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El Gobierno Federal destina a Chihuahua más recursos que los ejercidos en conjunto por todos los municipios del estado, afirmó el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, al responder a las críticas de la oposición sobre presunto abandono federal.

De acuerdo con cifras presentadas en conferencia de prensa, los programas sociales del Gobierno de México representan más de 27 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto total de los municipios asciende a 24 mil 800 millones, una diferencia de más de 3 mil 500 millones de pesos a favor de los apoyos federales que llegan directamente a la población.

En el caso de Ciudad Juárez, explicó que el municipio tiene un presupuesto autorizado de 9 mil 600 millones de pesos, pero los programas federales aplican más de 8 mil millones. En Chihuahua capital, donde el gasto municipal ronda los 7 mil millones, las familias reciben alrededor de 5 mil millones mediante los programas del Bienestar.

En total, dichos apoyos benefician a 850 mil personas en el estado a través de la Secretaría del Bienestar, agregó Estrada.

El legislador morenista cuestionó a los dirigentes y voceros del PRI y del PAN, quienes —dijo— critican los programas sociales del Gobierno Federal pero “no tienen ningún proyecto alternativo ni un gasto social equiparable” al de la actual administración.

También rechazó que el Gobierno Federal tenga “olvidado” a Chihuahua o que no devuelva en obras, servicios y apoyos los recursos que el estado aporta a la recaudación nacional.

Como ejemplo, citó al municipio de Ahumada, que en 2025 ejercerá 92 millones de pesos, mientras que sus habitantes recibirán 82 millones adicionales mediante programas del Bienestar. En Aldama, el presupuesto anual es de 139 millones, pero los apoyos federales directos suman 204 millones.

Finalmente, Estrada Sotelo descalificó a quienes califican los programas sociales como “dádivas”:

“Las cifras demuestran todo lo contrario a una narrativa que solo ofrece la mitad de la información”, concluyó.

Numeralia del gasto y apoyos federales

•⁠ ⁠27,000 millones de pesos → monto total de programas sociales federales en Chihuahua

•⁠ ⁠24,800 millones de pesos → presupuesto conjunto de los 67 municipios del estado

•⁠ ⁠3,500 millones de pesos → diferencia a favor de los recursos federales

•⁠ ⁠850 mil personas → beneficiadas directamente por los programas del Bienestar

•⁠ ⁠9,600 millones de pesos → presupuesto municipal de Juárez

•⁠ ⁠8,000 millones de pesos → monto de apoyos federales aplicados en Juárez

•⁠ ⁠7,000 millones de pesos → presupuesto municipal de Chihuahua capital

•⁠ ⁠5,000 millones de pesos → apoyos federales que reciben familias capitalinas

•⁠ ⁠Ahumada: 92 mdp de presupuesto municipal vs. 82 mdp en apoyos federales

•⁠ ⁠Aldama: 139 mdp de presupuesto municipal vs. 204 mdp en apoyos federales

El senador Mario Vázquez Robles (PAN) presentó su primer informe de actividades legislativas 2025, donde destacó las iniciativas impulsadas en defensa de Chihuahua, muchas de las cuales —afirmó— fueron bloqueadas por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado.

Vázquez informó que, durante su primer año de gestión, presentó 27 iniciativas, de las cuales ocho fueron de carácter personal y 19 en conjunto con su grupo parlamentario, además de siete proposiciones y 42 intervenciones en tribuna, todas enfocadas, dijo, a “levantar la voz por Chihuahua”.

Ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el coordinador parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, el legislador denunció que el país “transita hacia un régimen de corte autoritario”.

Frente a cientos de simpatizantes reunidos en el centro de convenciones ExpoChihua, aseguró que la llamada Cuarta Transformación ha votado en contra o “bajado” diversas iniciativas presentadas en favor de los chihuahuenses.

Entre las propuestas que no prosperaron mencionó una reforma constitucional para defender la soberanía hídrica del estado, que buscaba obligar al Gobierno Federal a considerar las condiciones locales antes de cumplir con el Tratado de 1944 sobre aguas internacionales.

“Morena canceló la sesión que la aprobaría, pero defender a Chihuahua no es una opción, es un deber”, expresó.

También recordó su propuesta para regionalizar la sanidad animal, con el fin de contener la plaga del gusano barrenador, que afecta a la ganadería nacional. Criticó la falta de controles sanitarios en el sur del país y sostuvo que “mientras Estados Unidos protege su frontera, México permitió la entrada de animales infectados”.

En materia de infraestructura, Vázquez cuestionó el deterioro de la red carretera estatal, al advertir que “casi la mitad de las vías están en mal estado”. Dijo haber exigido la inclusión de recursos para su mantenimiento en los presupuestos de 2025 y 2026, sin obtener respuesta.

“Cada kilómetro en mal estado es un obstáculo al desarrollo y una trampa donde se pierden vidas”, subrayó.

En seguridad pública, propuso reformar el sistema de distribución de recursos federales para que lleguen directamente a las policías municipales, sin intermediarios, al considerar que la política de “abrazos, no balazos” ha dejado indefensos a los municipios.

Durante el acto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, reconoció el trabajo de la gobernadora Maru Campos, a quien calificó como “una mujer que ha entregado su vida al partido y al servicio público”. Destacó que, mientras el país enfrenta una profunda crisis en el sector salud, Campos ha blindado la atención médica en Chihuahua con el programa MediChihuahua, modelo que —dijo— debería replicarse a nivel nacional.

