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La legisladora morenista, Rosana Díaz Reyes, dijo que el alcalde recién reelecto Marco Bonilla le debe una explicación a los chihuahuenses por las irregularidades presentadas en la adquisición de una residencia con un valor de 17 millones de pesos.

Lo anterior, ante el escándalo suscitado en los últimos días en donde se señala al alcalde de la capital Marco Bonilla por la adquisición de una residencia en una zona privilegiada y de alta plusvalía.

“No podemos dejar pasar estos escándalos y dudas que lastiman al pueblo de Chihuahua, lamentablemente se les olvida a los servidores públicos que la gente está politizada e informada, que estos temas le duelen a un Chihuahua con tantas carencias”, mencionó la morenista.

“Yo considero que el alcalde Bonilla debe explicar la adquisición de ese inmueble, en cuanto a fechas y precios, repito, no podemos hacer como que no sucede nada”, mencionó.

La legisladora dijo que diariamente se habla de la importancia de la transparencia, pero al parecer lo utilizan como un mero discurso político y en la práctica se hacen operaciones en lo oscurito, que deja un descontento en la ciudadanía.

Si todo está en orden que lo aclare, dijo, “el que nada debe nada teme” pero, no es posible que quiera pasar de largo un tema de importancia, la gente debe saber con claridad qué es lo que sucede, finalizó.

El líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió que la reforma al Poder Judicial, aprobada el pasado 11 de septiembre, actualmente presenta errores que deben ser corregidos.

Desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal fue cuestionado sobre la contradicción que existe entre los artículos 94 y 97 de la Constitución mexicana respecto a la forma de elegir a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la reforma al Poder Judicial.

“Esas aparentes contradicciones se van a resolver, obviamente existe”, aseguró Ricardo Monreal Ávila.

El diputado morenista Ricardo Monreal adelantó que la bancada de Morena presentará una nueva iniciativa para resolver las inconsistencias de la reforma al Poder Judicial.

Sobre cuál artículo de la Constitución que determinará cómo se elegirá al ministro que presida la Corte, Monreal dijo: “eso lo vamos a resolver pronto”.

“Con una reforma a la Constitución aclarando eso se va a hacer”, agregó el legislador.

Y es que por un lado, el artículo 94 establece que el presidente de la Suprema Corte será elegido por dos años, y quien obtenga el mayor número de votos en el proceso electoral será su sucesor. 

Mientras que el artículo 97 contradice la disposición al especificar que el periodo del titular de la SCJN será de cuatro años, y que será elegido por el resto de los ministros.

Ante estos errores, Monreal precisó con que actualmente un grupo de trabajo está analizando cómo corregir este asunto.

Sin embargo, no reconoció que quienes elaboraron y analizaron el dictamen se equivocaron con la reforma.

“No (nos equivocamos), son contradicciones que la Constitución a veces previene y el legislador tiene la obligación de estarlos actualizando permanentemente”, sostuvo el diputado Monreal.

El Congreso del Estado solicitó a las fiscalías General de la República y del Estado se coordinen y tomen acciones urgentes para evitar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna).

La diputada Magdalena Rentería Pérez (Morena) afirmó que asegurar la libertad de los niños a una vida libre de violencia, no solo es una obligación moral, sino una necesidad para un país.

Ciudad Juárez, según la organización Ecpat (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking) es el principal lugar de origen de material pornográfico infantil, con un alarmante porcentaje del 60% y a nivel mundial, de acuerdo a notas periodísticas de distintos medios de comunicación, 6 de cada 10 videos de esta índole son realizados en México, afirmó Rentería Pérez.

A lo anterior se suma, los datos de Casa Amiga, que refieren que en los últimos cinco años han atendido 408 casos de abuso infantil en Ciudad Juárez, además de 154 casos de violaciones sexuales, en donde el 43%, detalló, el victimario es un familiar directo, en el 28% es de familia extendida, en el 18% es alguien conocido y solo en el 11% es alguien extraño.

Por otra parte, informó que, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juárez encabeza el número de carpetas abiertas por violencia sexual infantil, primer lugar en cuanto a abuso contra menores, embarazos adolescentes y producción de pornografía. 

Y esta situación no solo abarca a los delincuentes que producen, distribuyen y obtienen un ingreso a causa de esta horrenda práctica, sino también a aquellos que consumen este tipo de material, todo aquel que produzca, distribuya o consuma debe ser severamente castigado por la ley, puntualizó.

EC

La diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, exhortó a la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, para que instruya a la Secretaría de Hacienda en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas  incorporen la plaza de traductor e intérprete indígena a la plantilla de servidores públicos, del proyecto de Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2025.

La legisladora también exhortó a la magistrada presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández Acosta a incrementar el presupuesto destinado a la contratación de personal calificado, para incorporarlo al Centro de Personas Traductoras e Intérpretes de las diversas lenguas originarias.

Durante su exposición de motivos, Palma Ontiveros, recordó que fue el pasado 26 de abril de 2023, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 509, con el cual las instituciones de procuración, y administración de justicia, están obligados a asistir a las personas de los pueblos y comunidades indígenas con traductores o intérpretes certificados, y de esa manera quede garantizado su derecho humano de acceso a la justicia; lo mismo aplica para las personas con discapacidad, de acuerdo a la reforma señalada. 

“De esa manera se evita la asistencia improvisada de personas  que, si bien pueden conocer perfectamente el idioma, desconocen los contextos procesales y los tecnicismos jurídicos del sistema de justicia, desde que la persona indígena tiene que someterse al imperio de la ley a través de las autoridades judiciales o de seguridad pública, hasta que es procesado  y requiere la asistencia de una persona  defensora ante la autoridad”, fueron las palabras de la diputada morenista. 

Detalló que de acuerdo a cifras del Censo Nacional del Sistema Penitenciario del Inegi, al cierre de 2023, 8 mil 175 personas privadas de la libertad en el territorio nacional pertenecían a algún pueblo indígena y de ese total, más del 96.1 por ciento, cuya cantidad asciende a 7 mil 857 personas,  se encuentran presos en cárceles  estatales, los 318 restantes se encuentran en cárceles federales;  y el 7.8 por ciento; esto es, alrededor de 637 internos, pertenecen a los pueblos tarahumara y tepehuán, cuya población mayoritaria radica en Chihuahua. 

Mientras que con datos obtenidos del Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero 2024, el estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar a nivel nacional con 479 personas indígenas que están privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social; y según los datos del Informe temático sobre impunidad y sistema de justicia penal 2024 del Examen Periódico Universal de México, el 62.1 por ciento de  las personas sujetas a procesos judiciales en el país que se autoadscribieron indígenas, y que solicitaron ser atendidos en su derecho de contar con un traductor o intérprete, no recibieron apoyo al ser puestas a disposición del Ministerio Público. 

Edith Palma Ontiveros también enfatizó que transcurrido cerca de un año y medio de las reformas constitucionales y legales que llevaron a la creación del Centro de Traductores e Intérpretes del Estado de Chihuahua, se puede observar que todavía no ha sido posible que las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia en la entidad se sometan cabalmente al imperio de la ley. 

“Pudiéramos estar hablando en datos conservadores, de entre 200 y 300 de ellas a las que no se les garantizó su derecho al debido proceso desde su inicio violentando con ello también el principio de igualdad, y por tanto, el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia”, dijo la legisladora.

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