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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, podría incurrir en el delito de traición a la patria si se confirma que colabora con agencias del gobierno de Estados Unidos para ejecutar operaciones de detención, deportación o extradición en territorio estatal, afirmó la abogada Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en delincuencia organizada.

Aunque precisó que aún no existe una causa jurídica ni se tiene conocimiento de alguna investigación formal al respecto, la experta añadió que existen elementos para considerar esa posibilidad a la luz de los hechos trascendidos e, incluso, de las propias declaraciones de la mandataria estatal.

La especialista en temas de frontera fue consultada por Norte Digital a raíz de diversas entrevistas publicadas a nivel nacional, en las que la gobernadora chihuahuense habló de la coordinación de su administración con autoridades estadounidenses para capturar objetivos que posteriormente son enviados a ese país.

Correa-Cabrera señaló que colaborar con un gobierno extranjero sin la autorización de las autoridades federales competentes representa una falta grave que, de confirmarse una serie de supuestos, podría derivar en acciones judiciales y sanciones severas.

Explicó que el caso tendría que analizarse bajo una óptica más amplia ante el escenario de una intervención militar del gobierno de Estados Unidos en México, advertencia que ha sido planteada tanto por el presidente Donald Trump como por algunos de sus funcionarios.

En ese sentido, apuntó, la mandataria chihuahuense estaría colaborando con una fuerza extranjera de invasión, una conducta que sí encuadraría en el concepto legal de traición a la patria.

Sin embargo, la también investigadora y profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason se desmarcó de la postura de actores de la 4T, a quienes acusó de utilizar el término “traición a la patria” de una manera más panfletaria que apegada a derecho.

Agregó que políticos de Morena comenzaron a calificar de esa forma a la gobernadora de Chihuahua sin entrar a un análisis serio sobre las implicaciones del término y sin verificar si realmente existen las condiciones para emprender una acción penal por la presunción de dicho delito.

Finalmente, al referirse específicamente a la entrevista que la gobernadora concedió al periodista Joaquín López-Dóriga —donde reconoció la participación de agentes de Estados Unidos en la detención de “generadores de violencia” en territorio chihuahuense—, Correa-Cabrera concluyó que las probables colaboraciones del gobierno estatal con el país vecino ameritan un estudio de fondo, lejos de las posturas puramente discursivas del oficialismo.