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La bancada de Morena, representada por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, presentó una iniciativa para liberar a las personas encarceladas o procesadas por abortar. La legisladora, quien también preside la mesa directiva del Congreso del Estado, argumentó que, tras la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las personas afectadas deben ser absueltas.

“Son seis mujeres las que permanecen en prisión acusadas o sentenciadas por esta práctica.

La solicitud es que, donde se encuentren, se haga su liberación de manera inmediata”, expresó Guzmán Argueta durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, y la diputada Leticia Ortega Máynez.

Por su parte, el diputado Carlos Olson San Vicente, del PAN, presentó en la diputación permanente del Congreso la iniciativa de Ley de los Derechos de la Persona No Nacida. El legislador afirmó que “el derecho a la vida debe ser garantizado desde la concepción. No podemos dar la espalda a quienes más nos necesitan”.

El proyecto busca garantizar la protección del ser humano en gestación y el bienestar de las mujeres embarazadas. Olson mencionó que, según datos del INEGI, en 2022 se registraron 25,041 muertes fetales en México, lo que, a su juicio, subraya la necesidad de fortalecer la protección tanto para la madre como para el no nacido.

La iniciativa propone acceso gratuito a salud prenatal, parto y postparto, acompañamiento integral durante el embarazo y estímulos económicos en el último trimestre de gestación.

El Grupo Parlamentario de Morena le envió al organismo estatal Pensiones Civiles del Estado un pliego de 11 preguntas en formato “parlamentario”, a las cuales deberá dar respuesta por escrito y en un plazo determinado.

Durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el diputado Pedro Torres Estrada, presentó el pliego de preguntas dirigidas a PCE, y recalcó que ya antes las había formulado como punto de acuerdo, pero la mayoría panista lo votó en contra.

La mayoría de esos cuestionamientos tienen que ver con la calidad de servicio que está dando la institución a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de quienes han surgido quejas por falta prácticamente de todo en sus centros hospitalarios.

Las primeras preguntas tienen relación con la falta de medicamentos y la deuda que tiene PCE con sus proveedores.

¿A qué se debe el desabasto de medicamentos y retraso de estudios y citas médicas de carácter subrogado en Pensiones Civiles del Estado?

¿Cuál es la situación real actual en la que se encuentra el abastecimiento de medicamentos?

¿Cuántos son los proveedores con los que se tienen contratos para abastecer de medicamentos a Pensiones Civiles del Estado?

¿Cuál es la situación real actual de la deuda que se tiene con los proveedores de medicamentos?

¿Cuándo se dará solución a la falta de medicamento y atención médica subrogada?

Según la descripción que hizo el diputado Torres Estrada (Morena), la situación de esa institución es tan precaria, que se han diferido las citas y fechas para realización de estudios clínicos, incluso en los casos donde se trata de enfermedades graves.

Mencionó que desde el pasado 14 de enero, presentó ante el Congreso un exhorto a la titular del Poder Ejecutivo para que, a través del director general de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera González, dieran solución a la problemática en la que Pensiones Civiles del Estado.

En particular, pedía atención a la falta de medicamentos y tiempos prolongados para poder acceder a una cita médica, que es de cuatro meses, según los derechohabientes, con algún especialista. Sin embargo, la mayoría la votó en contra.

“Nosotros, desde la bancada de Morena, hemos sido siempre firmes con avanzar y fortalecer los temas prioritarios como lo son la salud, la vivienda, la educación, entre otros. Es por eso que hacemos las siguientes preguntas al director general de Pensiones Civiles del Estado”, dijo Pérez Estrada.

Las otras preguntas dirigidas al titular de PCE son:

¿A qué se debe la falta de batas en el área de urgencias?

¿Cuánto es el presupuesto que se destina para la compra de medicamentos?

¿Cuánto es el presupuesto destinado y con qué periodicidad se efectúa el pago de medicamentos subrogados?

¿Cuánto es el presupuesto que se destina y con qué periodicidad se efectúa el pago de la deuda a los médicos subrogados?

¿Cuándo fue la última auditoría que se llevó a cabo en esta institución?

Además, pidió que se aclare el reclamo que han hecho maestros del sistema estatal, en el sentido de que PCE tiene una lista de “deudores”, en donde la institución exige el pago de un diferencial del 4 por ciento para jubilarse o pensionarse.

Esa deuda, sin embargo, se debe a la propia institución, pues omitió hacerles el cobro cuando estaban en activo.

Torres Estrada señaló que, a la brevedad que concede la ley, los directivos de Pensiones deberán responder los cuestionamientos hechos desde el Congreso de Chihuahua.

Una encuesta de Rubrum le da la ventaja a Morena por 11 puntos respecto al Partido Acción Nacional si hoy fueran las elecciones de gobernador o gobernadora del estado para el período 2027-2033.

Sin embargo, en una suma de preferencias del PAN con el PRI, la diferencia se reduce de manera sustancial entre ambas fuerzas políticas.

Según el levantamiento de Rubrum, Morena tiene el 39.8% de las intenciones de voto, contra un 28.8% del PAN.

La diferencia entre ambos sería de 11 puntos; sin embargo, el PRI tiene un 8.4% votaría por el PRI, de modo que la suma de las preferencias por el partido tricolor y las del blanco y azul dejarían la contienda en un virtual empate técnico, con 37.2% a su favor, contra el 39.8% de Morena.

En tanto, Movimiento Ciudadano tiene el 4.6% de intenciones y otro 18.4% dijo que aún no decide.

Cabe mencionar que Rubrum no incluyó las opciones por los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), que en la elección pasada superaron el 3% de votación.

La diputada Rosana Díaz Reyes (Morena), acusó a legisladores del Partido Acción Nacional de mentir deliberadamente en torno a la reforma a la Ley del Infonavit para malinformar a la población y evitar que ésta tenga acceso a una vivienda digna.

Luego de que legisladores locales y federales panistas realizaran un plantón frente a las oficinas del Infonavit para expresarse en contra del proyecto legislativo que reformará la operación de dicha institución, Rosana Díaz negó que se trate de un “robo” a los trabajadores, como acusaron los manifestantes.

Por el contrario, dijo, “se van a eliminar de todas las estructuras las redes de corrupción, que lamentable siguen presentes en el Infonavit”.

Una vez aprobada y puesta en vigor, la reforma permitirá que el Infonavit realice auditorías y obligará a que el otorgamiento de los créditos de vivienda sean un ejercicio honrado y transparente, aseguró la morenista.

“Mi llamado este día es a la gente, a las y los trabajadores no permitan que les siembren miedo”, expresó.

Agregó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es humanista, porque pone en el centro de sus políticas públicas a la gente.

“Todos los esfuerzos van encaminados hacia una prosperidad compartida, en donde todas y todos logremos vivir en un estado de bienestar con el goce pleno de nuestros derechos”, concluyó.