

El coordinador de la diputación morenista, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, dijo que hay cuando menos tres motivos de impugnación.

“La Ley Orgánica es muy específica y en caso de que él considere, o que la bancada considere que haya sido así, pues estaremos pendientes precisamente en qué consideran los que se ha violado”, declaró Terrazas antes del inicio de la Sesión Solemne del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua.

Morena presentó una iniciativa de ley ante el pleno de la Comisión Permanente para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganen menos que el Presidente de la República, “pues nadie trabaja más que él y su nivel de responsabilidad es mucho mayor al de cualquier funcionario del Poder Judicial y, les guste o no, tienen que ajustarse a la austeridad republicana”.

Las reformas al artículo 94 constitucional propuestas por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, establecen que:

“La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo, siempre y cuando su remuneración sea menor o igual a la de la persona titular del Poder Ejecutivo”.

Robles Gómez advierte en la exposición de motivos de su iniciativa, que hay una “renuencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por bajarse sus salarios”, lo que es una muestra más de su poco compromiso ético y moral con el pueblo de México.

“Es un acto simbólico que demuestra la conversión de la Corte en un poder al servicio del interés personal y de la oligarquía y que no responde a los intereses del pueblo.

“Los ministros de la Suprema Corte de Justicia han demostrado deshonestidad y falta de probidad, así como un actuar poco ético y bajo compromiso social al auto otorgarse amparos para dejar de ajustarse a la Constitución en un abierto conflicto de intereses”, señala.

El PAN y el PRI “congelaron” el proyecto de afiliación de cónyuges de trabajadoras del Estado a Pensiones Civiles, denunció el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada.

El legislador consideró que existe una franca actitud de discriminación hacia las trabajadoras del Estado.

Los dictámenes iban a ser presentados mañana para votación de la comisión, los cuales se validarían este miércoles para turnarlos al Pleno el próximo jueves.

El diputado del Partido Acción Nacional, Mario Rodríguez, a través de un oficio entregado a la presidencia del Congreso del Estado el pasado 29 de junio, solicitó el “returno” a su Comisión de siete asuntos que se encontraban anteriormente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De esa manera, el dictamen que se estaba elaborando queda sin validez toda vez que la Comisión presidida por la diputada del Partido del Trabajo, Jael Argüelles, ya no tendrá a cargo esos asuntos.

“Con la premisa del cuidado de las finanzas del gobierno, que en todo momento se han declarado sanas por parte del Ejecutivo, se negó un derecho que sí tienen los trabajadores varones del estado, que es el de poder brindar servicio médico a sus cónyuges”, dijo el legislador Cuauhtémoc Estrada.

La iniciativa contempla como beneficiarios de la pensión del trabajador fallecido a los hijos mayores o menores de edad que cuenten con una discapacidad física o motora, sensorial, intelectual, psíquica o mental. A la fecha las mujeres no pueden inscribir a sus maridos a este servicio médico.

La diputada Jael Argüelles del PT, señaló que se trata de una estrategia para no dejarla salir de la comisión por parte del PRI y el PAN, a los que calificó de “partidos antiderechos”.