Anaya recordó además que la mandataria ha ganado de manera contundente cada una de sus elecciones, y confió en que en 2027 el PAN volverá a triunfar en Chihuahua.

El informe coincidió casi a la misma hora en que el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (Morena), encabezaba una reunión con organizaciones de mujeres en la frontera.

“Servir es cumplir”, concluyó Vázquez, al refrendar su compromiso de seguir defendiendo a Chihuahua desde el Senado. “He votado a favor de los derechos de las mujeres, la salud, la educación y la justicia social, pero también en contra de la centralización del poder y la desaparición de los organismos autónomos. Este trabajo lo hago con la convicción de alguien que no se dobla”, puntualizó.

Juan Manzo, hermano del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, reveló que el presidente municipal fue llevado tres veces al mismo lugar donde finalmente lo mataron, pese a que había intentado retirarse del sitio.

En entrevista con Azucena Uresti, el también subsecretario de Gobierno de Michoacán explicó que su hermano fue convencido por personas cercanas para regresar bajo el argumento de que la gente quería tomarse fotos con él. “Carlos ya se iba, pero lo hicieron volver tres veces al punto donde lo asesinaron”, declaró.

De acuerdo con los testimonios que ha recabado la familia, una persona de su propio equipo habría insistido en que el alcalde volviera al lugar, donde más tarde fue atacado y asesinado.

“Son declaraciones propias de varios de los presentes, que le insistieron hasta en tres ocasiones que regresara a tomarse fotos… alguien cercano a él insistía en regresar al punto donde finalmente sucedió esto terrible, su asesinato”, dijo Juan Manzo.

El funcionario recordó que Carlos Manzo contaba con escoltas de la Policía de Uruapan y con un protocolo de seguridad, pero ese resguardo no impidió que fuera ejecutado a plena luz del día.

Exige investigar a líderes morenistas

Juan Manzo exigió públicamente que las autoridades investiguen a los políticos morenistas Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, a quienes responsabilizó indirectamente de generar un clima adverso y de persecución política en la región.

“Pedimos que se investigue a fondo, caiga quien caiga”, advirtió, al tiempo que solicitó la intervención de instancias federales para garantizar que la indagatoria no se politice.

El hermano del edil sostuvo que no se puede descartar un móvil político en el asesinato, ya que Carlos Manzo había comenzado a posicionarse como aspirante a la gubernatura de Michoacán rumbo a 2027.

“Carlos me había venido señalando que tenía encuestas donde aparecía encabezando la disputa por la gubernatura y tenía adversarios políticos también fuertes”, declaró.

También recordó que el alcalde mantenía una postura firme frente al crimen organizado, lo que lo convirtió en una figura incómoda en Uruapan, una zona marcada por la violencia y la disputa de grupos delictivos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, rechazó la propuesta de retomar la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al advertir que esa estrategia dejó en Ciudad Juárez y en todo Chihuahua una estela de muerte, violencia y criminalidad.

En conferencia de prensa, el líder morenista descalificó la iniciativa presentada por la senadora del PAN, Lilly Téllez, así como las posturas del panismo en contra de la estrategia del Gobierno Federal para combatir a la delincuencia organizada. Afirmó que volver a una política de enfrentamiento armado contra el narcotráfico significaría repetir uno de los periodos más sangrientos y dolorosos que ha vivido el estado desde el inicio de aquella “guerra”.

“Los efectos y los daños colaterales a la población fueron enormes. No es cierto que desatando una guerra fuera de la ley, con ejecuciones y dándole todo el poder a mandos castrenses y policiacos, se abatiera el crimen”, sostuvo Estrada.

“La guerra de Calderón la perdimos los mexicanos, y no nos vengan a decir que la ganamos. La perdimos”, subrayó, al referirse a la demanda de una parte de la oposición de reanudar el combate armado e incluso solicitar ayuda del exterior.

Recordó que, durante los años más duros de esa estrategia, entre 2008 y 2012, los negocios estaban cerrados y las calles vacías. “Los secuestros y extorsiones eran enormes. ¿Eso quieren? No estoy de acuerdo con que regresemos a eso”, reiteró.

El ataque al crimen, dijo, debe realizarse con inteligencia y con la ley en la mano, pues sería grave volver a un esquema bélico que violente derechos fundamentales como la privacidad del domicilio o la libertad de reunión.

Destacó que una declaratoria de “estado de emergencia” implicaría limitar los derechos de las personas.

En contraste, sostuvo que la estrategia aplicada por el actual gobierno federal ha permitido reducir la incidencia delictiva, ahora bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Un “Plan Chihuahua”, como el de Michoacán, solo si lo pide el Gobierno del Estado

Respecto al Plan Michoacán, anunciado por la presidenta Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Estrada Sotelo señaló que corresponde a la autoridad estatal valorar y, en su caso, solicitar un programa de apoyo similar.

Cuestionado sobre por qué no se ha anunciado un “Plan Guachochi” o “Plan Juárez” ante los recientes hechos violentos, respondió que una declaratoria de ese tipo debe surgir del acuerdo entre las autoridades encargadas de la seguridad pública, tanto estatales como federales.

En ese sentido, mencionó que Chihuahua ha enfrentado en las últimas semanas una oleada delictiva que ha cobrado decenas de vidas, como la masacre en Guachochi, los asesinatos ocurridos en Ciudad Juárez y el hallazgo de diez cuerpos en una mina de Santa Eulalia.

“Por todo lo anterior —concluyó— debe haber un acuerdo entre los niveles de gobierno para establecer un plan especial de apoyo a las comunidades afectadas por la violencia”.